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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

En el inicio del curso 2014-2015 hay un inusitado regusto por el ahorro escolar

Manuel Menor Currás
9-Septiembre-2014

El comienzo del curso académico de este año, con el acento puesto en las cuantías de inversión educativa, está sirviendo ya para una marcada toma de posición ante lo que se aventura un año más complicado de lo deseable en educación.

Al Gobierno, seguramente le vendría bien un pacto con los agentes sociales en éste y otros terrenos, por limitado que fuera, para afrontarlo con más galanura, y probablemente lo está intentando después de tres años muy conflictivos: las elecciones municipales y autonómicas están al caer. De momento, sólo puede poner de su parte tibios apoyos, caracterizados por una ambigüedad vergonzante: no es fácil quedarse prácticamente solos en un territorio en que la justa racionalidad distributiva del conocimiento está en juego, y en un momento de escasez como éste en que los más agraviados podrían revelarse. En esa balanza poco más tienen que los guiones periódicos de la OCDE, siempre alertando de que las reformas emprendidas son cruciales para “reforzar el incipiente crecimiento”: ayer mismo preconizaban la subida del IVA y, entre otras muchas pautas, un impulso a la innovación y a las universidades que pasará por una selección mucho mayor de proyectos y una vinculación creciente con la rentabilidad de los mismos (Ver: http://economia.elpais.com/economia/2014/09/08/actualidad/1410167739_909624.html), lo que sin duda servirá de inspiración al equipo Wert-Gomendio para que nadie les distraiga del afán reformador que les distingue.

Para despistar, y como complemento de lo que viene siendo la búsqueda de cómplices desde hace meses, las escaramuzas de estos días en que se inicia el curso se están librando, ante todo, no propiamente en torno a la entrada en vigor de la LOMCE –un campo minado–, sino en la trinchera de la economía de la educación. Ha sido suficiente con que el nuevo líder del PSOE sugiriera la subida del presupuesto educativo hasta un 7% del PIB en el transcurso de dos legislaturas –a ocho años vista–, para que salieran a escena presuntos expertos, dispuestos a iluminar las erráticas mentes de quienes pudieran adherirse inocentemente a tal artimaña socialdemócrata. Ya nos lo venían diciendo estos años últimos los prestigiosos fautores de esta séptima ley educadora, siempre desde la lejanía de algún aliñado debate y nunca en diálogo leal con los ciudadanos. Y ahora cogen el relevo variados mensajeros de la buena nueva, como si mentar el dinero en educación fuese asunto de pedigüeños maleducados. Bien saben ellos que estamos en el camino correcto al bajar cada vez más nuestra inversión en este campo –aunque nunca hayamos llegado a la media de los países de nuestro entorno europeo–, y que nos van a dar la medalla olímpica en este juego, pues este año –como ya le indicó el Gobieno al ECOFIN– rebajaremos todavía un poco más el presupuesto, hasta más abajo del 4%. Sabido es –nos recuerdan– que no por invertir más hay mejor educación y que hay muchos chicos y chicas que no se esfuerzan suficiente para merecerla.  Nada nos dicen, en cambio, de que éste de la educación pública sea un servicio y un bien que debe prestar el Estado a todos sus ciudadanos, no sólo a algunos selectos; ni mentan –en paralelo– la vergüenza de que haya todavía 730.000 analfabetos absolutos –además de los millones de funcionales. Al parecer, nada cuenta que gran parte se vea implicada en la atroz espiral de que los más afectados por los recortes generales de estos años pasados –también los de educación–  son los hogares de la gente humilde, un asunto sobre el  que la propia OCDE ha puesto la alerta porque está creciendo en exceso la distancia entre ricos y pobres: aquellos son cada vez menos y más ricos, mientras el paro sigue en cifras impresentables, y los riesgos de fractura social aumentan exponencialmente. Al lado de esto, que haya unos euros más o menos en educación debe parecerles un lujo: las grandes cifras les brindan la ambigua ocasión de reiterarnos por tierra, mar y aire, lo firme que va la recuperación, y no les hace falta explicarnos para quién. Como nada de esto nos dicen –tal vez por que sería “populista”–, ni prestan atención a la inversa proporción del presupuesto que toca a las escuelas, institutos y universidades públicas, respecto a las de tipo concertado o más estrictamente privado. Mejor se quedan en el simplismo genérico de que la buena educación no es cuestión de dinero, sin mentarnos por qué las ayudas y subvenciones a este otro sector del sistema educativo español han subido respecto al PIB en la misma proporción que le fue bajada a la pública (Ver: www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:679444--La_inversion_publica_cae_en_picado). Es probable que alguno de estos expertos entienda la pobreza –de los demás– como algo de gran valor espiritual, por lo que es mejor que no tengan medios para desarrollarse como personas libres, un pecado gravísimo. Hay esotéricos de toda índole, pero ¿por qué imponen a otros este hábito tan monástico?  ¿Es mejor volver a “la caridad incierta de personas privadas” que ya denunciara Hobbes para atender las carencias que deja en el aire la libre concurrencia? ¿Con qué cara pueden sostener que el aumento del presupuesto educativo no tiene una proporcional mejora de resultados? En todo caso, con esta teoría del ahorro inversor –de “costes”, dicen– no se entiende bien por qué con siete mil millones menos “por la crisis” –más alumnos que antes , más alumnos por clase, menos profesores y menos recursos–, la enseñanza pública tiene que ser mejor que nunca y más excelente. Y por otro lado, como comentaban en El País el pasado dos de junio, si somos el segundo país de Europa con más alumnos de enseñanza privada, ¿por qué no se echa la culpa de la mala educación a la enseñanza privada?”: España figura a la cabeza de Europa en privatización de la escuela.

Es la misma excusa del cuento de La camisa del hombre feliz: el que tenía camisa no era feliz y el que no la tenía sí lo era. Probablemente nos quieren tanto que no nos enteramos: ya se preocupan ellos de que todo vaya bien y nos liberan de tan insana preocupación. Pese a lo cual, seguimos sin entender de qué se habla con esta argucia de las prescindibles inversiones en educación y del consiguiente ahorro en conocimiento. ¿Alguien recuerda ya que, en la medida que hubo algo de dinero para programas de recuperación, apoyo individualizado, tutorías y diversidad –los programas para los más necesitados de educación–, disminuyó el fracaso escolar? ¿Era malo? ¿Han sopesado que uno de los mejores logros de la transición democrática hasta hoy ha sido la socialización y universalización de la enseñanza, incluido el acceso a una universidad no elitista? Y en este mismo orden de cosas, ¿es que la disminución de la investigación, de la educación y de la lectura, es ahora el camino para aumentar nuestra solvencia y soberanía como país? Por mucha satisfacción de la opinión pública que tuviera este planteamiento,  ¿se puede sostener sin rubor en este momento que es más barata –y más eficiente, claro– la ramplona ignorancia y que, si los más afectados son los más pobres, mejor? ¿Es con el recurso a los empleos mal cualificados y subempleos de peor remuneración como vamos a salir de esta crisis? Pues no crean que son escasos los devotos de esta cofradía. Pasen revista a las 225 medidas que, procedentes de unas y otras Comunidades, han pensado los más sabios para ahorrar ahora mismo, en este curso, costes prescindibles  (Ver: http://politica.elpais.com/politica/2014/07/21/actualidad/1405969218_920514.html). Esta iniciativa, en plan “tormenta de ideas”, no ha sido promovida por el ecologismo –que también tiene una guía cuantitativamente similar en la Red– sino por Hacienda: en el ámbito educativo verán que afectan, entre otras cosas, al incremento de la ratio de profesores por alumno en un 10%, al cese de docentes interinos durante el periodo no lectivo de verano, al ajuste en las partidas de becas para comedor y libros, disminución de ayudas para el mantenimiento de escuelas infantiles, etc.

Pronto sabremos si, a lo largo de este curso académico, prosigue la marcha descendente del PIB educativo y si se da más cancha a este conjunto de medidas de ahorro discriminatorias que, para aliviar el déficit, están siendo sopesadas desde Hacienda con el consentimiento de Educación y Cultura. Este entusiasmo sólo se les frenará un poco si intuyen que, con las elecciones cruzando el meridiano del año, puede crecer la desorientación de los electores hacia donde no deben, indignados por enterarse de que se les siguieran disminuyendo a sus hijos derechos sustantivos. Pensando bien, puede que todo el mundo sea bueno y maravilloso y que la política económica de la educación deba seguir su beatífico cauce natural sin ponerle ninguna tacha, pero ¿qué se apuestan a que crecen de aquí a mayo los entusiastas mensajeros de la buena nueva del ahorro en los asuntos educativos que afectan a todos? ¿Se acordará alguien, en todo caso, de que es una manera muy eficiente de volver al siglo XIX por la vía rápida?

Porque no es nada nuevo ese evangelio redentor. No hace falta mucha paciencia para descubrir en la legislación de ese siglo –y en la de la primera mitad del pasado–, reglas “educadoras” similares. No teníamos en España ni sueldos base, ni horarios laborales, ni seguros sociales, y a la escuela iban muy pocos, pero ya desde 1880 se inculcaba por ley a los niños más pobres –los otros no son mencionados– la necesaria virtud del ahorro. Hasta la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas se interesó por este procedimiento didáctico y, de 1871 a 1881, convocó varios concursos públicos de libros en que se difundiera la idea de lo benéfico del ahorro para “mejorar las condiciones del obrero” y, de paso, refutar las propuestas sociales marxistas (Ver: MENÉNDEZ DE LA POLA, José, Breve refutación de los principios económicos de la Internacional, Madrid, 1874). El procedimiento didáctico venía de Bélgica, del Dr. Laurent, y en España dio lugar a la sanitaria estrategia del “ahorro escolar”, para propagar mejor la difusión de una moral precavida y aburguesada –incontaminada del vicio y despilfarro que tanto se le achacaba a la gente trabajadora–, haciéndole ver la utilidad de las Cajas de Ahorros. Don Braulio Antón Ramírez fue el principal adalid de esta pedagogía social tan pragmática en las escuelas. Puede seguirse bien, sin embargo, su decreciente entusiasmo, en la cuenta y razón que tuvo que dio de su gestión al frente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, en las obligadas memorias anuales de los años 1874 y 1891, y también en los libros que publicó sobre “lo benéfico” que era este ahorro: hasta que se dio cuenta de las dificultades estructurales que asolaban los hogares de aquellos niños. Para una primera aproximación a este asunto, puede irse al Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza, que D. Mariano Carderera escribió en 1854. Y se puede mirar, asimismo, el estatuto fundacional del INP (Instituto Nacional de Previsión), en 1908, en que se podrá comprobar que su primordial función inicial fue pedagógica: enseñar a ahorrar y ser previsor, para tener en la ancianidad una jubilación o “retiro” que evitara tener que mendigar (Art. 1, Ley de 27/02/1908 y R.D. de 07/08/1911 y R.D. de 20/09/1919). De ahí la cantidad de iniciativas “pedagógicas” que, desde esa institución –matriz lejana de la Seguridad Social–, se hicieron para continuar la labor educativa de las escuelas en pro del ahorro durante muchos años del siglo pasado (Ver: Genealogía de un sueño burgués: el “benéfico” ahorro de los asalariados, Madrid, Endymion, 2008, pgs. 473-516), entre los que destaca como paradigmático el libro escolar de Don Ezequiel Solana: Vida y Fortuna o El Arte de Bien Vivir.

Las cartillas infantiles de ahorro prosiguieron aquella breve tradición. Sucede que, entonces y ahora, quienes se veían o ven conminados al ahorro y quienes lo predicaban o predican, poco tuvieran y tienen que ver entre sí. Sobre todo, porque éstos últimos no lo necesitaban ni necesitan: ni estaban ni están conminados por las circunstancias y las crisis diversas a realizar tan restrictiva prescripción vital. El Estado –entonces– era gestionado como una finca particular de unos pocos y todavía parece haber quienes desearían que siguiera siéndolo. Por eso, el constructo del ahorro –parejo al del esfuerzo, tan en boga– se acaba revelando siempre como un discurso ideológico que, en la medida que crece, sólo sirve para justificar que la “igualdad de oportunidades” –no la “envidia igualitaria”, que traducen algunos– se está quedando en papel mojado, mientras el pacto del Estado de Bienestar se ve reducido progresivamente a la nada.  Alguna otra vez he recordado que el perspicaz novelista Palacio Valdés dejó escrita una escena muy expresiva de esta desigual situación constituyente de partida que, con leves modificaciones ambientales, valdría para ahora mismo. El protagonista de La Espuma (1890), dueño de unas minas, lleva a unas amigas a ver la explotación; la más sensible se da cuenta de las desgracias que afligen a aquellos asalariados y se queja mientras el amo achaca la deplorable situación a que no ahorran: -“En Riosa –dice–  se desconoce por completo el ahorro…¡el ahorro!, sin el cual no es posible el bienestar ni la prosperidad de un país”. Pero la explicación no impidió que la impaciente invitada se atreviera a replicarle: -“Pero ¿cómo quiere usted que ahorren con una o dos pesetas de jornal?” (PALACIO VALDÉS, Armando, La Espuma, Madrid, Fax, 1947, pg. 245).

Quienes justifican el ahorro en educación –conociendo las condiciones de cómo se está siendo recortada en España–, en vez de emplearse en epatar a posibles lectores de sus opiniones nada singulares debieran leer a Oscar Wilde, quien, seguramente no leyó al escritor asturiano, pero también dejó escrito que “recomendar el ahorro al pobre es tan grotesco como ofensivo. Es como aconsejar al que se está muriendo de hambre que coma menos” (El alma del hombre…, 1891).

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