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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿Qué pasa con la democracia escolar en la Comunidad de Madrid?

José Luis Pazos Jiménez
12-Mayo-2019

Hace unos pocos días hablaba con una persona que está al frente de una asociación de madres y padres, y me contaba que el director de su centro -un centro público de secundaria- les dijo, durante una reunión del consejo escolar, que seguían estando allí porque él quería. Según este director, la LOMCE había eliminado el derecho de las asociaciones de madres y padres a designar un representante en los consejos escolares y, si seguían pudiendo ir a las reuniones, era porque él quería, pero, eso sí, no tenían derecho a voto porque la LOMCE se lo había quitado.

Es muy fácil demostrar al director del centro dos cosas: que la LOMCE no ha quitado el derecho a designar el representante del consejo escolar a las asociaciones de madres y padres, ni el derecho a voto de estos en las reuniones que se celebren, porque la LOMCE no tocó nada de ello y siguen siendo derechos reconocidos en la LOE y la legislación vigente; y que no se ha leído la LOMCE y, por tanto, que no conoce la legislación que tiene la obligación de cumplir. Y prefiero esta versión del desconocimiento porque, si realmente la conoce, vulnerar la legislación de forma deliberada por parte de un funcionario público para perjudicar a terceros tiene una tipificación legal que pudiera hacer, como mínimo y entre otras cosas, que dejara de ser director.

Este comportamiento no es un caso aislado. Siempre existieron y existirán personas que no hacen bien su trabajo y que tratan de imponer su visión de la vida, aunque ésta choque con el marco legal vigente, pero hay bastantes datos y casos que demuestran que este tipo de comportamientos se han acrecentado y extendido por el territorio de la Comunidad de Madrid. Es obvio que el mensaje nocivo de la LOMCE, intentando eliminar la participación real y efectiva de la comunidad educativa en los consejos escolares al quitarle competencias, ha tenido mucho que ver. Pero el nivel alcanzado en la Comunidad de Madrid de rechazo hacia la participación de los diferentes sectores, en especial de las madres y los padres y, sobre todo, de sus asociaciones, se puede difícilmente encontrar en términos similares en otras comunidades autónomas. Los varios lustros de trabajo sistemático en ese sentido desde el Gobierno autonómico y su Consejería de Educación lo explican sobradamente. Su defensa de una autoridad mal entendida, que muchos ya dijimos en su momento que solo serviría para dar patente de corso a determinados comportamientos antidemocráticos, también ha tenido mucha influencia en la situación actual. Y, que no se nos olvide, también los nombramientos a dedo de las direcciones en muchos centros educativos madrileños, realizados por un Gobierno que buscaba al frente de estos a personas afines a sus políticas.

Esta forma de actuar explica también otras cosas, como que la Consejería se haya reservado el poder vetar el derecho de reunión cuando presupone que en un centro educativo se va a dar una charla sobre algún asunto donde se pudiera expresar, siquiera de pasada, alguna crítica a la política que practica. Ha pretendido convertir a las direcciones de los centros educativos en comisarios políticos y censores de lo que se puede o no decir por la ciudadanía, intentando con ello coartar la libertad. Es evidente que la primera libertad que ha quedado vetada ha sido la de estas direcciones, obligadas a seguir unas directrices ideológicas, legalmente muy cuestionables, contra las que se hace muy difícil luchar también por parte de quienes no las comparten -la mayoría de los equipos directivos y docentes-, porque trabajan diariamente en inculcar valores democráticos a su alumnado.

Otro ejemplo que es sintomático de lo que está pasando. La supuesta gratuidad de los libros de texto -que no es tal porque nunca se ha tenido la intención de garantizarla por el Gobierno actual del Partido Popular en la Comunidad de Madrid-, se tiene que gestionar por una comisión específica y obligatoria del consejo escolar, que está regulada en cuanto a su composición y competencias. En dicha comisión tiene que haber una persona nombrada por la asociación de madres y padres del centro. Es lógico, siendo un derecho que se le reconoce al alumnado y sus familias, que la garantía de este derecho cuente con la participación real y efectiva de sus legítimos representantes. Sin embargo, existen centros educativos que aún no han puesto en marcha una comisión que es obligatoria por la norma vigente, o que, habiéndola constituido para no vulnerarla, no la reúnen y trabajan como si no existiera, que es otra manera de vulnerarla aunque sea mas sibilina. La razón es que, según las palabras de estas personas que ocupan el cargo de dirección en estos centros, ya se encargan ellos y las asociaciones no hacen falta para nada. Todo para las familias -teóricamente-, pero sin las familias.

No me sorprenden estos comportamientos, no son nuevos, pero sí más frecuentes cada vez. Y esto es tan cierto como que el nuevo Gobierno que surja de las próximas elecciones autonómicas tendrá que hacer un trabajo específico muy importante en el terreno de la participación en los centros educativos. Tendrá que ponerse manos a la obra, desde el minuto uno de su mandato, para recuperar una democracia escolar absolutamente deteriorada por la acción política de unos gobernantes del Partido Popular que han trabajado mucho para desmontarla paso a paso. Y lo tienen que hacer no solo para devolver el papel a la comunidad educativa que se ha intentado laminar todo lo posible, así como una autonomía real a los docentes en su trabajo diario, sino porque, sobretodo, no se puede educar en la democracia al alumnado si los comportamientos de quienes les rodean no lo son.

Si el alumnado vive y se educa en centros donde se imponen las dictaduras de las direcciones afines al gobierno de turno, aprenderán que la dictadura de quien ostenta el poder es algo aceptable y habitual que puede presidir el comportamiento de las instituciones públicas. Tocar las teclas adecuadas, trabajando con el consenso de toda la comunidad educativa, puede no ser fácil, pero es posible porque estas teclas existen y, además, es imprescindible tocarlas. La mayoría de la comunidad educativa, incluidas la mayoría de las direcciones y de los docentes, lo está esperando. Si no se pudiera llegar a hacer, luego, cuando la sociedad aumente su viraje hacia posiciones más intolerantes, más fascistas -por ejemplo al expresar su voto en unas elecciones-, que nadie se sorprenda de que aumente el voto a formaciones políticas cuyos discursos y actuaciones vayan en esa línea. En la vida, habitualmente, se recoge lo que se siembra. Y llevan demasiados años sembrando hacia ese lado.

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