creandociudadania.org
Domingo, 24-Septiembre-2017 - 10:30 h.
LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

No es cierto que la LOMCE diga que no mejora la Escuela Pública: sería demasiado.

Manuel Menor Currás
20-Marzo-2014
Pero es hipocresía: el “cuaderno de quejas” de las Marchas por la Dignidad del sábado, 22 de marzo, abunda en razones del deterioro a que induce.
Políticos hay tan preocupados por el “fracaso escolar”, que no se miran a sí mismos para ver cómo destrozan el lenguaje y lo dejan inservible. Reclamar ahora “DIGNIDAD” no es sino tratar de restituir autenticidad a “la democracia”. Porque bien visto, parece que quisieran retrotraernos a una “democracia censitaria”, en que unos pocos pongan todo tipo de obstáculos para que los más no sólo no participen de los posibles beneficios de un estado social y democrático de derecho, sino que se desinteresen de cuanto puedan afectarles los espacios y tiempos de lo público. Sumados estos recursos a los de su posición de partida privilegiada,  sitúan a estos selectos en posición inalcanzable y, a menudo, también irresponsable ante tentaciones de desafuero. Por eso el día 22 se podrán ver y oír juntas muchas reclamaciones en campos en que se ha tratado de torcer el sentido de lo fundamental, para sustituirlo por sucedáneos de diverso valor tóxico. Esas reclamaciones de DIGNIDAD son también extensibles a educación y, sobre todo, a la educación pública, en que el mareo verbal es especialmente abusivo. Es verdad que esta LOMCE no dice que empeora la escuela pública: sólo faltaría. Pero también lo es que, tal como la plantea, reduce su DIGNIDAD debida y discrimina a su alumnado respecto al de las vías privadas del sistema educativo.  Decirlo y proclamarlo en la calle no merece ser demonizado como “ideología” o “politización” –dos palabras muy dignas en democracia–; sólo es desacuerdo absoluto con lo que hace este Gobierno.
LA DIGNIDAD DEL ALUMNADO reclama que no sea la de la escuela una ocasión más para estigmatizarle con diferencias selectivas, en loor de una elitización temprana y con la bandera de la religión, el bilingüismo o el emprendimiento como pretexto. Que aprender sea una oportunidad para completar el proceso de hominización inteligente y no para entrenamiento repetitivo y estéril. Que el saber es bastante más que un mero asignaturismo enciclopédico sin que las ideas de La Enciclopedia asomen por lado alguno… Que las clases no son un acuartelamiento masivo y homogéneo, sino un espacio para la acogida personalizada y el tratamiento humanizador de las diferencias, cuando todos somos diferentes. Que es una vergüenza el creciente triunfo del machismo escolar, como lo es el que 2.800.000 menores muestren a diario su pobreza hambrienta en nuestras escuelas.
LA DIGNIDAD DE LOS PADRES Y MADRES exige que las edades más tempranas sean las etapas educativas más cuidadas y se evite así una primera selectividad; que la escuela no sea un espacio para el descarado negocio privado en ninguno de sus tramos; que las becas y matrículas combinen adecuadamente la justicia distributiva y no sean un instrumento más de discriminación social ante el saber y la cultura; que su derecho a la participación y control de los centros educativos no sea cortocircuitado por medidas retóricas; que se frene y elimine el copago, otra forma más de reproducción de la desigualdad de partida; que la escuela se desarrolle como espacio comunitario y no como lugar de desencuentro o confirmación “de lo que hay”…; que la gratuidad de la enseñanza se extienda claramente a todo lo necesario hoy para estudiar.  
LA DIGNIDAD DE PROFESORES Y MAESTROS plantea que su trabajo sea entendido y atendido como bien imprescindible en un país con sentido democrático de futuro; que como tal sea tratado en cuanto a exigencia de formación inicial y permanente de sus candidatos; y lo mismo haya de ser en cuanto a mérito y prestigio social. Que no sea el suyo el primer eslabón constante de rebajas salariales y expulsión del sistema laboral. Que su trabajo en clase permita la labor educativa, tanto por el número proporcionado de estudiantes, como por los medios dispuestos para facilitar la inclusión de todos los alumnos. Que se reconozca y revise de continuo ese trabajo cotidiano bien hecho, se distinga del meramente rutinario o nefasto y no se fíe a mero control rutinario externo, desconfiado y ajeno a la personalización de los procesos de aprendizaje. Que cada profesional de la enseñanza se integre en la gestión compartida del centro, como una pieza imprescindible más, en continua reflexión cooperativa con los demás compañeros… Que se valore de modo especial, su labor integradora e inclusiva.
LA DIGNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN –al ser mal atendidas estas aspiraciones básicas para una más DIGNA educación–, no parece bien parada con la LOMCE. Si fuera de otro modo, no hubieran menudeado ante el Tribunal Constitucional las apelaciones de la oposición en estos días pasados. Como toda norma jurídica, la nueva ley educativa ha de interpretarse en conexión con la Ley  fundamental, cuyo cumplimiento no se compadece bien tan sólo con que que no diga que vaya a deteriorar más la enseñanza pública. La LOMCE viene exigida, en positivo, a favorecer y desarrollar, por ejemplo, la existencia de un “Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo”  (artc. 1.1). Entiende la Carta Magna, además, que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna” (artc.14) y, en ese contexto propicio a la DIGNIDAD educativa de todo ciudadano, exige, como primera providencia,  que “los poderes públicos garanticen el derecho de todos a la educación (artc. 27.5). En consonancia con estos ingredientes básicos, la DIGNIDAD de la Constitución requiere –y es de desear que así lo vean los miembros del TC, aunque no lo hayan querido ver ni el Congreso ni el Senado de la presente Legislatura– dejar claro que lo que dice en los artcs. 9.2, 14 y 27.2 no propicia la segregación de colegios por razón de sexo como pretende esta LOMCE. Que la recta lectura de cuanto la Constitución dice, no sólo en los citados artículos 1.1, y 27.5, sino también en los 9.2, 10.1, 27.2 y 27.7, es contradictorio con lo que preceptúa la LOMCE en cuanto a la irrelevancia en que sume la participación de padres, profesores y alumnos en la gestión y control de los centros educativos. Que la selección del alumnado que propicia la nueva ley educativa, contraviene lo que el reiterado artc. 27.5 de la norma suprema establece. Que la separación de los alumnos a edades tempranas, para desviarles hacia itinerarios inadecuados y diferenciados del currículum normativo, no casa con lo que nuestra Constitución dice –además del primordial artc. 1.1- en el  27.1, 81.1 y, sobre todo, el 53.1. Y, dentro de esta gama de dudas que esta nueva norma propicia acerca del aumento de la discriminación entre alumnos menores de 16 años, el alto Tribunal también deberá esclarecer si es o no así, respecto al ambiguo artc. 27.2, la fórmula curricular que quiere la LOMCE, con alumnos que estudien Religión mientras otros colegas estudian valores éticos, privando a los primeros de saberes y actitudes educativas que cuentan con pleno respaldo en la Unión Europea.  Acerca de todo esto, por no decir más –como en Canarias, Cataluña o el País Vasco, desean– , ha de resolver el alto tribunal y desmentir los indicios que ofrece esta nueva ley  de que vacía de sentido la escuela pública a que dio ser la Constitución de 1978. 
Ello, por otra parte, no resuelve la poca DIGNIDAD que los redactores de tal norma han concedido al saber pedagógico y didáctico contrastado. Éste ha avanzado lo suficiente como para dejar en entredicho las presuntas “mejoras” que la LOMCE dice acarrear sin que se sepa en nombre de qué, pues ni lee correctamente los informes que le sirven de pretexto. En puridad, la versión dignificadora de una  educación igualadora y no discriminatoria –que parece propiciar el articulado de la Constitución– siempre ha sido objeto de restricciones cuando los gobernantes actuales han tenido ocasión en el pasado. Y en lo que va de legislatura, han incrementado sus esfuerzos de jibarización de las prestaciones debidas para el logro de esa DIGNIDAD educativa a que tiene derecho todo ciudadano, acercándose ya a los 6.000 millones descontados. Con tales antecedentes, si bien la LOMCE no dice expresamente que vaya a deteriorar la Escuela Pública, arroja sobrados indicios de que, de aplicarse tal como ha sido mandada aprobar en el Congreso de Diputados, limitará sensiblemente el contenido democrático que le marca la Constitución. Transformada en mera fórmula subsidiaria de las otras dos redes del sistema, todo indica que aumentará su acelerado deterioro –por hurtarle los medios adecuados para atender los crecientes problemas cuya solución se le encomienda. El agrandamiento de la asimetría social entre unos y otros ciudadanos –difícil de saldar más allá de las oportunidades que brinda la escuela– será de este modo más grave. 
POR DIGNIDAD, por tanto, los manifestantes del día 22 de marzo tienen razones sobradas para no resignarse y exigir que los actuales responsables del Ministerio de Educación sean los primeros en solicitar la retirada de la LOMCE. Sólo ellos han querido su existencia, tras un más que inquietante proceso en soledad y al margen de las necesidades reales de la educación española. La DIGNIDAD representativa, la rectitud del lenguaje –especialmente cuando de “mejorar” se habla–, y la DIGNA atención a que tienen derecho los ciudadanos, exigen otros mimbres para construir una escuela democrática que “mejore” de verdad lo conseguido en los últimos 44 años.
[ Volver atrás ]
Ven a la Escuela Públicawww.quehacemos.org
noticias opiniones encuestas informes polémicas normativas agenda videos imágenes humor contacto mapaweb
creandociudadania.org  ®  2012