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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Todo apunta a que también en la Universidad crecerán los problemas.

Manuel Menor Currás
15-Julio-2014

La OCDE no cesa de indicarnos el camino a seguir en políticas educativas. El verano transcurre rápidamente y el anuncio de recortes continúa, dentro de la ortodoxia de inseguridad social.

Para que no nos olvidemos de lo que hay que hacer, por más que hubiera entrado el verano la OCDE no ha dejado de alertarnos estos últimos días de dos asuntos importantes para el sistema educativo que desea ver implantado en nuestro país. Por un lado,  dejaba constancia, a través de la Fundación Conocimiento y Desarrollo del bajo nivel de nuestros estudiantes universitarios. (http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2013/Cap0_ICYD2013.pdf). Por otro, añadía unos días después  que, en lo que a emprendimiento se refiere y asuntos tan concretos como la lectura de facturas, tarjetas y gastos, nuestros adolescentes dejaban mucho que desear: uno de cada seis estaba muy pez en estas rutinas (Ver: http://www.noticiasdenavarra.com, 10/07/2014: sociedad). Es decir, que eran bastante analfabetos para las exigencias de la vida diaria.

Acerca de la Universidad,  la OCDE manifestaba a través de su secretario, Ángel Gurría, que los alumnos de Secundaria japoneses tenían el mismo nivel de un licenciado español. Algunos medios añadían que, no sólo la formación universitaria española distaba mucho de alcanzar la de otros países, sino que, de los 220.000 estudiantes que cada año se graduaban en España, pocos lograban cumplir sus expectativas laborales. Tan sólo uno de cada tres –según la Fundación CYD  (Ver: http://www.elmundo.es/espana/2014/07/07/53ba94f4e2704ec1118b457a.html)- estaba trabajando en algo acorde con sus estudios. Poco más hizo cada medio al traducir al público este informe salvo destacar algún otro dato de interés complementario, como el del diferencial que, en España, existe a la hora de encontrar empleo: el paro entre los titulados universitarios afectaría a un 15,77%, mientras que entre quienes fracasan con la ESO sobrepasaría el 43%. Una vez más conviene no olvidar, a la hora de leer tales datos, el punto de vista de quien hace la investigación, para qué y para quién. Y asimismo también conviene no perder de vista tampoco el papel de los medios de comunicación, sometido igualmente a intereses y oportunismos particulares. Reconozcamos que no es fácil ni seguramente posible la “neutralidad”, pero que en situaciones de este tipo es donde se define de qué lado se juega.

El criterio de la empleabilidad de los estudios universitarios fue, en todo caso, el más destacado por los medios, entre las múltiples cuestiones que pudieron haber deducido del amplio informe de 113 páginas. Se entiende mejor si se advierte la composición de los patronos de la Fundación que ha patrocinado este estudio, los grandes del IBEX-35, comandados por la familia Botín (Ver: páginas iniciales del CYD). Mejor se entiende así, igualmente, que el ministro Wert enseguida aprovechara la ocasión para hablar de la “insostenibilidad” del sistema mientras soslayaba la disminución de medios, personal y recursos que, en estos años últimos ha ido convirtiéndose en marca de su gestión al frente de la educación española.  Había que hablar de rentabilidad económica y para ello hacía referencia a los costes, con la actual dificultad de asumirlos. Insistir en la baja empleabilidad era acentuar una de las debilidades de nuestra Universidad ahondando en sus problemas y facilitar de paso sus servidumbres a los propios patrocinadores del estudio. En ese contexto, lo extraño sería mentar muchas contribuciones de la Universidad española a la sociedad, especialmente desde la Transición o que, en España –como ya mostraban diversas encuestas del INJUVE en los ochenta- más del 50% de los primeros empleos tenían que ver con relaciones familiares más que con estudios realizados. Es curioso que, sólo de pasada, se mencionara la menor incidencia en el paro de estos licenciados, o que nada se dijera de que,  si la gente ha querido que sus hijos fueran a la Universidad, tenían en la cabeza  múltiples razones,  de prestigio social entre otras cosas, por la dificultosa historia de la formación profesional. De la contribución que los estudiantes universitarios han hecho a los cambios modernizadores de España, tampoco nada se dijo, ni menos se mencionó la escasa necesidad de nuestro sistema productivo de profesionales bien preparados. Asunto contradictorio. Pero cargar exclusivamente contra la Universidad, como si de un despilfarro estructural se tratara, también venía a  ignorar los grandes beneficios que ha traído la relativa facilidad de acceso que han tenido hasta ahora sus estudios. Ha dejado en entredicho la difícil “sociedad del conocimiento” de que tanto alardean en otras ocasiones. Fustiga, como una gran trola, aquello tan socorrido de que las últimas generaciones son “las mejor preparadas” de nuestra historia y olvida intencionadamente que una de nuestras mejores contribuciones actuales al mundo es la gran aportación de jóvenes de esta generación para la que no tenemos trabajo. Y, sobre todo, parece consolidar la idea de que, en esta España de ahora mismo –contra lo que ha sido el criterio de muchísimas familias, que se sacrificaron para que sus hijos se metieran en estudios de este nivel y gran expectativa de ascenso social– sólo cabe que la inmensa mayoría de la población se mantenga en un nivel de baja cualificación, con bajos salarios, precariedad y desasistencia jurídica: la pretendida igualdad del pacto constitucional se reduce a palabrería vacua.

Antes de empezar esta legislatura, los actuales gobernantes clamaban por que con ellos vendría la confianza. Ahora, después de haber contribuido como nadie a desmantelar el sistema educativo y otros que integraban la protección social de los ciudadanos, hablan de “regeneracionismo”, “transparencia” y otro gran conjunto de elementos que integrarían una situación en que todo va bien y camino de estar mejor.  Creen que con las grandes cifras –a cuenta de una brecha social creciente y una pésima situación laboral– pueden sostener la esperanza. Incluso con el marketing que pretende algún viso de modernidad en torno al sobado “emprendimiento” desde la escuela, olvidan que es fórmula vieja, reiterativa de ensueños agostados nada más empezar. En 1880, ya se sugirió como muy pedagógico –para las clases desfavorecidas, no para las otras– la enseñanza teórica y práctica del ahorro en la escuela primaria. Más tarde se insistió sobre ello repetidas veces e, incluso en 1945, se llegaría a imponer como obligatoria esta disposición. La legislación social y las prestaciones del estado de bienestar estaban absolutamente en mantillas, pero en la retórica de la época era la panacea de los problemas que generaba la pobreza. Uno de los más fervorosos defensores fue Braulio Antón Ramírez, quien emplearía, desde el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, todos sus recursos dialécticos y políticos para dar consistencia al “ahorro escolar” en España; la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas le dedicó al menos cuatro concursos públicos a la educación por el ahorro entre 1871 y 1881; y Rufino Blanco le abrió una entrada a la cuestión en su Bibliografía pedagógica (“Ahorro escolar”, Madrid, 1907-1910). El propio Antón Ramírez, importador del invento de Laurent en Bélgica, se desinflaría pronto de su fervor hacia este instrumento educativo, publicitariamente relevante para las Cajas en su primera etapa de desarrollo, pero ineficaz para suprimir la “falta de economía” de los excluidos. La causa principal de su miseria no era cuestión de caridad y beneficencia, ni de mayor o menor esfuerzo por parte de quienes apenas tenían para comer, según propugnaba el más clásico economicismo liberal del momento, sino que –como aseguraría el propio Cánovas del Castillo, después de que Bismarck proclamara en la Alemania unificada de 1881 un Estado de “seguridad social” – era preciso cambiar la política económica, es decir, crear un entramado protector para los trabajadores “que los amparara de todas aquellas eventualidades de que no pueden defenderse  con el salario  ni  el ahorro personal” (Ver: Genealogía de un sueño burgués. El “benéfico” ahorro de los asalariados [1834-1919], Endymion, 2008).

No parece que la historia sea el fuerte de los responsables actuales de los asuntos educativos. Desde el gobierno parecen tertulianos a los que la educación de nuestros hijos les trae al pairo, pero que no se arredran en su afán adanista. Tampoco les importan mucho los cálculos económicos que implican sus  queridas aventuras reformadoras ex novo. Si de cada cinco euros gastados en educación el gobierno sólo gasta 80 céntimos –como decía hace unos días el consejero canario–, ni así le salen las cuentas. De tener fe en lo que decía Alfa y Omega el pasado día diez, lo del Estatuto Docente –que tantas expectativas había suscitado– no va adelante porque “es, sobre todo, más dinero, y el Gobierno no puede dar ni un céntimo más, teniendo en cuenta que el presupuesto de la LOMCE se ha disparado”. Quedaría como herencia para el sucesor de Wert. Añádase, en todo caso, que, a día de hoy, en los presupuestos del año próximo han de rebajarse otros 500 millones de euros, que recaerán principalmente, una vez más, en prestaciones sociales como las de educación. Dejarán todo por los suelos y a su propia conveniencia de clase selecta al servicio de los ricos de verdad. ¡Ojo! no son cosas de la canícula. Algo así cabe entender de la respuesta que el mismísimo Wert tuvo a bien dar a la interpelación que, en sede parlamentaria, le había hecho el portavoz del PSOE en el Congreso, Mario Bedera: si no quieren apoyar a la LOMCE, “no molesten” (ver: http://www.abc.es/sociedad/20140709/rc-wert-reconoce-reduccion-profesorado-201407091812.html).

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