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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿Es “la calidad” lo que prima en la elección de colegio?

Manuel Menor Currás
3-Abril-2018

Como cuando compramos un “paquete turístico” o un coche, el libre mercado no cubre todas las expectativas. En los pactos educativos tampoco.

No todos pueden elegir y, en la práctica, la “libre elección de centro” apenas alcanza a un tercio de las familias. En algunas comunidades autonómicas -y en determinados barrios de las principales ciudades- esta proporción es bastante mayor. La distribución va, predominantemente, por estratos sociales y a remolque de la equidad que un Estado democrático debe desarrollar para que se cumpla un derecho fundamental de la ciudadanía que, bien desarrollado, genera una mayor cohesión moral y sana convivencia.

Llama la atención que, en tiempo de crisis, a los pocos que pueden elegir se les subvencione mientras al resto se les dice que escolaricen a sus hijos en una escuela pública saturada de problemas y escasa de recursos. Establecida la diferencia, qué sea mejor es independiente de la realidad. Prima el envoltorio, favorecido porque se nos ha preparado para dar más crédito a la individualizada atención de nuestras necesidades. Un juego en que a la enseñanza pública -en general- la última ley orgánica que desarrolla lo preceptuado en el artículo 27 de la Constitución, la LOMCE, se la sitúa como subsidiaria de la privada.

Por dejación de unos y abandono de otros, en los últimos años ha crecido la privatización y los conciertos educativos y, entretanto, las cifras de presupuestos educativos, becas, profesores, ratios por aula, servicios y recortes de diverso e intenso ejercicio están haciendo que la enseñanza pública -la escolar y la universitaria- acuse un gran deterioro. Lo que hace que tenga más valor el esfuerzo que muchos docentes desarrollan a diario en el cuidado a sus estudiantes. Con frecuente dejación de los responsables políticos, procuran la tan necesaria democratización interna de las aulas, que haga beneficiosa para los adolescentes su paso obligatorio por las aulas.

Pese a estos contrastes, en los últimos años -desde que la escolarización empezara a ser un bien para todos hasta los 16 años- el sistema educativo español ha tenido importantes logros. El de la propia escolarización no es el menor, pero no es suficiente si no se dota de valor interno y colectivo a esa universalización de la educación. Es curioso, no obstante, que el lenguaje de “la calidad” y de “la mejora de la calidad” tenga similar recorrido en el tiempo: los trasvases terminológicos del sistema productivo y cultural son evidentes. Pero, si cuando vamos al supermercado tratamos de saber qué metemos en la bolsa de la compra, sería un error dejarnos seducir por el marketing de las supuestas bondades del libre mercado educativo, en que hay todo tipo de artimañas y discutibles prestaciones.

El juego de abalorios

El asunto de la “calidad” también tiene especial relevancia en este momento al permitir distinguir con fundamento, por ejemplo, el valor del supuesto “pacto” por el que ha venido pugnando el Gobierno en este año y medio último. Por lo entrevisto hasta ahora -y al margen de la ausencia de la Subcomisión parlamentaria que han protagonizado el PSOE y PODEMOS en el mes pasado-, la calidad a que aspiran los promotores de este pacto ya ha quedado bastante clara. Sabemos que no quieren tocar cuestiones que afectan a la estructura interna del sistema, tales como la relación entre privada y pública o la importancia de la religión en el currículum escolar, como sabemos -y es primordial- que son escasos los recursos que están dispuestos a poner para que la democratización interna del sistema mejore pedagógicamente o que la formación inicial y permanente del profesorado tenga la consistencia debida, acorde con lo que una modernidad democrática del saber requiere, adaptada a las necesidades actuales. A lo que parece ir esto -si no hay quien lo cambie-, es a que parezca lo que no es. Igual que sucede con muchos másteres -que ni son tales ni lo parecen-, este selectivo pacto puede ser un gran simulacro. En esto, tampoco la libertad de mercado le facilita la decisión confiada del ciudadano: el fraude real será advertido tarde, cuando ya sea imposible remediar la decisión adoptada.

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