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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El Informe PISA-2012 es instrumentado para apoyar el reformismo de la LOMCE

Manuel Menor Currás
4-Abril-2014

Los mediocres resultados en habilidades de los adolescentes de 15 años, son aprovechados por la Sra. Gomendio para exaltar el valor “radical” de la LOMCE en la mejora de la educación española.

El pasado martes, 1 de abril, se dio a conocer la parte del Informe PISA que analizaba las competencias de nuestras chicas y chicos en cuanto a “resolución de problemas”. Complementaba la información del 3 de diciembre pasado, relativa a su capacidad lectora, matemática y científica, a la vez que aportaba conocimiento acerca de la secuencia evolutiva del “rendimiento” de nuestro sistema educativo desde el año 2000, dentro de una periodicidad de tres años. Con los datos últimos de esta macroencuesta que lidera la OCDE, España ocuparía el nº 29 de los 44 que la han solicitado y se situaría en el 23 de los 28 de nuestro entorno occidental más inmediato.

Esta posición relativa de los escolares españoles suele ser lo más destacado por los medios informativos. Normalmente, con dubitativo lamento –siempre más noticiable–, por cuanto no les ven capaces, en este tipo de asuntos, de imitar a “La Roja”. Ello da pie también a demasiada gente para mostrarse autorizados, por razón generacional, a saldar sus diferencias con los más jóvenes. Y, en la misma onda de irresponsabilidad despectiva no es infrecuente que aflore aquello de la “bajada de nivel” –un discurso que Beaudelot ya dejó en evidencia en los setenta–, el “hay que ver” y ocurrencias similares que, en los noventa, eran incluidas en una genérica “egebeización” descalificadora. Apreciaciones tan genéricas como poco analíticas podrían ser irrelevantes si no fueran moneda corriente igualmente en niveles políticos encumbrados. La lectura del complejo informe estadístico de estos informes PISA no suele diferir mucho cuando los obligados a comentarlos son responables de políticas educativas. Con una salvedad: los manipulan para meter el dedo, cargados de razón presuntamente científica, en el ojo de sus contrarios. Está por ver que una ocasión como ésta sea aprovechada para mostrarse acordes en los problemas que muestran y, sobre todo, en una decidida voluntad mutua para su solución. En realidad, mucho antes de que existiera PISA, y principalmente al ritmo que se han ido creando la larga jurisprudencia educativa española, existen sobrados estudios y denuncias de cuáles hayan venido siendo los fallos de nuestro sistema educativo.

Los problemas sustantivos sobre los que el informe PISA también llama la atención –aunque no sean tan vistosos– son otros. En primer lugar, es obvio que estos chavales somos nosotros. Estadísticamente, representan cómo somos en conjunto aunque no nos guste: el sistema educativo es un buen espejo que refleja nuestras carencias y cualidades como sociedad. En segundo lugar, en estos datos aparece soterrada una de las grandes tensiones que recorren, especialmente ahora, todo el sistema: la relación entre “libertad” e “igualdad”, visible tanto en las diversas concepciones políticas en que se sustentan las distintas vías estructurales del sistema, como –sobre todo– en los propios resultados diferenciales que la horquilla de datos acumula: la mayor responsabilidad de la baja posición de los adolescentes españoles en PISA recae en quienes acumulan más medios y recursos para ser los “selectos” y no lo son, además de que estamos poniendo en riesgo la meritoria equidad que en conjunto muestra todavía el sistema. En tercer lugar, no tiene desperdicio observar que el nivel lector –eje, además, de una enseñanza comprensiva más justa– aparece como centro de las deficientes capacidades de nuestros estudiantes; un asunto que no se resuelve simplemente con ampliar las horas de la asignatura de lengua sino exigiendo competencia lectora a los equipos de profesores, además de incentivar la calidad de lectura entre la población. Desde luego, no es nada ejemplar la trayectoria actual de las bibliotecas escolares y, tampoco, la de las otras. Todo indica, por otra parte, que –con idéntica legislación vigente– hay Comunidades y Comunidades: algunas con un rendimiento superior al de la media OCDE, lo cual indica –en lealtad– que por mucho que haya cambiado la educación española desde los años setenta, todavía no ha logrado colmatar las enormes diferencias históricas que arrastramos del pasado: los grandes y asimétricos vacíos de alfabetización que mostraba España a comienzos del siglo XX, perduran todavía después de tanta obsesión leguleya. Todo lo cual induce a poner en cuestión el “gatopardismo o efecto Lampedusa” –como le llama Francisco Imbernón a ese reiterado afán por cambiar la legislación a fondo– que una vez más explica la trayectoria de esta LOMCE.

Sorprende, por todo ello,  que el ritual explicativo de la Sra. Gomendio respecto a los resultados del Informe PISA-2012 se hayan ceñido, de manera tan poco original, a cargar sobre el profesorado. Los mediocres resultados son fruto, según ella, de una “metodología anticuada”, más centrada en “la adquisición de conocimientos que en la resolución de problemas complejos”. Menos mal que con la LOMCE –según ella– se producirá en este sentido un “cambio radical”, pues potenciará el “sentido crítico”, el “trabajo en equipo” y la “autonomía de los docentes y directores”. Sinceramente, nos gustaría que así fuera en todos los centros y que así lo percibieran y ejecutaran todos los profesores. No obstante, a estas alturas de la historia documentada de nuestra educación, las referencias a metodologías periclitadas como pretexto para cambiar una legislación recibida ya no dicen nada nuevo. Los sucesivos legisladores han pretendido tener ahí su particular piedra filosofal. Cualquiera puede ver esta recurrencia si, con alguna paciencia, relee los “libros blancos” e introducciones a las variadas leyes y decretos anteriores. O si repasa en alguna hemeroteca revistas que en los años 70 y 80 empezaron a tratar las políticas educativas, como Trabajadores de la Enseñanza, Adarra, Cuadernos de Pedagogía…. Y no digamos si se adentra en las convocatorias de los cursos de renovación pedagógica y escuelas de verano que se fueron sucediendo en todo el territorio español desde 1965 (La Escola de Estiu, de Rosa Sensat), siempre por otra parte, de alcance limitado y, a veces, no exentas de vigilancia represiva de la ortodoxia del momento. ¡Bienvenida sea, pues, la Sra. Gomendio al club de quienes propugnan metodologías actualizadas! ¡Más vale tarde que nunca! Pero no debiera de hurtarnos –a fin de evitar la tonta retórica adanista– la explicación de cómo hará compatible su conversión metodológica con los preceptos que su LOMCE propugna.

Más increíble es, todavía, su recurso mitificador a que la suma de mejoras tan sustantivas “es un reto que tienen que liderar” los profesores. Hoy ya nadie duda de tan incontrovertible aserto, alusivo al sujeto agente de cualquier cambio educativo.  Pero dicho por esta secretaria de Estado, suena como quien oye llover. Mentir requiere memoria y su proclama se suma a las ya incontables de nuestra legislación en pro de una buena calidad del profesorado a coste cero. Ni la formación inicial, ni la de iniciación en los primeros momentos de docencia, ni la permanente, han sobrepasado apenas el género literario. Un corpus, apto siempre para abaratar tan preciada demanda histórica con un sacralizado voluntarismo “vocacional”, siempre pobretón como si de caridad o beneficencia se tratara. (Ver: http://www.colectivoescuelaabierta.org/Ensayo_form_profesorado.pdf). Y, en segundo lugar, si la exigencia de tales proyectos –algunos todavía vigentes–  ha sido tan variopinta como carencial, nada induce a confiar en que “el reto” de que habla la segunda autoridad del Ministerio de Educación sea creíble ahora, cuando profesores y maestros experimentan en vivo –además de una plena desconfianza en su labor docente– recortes inmisericordes en sus condiciones de trabajo.  Sería contradictorio que tan anhelado desideratum pudiera cumplirse justo en este momento. De todos modos, la Sra. Gomendio no es única. Existe todavía  entre altos cargos administrativos del Estado el síndrome de “gobernador civil”,  consistente en que –siguiendo esa ancestral fe ciega en el BOE sin pasar por Hacienda ni por la reflexión de los investigadores– los buenos profesores, la calidad educativa y demás mejoras ensoñadas en el cuento de la lechera nos sobrevendrán meramente con algún decreto técnico, muy administrativo, en que tan complejas aspiraciones se especifiquen en detalle. Sin más denotaciones sensibles y, sobre todo, sin tocar el consenso en torno al artc. 135 de la Constitución (BOE del 27/09/2011) –entre otros– ni, menos, lo decretado en julio de 2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad (R.D. 14/2012 y 20/2012). Es fácil ver, pues, en qué quedará este presunto “reto”: bastará esperar al siempre aplazado Estatuto de la Función Pública Docente para confirmar cómo se sustancia algo tan sustantivo y justo, mientras la inversión en educación sigue bajando hacia el 3,9% del PIB.  Pronto alcanzaremos aquel “glorioso” pasado preconstitucional, en que la educación era un “noble trabajo”, pero con honorables condiciones de miseria.

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