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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿Republicanismo cívico o monarquía democrática, claves de una mejor educación?

Manuel Menor Currás
7-Junio-2014

El “compromiso constitucional” ha sido definitorio estos días para la cuestión monárquica. No lo está siendo, sin embargo, en lo concerniente a mejorar servicios esenciales democráticos como la educación.

Estos días son especialmente interesantes para los historiadores y genealogistas. Pueden ayudar a clarificar, por ejemplo, cuándo haya terminado la Transición, si el 23-F, como recuerdan algunos –después de la intervención de Juan Carlos I en TVE a la una y cuarto de la madrugada del siguiente día–, o si, como quieren otros, está terminando justo ahora, cuando sucede al Rey su hijo como Felipe VI. Ligada a esta disyuntiva, hay otra no menor, que Francisco Umbral aventuraba en su columna de aquel día 24 –en la edición especial de El País de la una de la madrugada (la 7ª)–, “Continuismo”, aspecto de gran relevancia en la construcción narrativa de lo que está pasando: “Como aquí somos tan niceanos (de Nicea, no de Niza), ya estamos otra vez con la controversia de cuántos ángeles continuistas pueden amogollonarse en la punta de un alfiler… O sea, que si esto que viene es continuidad o continuismo. Yo creo –añadía Umbral– que es lo de toda la vida, desde Don Pelayo”.

Nada es igual, de todos modos. Decir que a la gente le da lo mismo, que es indiferente la forma de gobierno, a estas alturas es como decir que es idéntico ser hombre o mujer en Pakistán o en la península arábiga. Pudo verse en las principales plazas de España el pasado día dos en torno a las 20,30 h., con una muy extendida floración festiva de banderas tricolores. A nadie le extrañó tampoco que, casi de inmediato, la inclinación de principales grupos de izquierda en este momento –IU, Podemos, Equo o CCOO– se mostrara claramente republicana. Independientemente de lo que las encuestas del CIS han venido mostrando en torno a la variable simpatía de la gente hacia la monarquía –dependiente en gran medida del nivel de estudios de los encuestados–, tampoco dejaron demasiada duda las espontáneas reclamaciones de muchos afiliados del PSOE. El diputado de Baleares, Guillem García, proclamaba que, con independencia del valor de la gestión de Don Juan Carlos, “la monarquía junto con el Concordato son una herencia de Franco” (Ver: www.publico.es/política/524835, del día 03/06/2014). Y otros destacados militantes de este partido enseguida llamaron la atención sobre su “tradición cultural y política republicana” y, para recordarlo, hicieron circular un pdf con el discurso de Luis Gómez Llorente el 11 de mayo de 1978, en representación de su Grupo Parlamentario, para mantener su voto particular al párrafo 3º del artículo 1º del anteproyecto de la Constitución actual, en que defendía la República como forma de Gobierno (Puede verse íntegro en: http://www.escoladeferrado.es/wp-content/uploads/2014/06/19780511).

Nadie ha podido evitar otras miradas. Nos han insistido en que el nuevo rey es un príncipe muy bien preparado y siempre respetuoso con la Constitución. Han contrapuesto –de manera extrañamente nerviosa, favorecedora del miedo útil–  esta monarquía constitucional como matriz de esta democracia, con la perspectiva de una República como posible foco perverso de inestabilidades y problemas diversos. Pero nadie ha podido acallar que muchos se cuestionen la larga continuidad de lo mismo, sin que se haya contado con ellos. Fernando Ramos, en consecuencia, se preguntaba en este mismo periódico el pasado día dos: “¿Por qué muchos españoles reclaman el referéndum sobre la forma de Jefatura del Estado?” (http://www.mundiario.com/articulo/opinion/20140602180841018910.html). La fuerza con que ha saltado esta cuestión es un indicador relevante de que, no sólo en el PSOE, sino también entre muchos votantes del PP, hay un núcleo suficientemente importante de ciudadanos a los que el sistema de gobierno republicano les parece más democrático, más transparente y más cercano –al menos en teoría– a las necesidades de este momento. Seguramente por ello, en este contexto divergente, dos de las actuaciones políticas de estos días están resultando artificiosamente impostadas. La primera corresponde al “compromiso” oficial del PSOE con esta “Constitución y sus previsiones”, lo que asegura en el Parlamento actual una disciplinada mayoría para que se cumpla la secuencia sucesoria. Ni con el deseo de “mejor futuro para nuestro país en los años que ahora iniciamos”, cabe presagiar que vaya a crecer su órbita de posibles simpatizantes: aunque Rajoy haya calificado esta decisión como “seria” y “responsable” (http://www.elmundo.es/espana/2014/06/04/538f379e268e3eb15a8b4581.html),  es posible que les cueste no pocas disidencias. La segunda la marca el pesado arrullo mediático que ha caído sobre los ciudadanos con esta secuencia, no sólo en el plano cuantitativo sino también en el cualitativo del relato. Lo que ahora nos dicen y reiteran –como si tan sólo fuéramos mudos y ciegos espectadores–  es uno de tantos modos interesados como se puede contar lo sucedido en España desde 1975 –y desde los celtíberos–, y carga las tintas excesivamente sobre las atribuciones de una institución que –en puridad literal– no tiene poder ejecutivo en esta inmóvil Constitución. No hace ningún favor a la monarquía –sino todo lo contrario– ese empeño en responsabilizarla de las mil bondades que hayamos podido tener en estos últimos años. Oculta maldades acaecidas en la cómplice opacidad de ese  mismo tiempo y suscita demasiadas preguntas cuando se sostiene en confundir el propter quem con el post quem –y viceversa–, en no distinguir una  “democracia” de un “régimen” y en una presunta fragilidad condescendiente de todas las memorias.

De momento, parece que el actual bipartidismo dominante ansía que vivamos bajo una “monarquía que apoya la democracia” o –como ha mixtificado algo más Rodríguez Zapatero–, en un “republicanismo cívico” (www.huffingtonpost.es, del 03/06/2014). Sea o no sea una mayoría monárquica la que puebla la actual mentalidad política de los ciudadanos –Rajoy dice a ojo que lo es, a contracorriente de otros observadores–, la situación es muy provisional y, si algo está claro, es que el próximo Felipe VI tendrá que validar cada día sus facultades representativas, independientemente de que cortesanos arribistas y serviles de última generación le empalaguen con ventajas de tenerle al frente del Estado. Esta misma Constitución que le ampara sin referéndum –y que sólo en una interpretación onto-teo-lingüística admite una correspondencia estructural entre lo que decía en 1978 y lo que sucede en 2014–, tiene suficientes ingredientes que, en el atento sentir de muchos ciudadanos, servirán de modelo para falsar el nivel de competencia y compromiso regio. Más allá de algunos gestos de aparente preocupación –colocados para lucir el palmito ante las cámaras, al viejo estilo cortesano de la beneficencia–, testarán de qué lado se inclina el ejercicio de la autoridad moral que le corresponde como rey democrático. Si quiere ganarse al republicanismo creciente –especialmente entre la gente menor de 24 años–, tendrá ocasión de empezar desde el primer día. Le será imprescindible bajarse del aislamiento palaciego, escuchar la calle y dar audiencia a las demandas de tanta gente como, en los últimos años –mientras le estábamos preparando tan bien– no ha tenido más remedio que gritar y protestar contra lo que entendían que conculcaba y recortaba sus derechos cívicos. En asuntos como la vivienda, la justicia, la libertad de expresión, la sanidad o la educación, tendrá muchas oportunidades de ejercer su poder arbitral –la auctoritas, que no la potestas– en pro de la justicia distributiva que debe regir en un Estado social de derecho como norma.

A mano tiene el príncipe Felipe, por ejemplo, el próximo día 19 –casi a la par de ser proclamado como Felipe VI–, una manifestación que circulará entre la Plaza de Neptuno y las cercanías de Sol. En ella se volverán a oír proclamas contra la imposición de la LOMCE, por el empleo, contra los recortes educativos, contra el cierre de escuelas e institutos públicos…, contra la privatización de la enseñanza, y  a favor la escuela pública de tod@s y para tod@s. Será una buena ocasión para “mancharse” y ser el primero en fortalecer la soberanía popular en una cuestión tan primordial como ésta, especialmente significativa por afectar decisivamente a la calidad de la convivencia democrática. En los años setenta, cuando en el entorno del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, se empezaba a construir una “alternativa” para una enseñanza pública de calidad –porque la que prestaba el Estado era claramente deficiente y escasa–, Gómez Llorente insistía en que había de ser “republicana”, esto es, heredera del proyecto de escuela pública que se había formulado en la Segunda República, y lo repitió el 31 de enero de 1989, cuando le impusieron la medalla de Carlos X  (Cfr. O´MALLEY, Pamela, La educación en la España de Franco, Madrid, Gens, 2008, pg. 220). Hoy que con la LOMCE estamos en trance de fuerte retroceso en lo logrado desde entonces, si la preocupación de Don Felipe no es tanto continuar a su padre, sino no continuar a Franco, pronto podrá validarse como un rey democrático de tod@s y para tod@s, como exigía el republicanismo cívico que tanto gustaba a Kant (KANT, E., La paz perpetua, 1795, II, 1). Si, en cambio, sus gestos se inclinan por un despotismo oligárquico a favor de los de arriba –no elegidos por nadie en la toma de decisiones que a todos afectan–, sólo acelerará la crítica provisionalidad de su continuismo. Lo más cierto es que difícil le será sostener “lo de toda la vida”, que decía Umbral.

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