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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Este año, llega con la Pascua la preocupación por elegir centro educativo adecuado para chicos y chicas

Manuel Menor Currás
22-Abril-2014

Después de las vacaciones de primavera, muchas familias se desazonan, especialmente si son primerizas, con la libertad de elección de centro educativo para sus retoños.

Suele coincidir con la campaña del IRPF y con la pulsión de la casilla donde poner la crucecita del 0,7% del mismo. Pero el ritual de la búsqueda de centro educativo amparándose en el artc. 27.1 de la Constitución, que “reconoce la libertad de enseñanza”, se acentúa en estos mismos días de la Pascua florida. Muchos padres, sin embargo, no tienen tal ocasión y sólo pueden ejercitar la primera parte de lo que también dice este mismo artículo: “Todos tienen derecho a la educación”. Sólo tienen una única opción, la que les da, frecuentemente de manera desganada, la propia administración; generalmente, en un centro publico que, en el mejor de los casos, pugna contra desidias y recortes sobrevenidos. Esta diferencia en la posibilidad de ejercer tal “libertad” –que de algún modo pone en cuestión las dos partes del mismo artículo constitucional– proviene de una subyacente desigualdad económica y social. Muchos no tienen recursos suficientes para afrontar los gastos que las otras vías de educación –privada y concertada– imponen a sus clientelas. Y entretanto, la detracción de recursos públicos hacia estas dos modalidades –con serio perjuicio de partida para la equidad educativa–, ha derivado a su vez en que, pese al esfuerzo publicitario de sindicatos y asociaciones de padres y madres, haya comunidades en que sean pocos los que eligen la escuela pública por convicción mientras, por otro lado, son muchos los que van a parar a ella actualmente por defecto y carencias varias.

Entre los consejos que suelen darse a quienes en estos días deben pensar a dónde enviarán a sus hijos en el mes de septiembre, ya es curioso que no suelan aparecer las diferencias estructurales que rigen el sistema educativo español. La triple vía –pública, concertada y estrictamente privada– no suele mentarse, por más que, en las conversaciones privadas de los desconcertados padres con amigos a los que se brinda la oportunidad del consejo, suela ser el asunto prioritario. Debajo de las lógicas preguntas, dudas y preocupaciones que esgrimen madres y padres, especialmente si son primerizos –¿Estará bien atendido? ¿Le tratarán bien? ¿Cómo lo pasará?–, la cuestión que suele estar siempre implícita y darse por supuesta es la de ¿quiénes serán sus amigos? ¿Con quiénes tendrá ocasión de rozarse? ¿En qué medio se producirá su socialización? Un conjunto de cuestiones, casi siempre las más decisivas y determinantes, de una presunta “calidad” educativa que se pretexta buscar. Y una “calidad” que, de este modo, viene a convertirse automáticamente en signo de demostración social y de nivel socioeconómico de los progenitores, encantados de que sus hijos inicien la andadura pública de sus vidas rodeados de iguales o, a ser posible, de vástagos de familias de estratos sociales más altos, en previsión de un futuro con lazos más estrechos.

Casos hay, y muy abundantes, en que este tipo de decisiones y consejos de carácter darwinista no tienen consideración alguna con las contradicciones flagrantes que pudieran generar. Para empezar, casi nadie repara en el posible oximoron político y económico que implica el artc. 27.1 de la Constitución en su concreción actual: ¿Cuántos deben contentarse con lo que les toque para que unos pocos tengan –a cuenta de los recursos económicos de todos– posibilidad de ejercitar su “libertad de enseñanza”? Y, por otro lado, familias hay cuya conformidad con los principios ideológicos que priman en el colegio por el que se sienten atraídos es nula, sin que se retraigan de adoptarlo de modo profundamente desacertado para el bien de sus hijos : inclinarse por colegios en que la segregación por sexos, capacidades, creencias o prestaciones de costoso sostenimiento, no parece importarles con tal de disponer de un trampolín escolar que les posicione ante sus congéneres y les procure distinción competitiva de futuro.

En el otro polo del espectro social están los que no pueden elegir: son mayoría y su expectativa en estos días de averiguaciones y matrículas se ve restringida. Da igual que hablemos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Postobligatoria o Superior: sólo tienen garantías de que, entre Primaria y ESO, van a tener enseñanza gratuita y obligatoria, pero sin poder “elegir”, lo que no quiere decir que lo que les toque sea necesariamente de su agrado. Cada vez son más los que, con obstáculos crecientes para ir a donde quisieran, tienen que contentarse con lo que les digan. A medida que “la crisis” muestra sus efectos perversos, crece el número de quienes se encuentran en esta situación. Por este motivo, en la red de centros públicos –sin costes adicionales, y con recortes presupuestarios crecientes especialmente desde 2010–, hay saturación de demandas, acompañada de una creciente presencia de graves problemas carenciales detrás de cada solicitud, como han puesto de relieve en días pasados organizaciones como Cáritas o Save the Children. Me refiero, insisto, al tramo de enseñanza obligatoria y gratuita. Porque puede darse el caso de que –como sucede en el tramo de Educación Infantil de la Comunidad madrileña, donde manda la Sra. Fígar– la asistencia a la red pública, cada vez más expropiada para negocio privado, resulte más costosa que la mera recepción de un cheque asistencial para pagar una “guardería privada”.

Afortunadamente, existen familias con situación económica relativamente estable y con una conciencia sobre los asuntos educativos de sus hijos muy distinta. La razón principal que rige sus búsquedas de colegio apropiado suelen centrarse más en el contenido que en el continente. La vida interna del centro es lo que les preocupa: qué hacen, cómo enseñan, qué proyecto educativo tienen, qué sensibilidad social muestran, cómo se comprometen con la educación integral de chicos y chicas, cómo atienden la lógica diversidad de cada uno, cómo andan de ambiente educativo general, qué metodologías y tratamiento científico dan a las distintas áreas de conocimiento, si los que enseñan lo hacen con pasión y libertad, si los estudiantes sólo han de ocuparse de repetir lo que les dicen sus profesores, si los libros de texto son el único bagaje de donde aprender…, cómo es la calidad de la docencia y de la convivencia, cómo el compromiso del centro con la gente del barrio. Sigue habiendo familias que, al margen de su situación económica o social particular, se interesan seriamente por todos estos indicadores. Es más, quieren participar de lleno en la vida del centro de sus hijos e hijas, como también prescribe el artc. 27.7, y han optado decididamente por la red pública. En medio de la indiferencia de unos y otros –y a pesar de la despectiva atención de demasiados responsables públicos–, entienden que es el medio más justo e idóneo para una enseñanza democrática, digno de ser atendido con la máxima atención y dignidad porque es el único que puede enseñar a todos a convivir en igualdad. Y aquí seguirán, peleando porque se reduzca la interpretación abusiva y la extensión excesiva que ha ido adquiriendo la “libertad de enseñanza” del artc. 27.1 –y su derivada elección de centro– desde que se plasmara en la Constitución de 1978.

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