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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

EXQUISITA NEUTRALIDAD ANTE LA LOMCE, pide una Asociación de profesores andaluza

Manuel Menor Currás
16-Febrero-2014

Una asociación de profesores de instituto andaluces (APIA) reclama ante la Delegación de Educación de Málaga contra el sectarismo: estiman que las demostraciones contrarias a la LOMCE denotan “posición insumisa”.

Distintas evidencias han venido mostrando que las mareas verdes de estos dos años pasados no recogían el pensar ni el sentir de todos los profesores y profesoras del sistema educativo. Por grandes que fueran y, a pesar de que en algunas parecían acordes muchísimas asociaciones de la comunidad educativa y prácticamente todos los sindicatos, existe un espectro de ciudadanía y profesorado adepto de esta ley orgánica última –igual, paralelamente, que de otras leyes muy ideologizadas y partidistas del PP–. Cualificados voceros hay del ámbito educativo a los que, recientemente, se ha podido oír, incluso, que esta LOMCE no les satisface suficientemente.

No es tan normal, pese a todo, que una asociación de profesores de la enseñanza pública haya mostrado públicamente su desazón porque haya compañeros a quienes esta ley no les guste y hayan decidido objetarla públicamente con diversas acciones, de las que una más puede ser un cartel que dice: “NO a la LOMCE”. Tal como han solido aparecer en la prensa las noticias relacionadas con las manifestaciones y huelgas últimas –promovidas principalmente desde espacios educativos de titularidad pública–, pudiera tenerse la falsa impresión de que “todo el profesorado” las respaldaba. La noticia, recogida cerca de Benalmádena (http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/13/52fd1948e2704e6a2e8b4581.html) tiene particular interés porque evidencia la particular pluralidad sociopolítica del profesorado que ejerce docencia en las aulas escolares y testimonia la existencia de una cantidad indeterminada de profesores acordes con las prescripciones que la LOMCE establecerá a partir del curso próximo. Dispuestos a apoyarla, denuncian al Director de su centro por no retirar un cartel contestatario; le acusan de “insumisión” y “rebeldía” –algo contrario a lo que debe ser una “autoridad pública”, dicen– y reclaman sanciones para quien –según ellos– tiene ante la nueva ley un “comportamiento sectario”.

Las peculiares concepciones de la convivencia ciudadana de este conjunto de profesores denunciantes no parece, sin embargo, muy acorde con lo que supuestamente debe ser un buen profesional de la educación en el tiempo actual, en tiempo democrático, ni siquiera si se tienen en cuenta las reducidas funciones que, en el marco de la modificación del artículo 1 de la LOE, establece ahora la LOMCE en los  apartados b, k y l correspondientes. No se entiende bien qué puedan enseñar estos profesores acerca de “la equidad”, “la igualdad de oportunidades”, “el pleno desarrollo de la personalidad”, la “inclusión educativa”, “la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”. No es muy comprensible cómo puedan educar “para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar”, como no sea dedicándose meramente a recitar a sus alumnos cualquier cosa. Y menos cabe dar crédito a qué sepan o quieran hacer para que se desarrollen en su entorno escolar “los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención ante la violencia de género”. ¿Cabe cumplir todos estos objetivos de la presente ley, con los instrumentos que pone al alcance de los profesores? ¿Cabe, con una ley que se caracteriza por su selectividad profunda, por la falta de atención a la gran variedad de alumnado diverso y por un modelo eminentemente transmisivo-evaluativo de instrucción, lograr siquiera estas metas si no se muestra ninguna discrepancia al respecto? ¿Puede hacerse algo consistente para la mayoría de alumnos en cualquiera de estos terrenos sin incidir en la capacidad crítica y la capacidad comprensiva, con las metodologías adecuadas para lograrlas, cuando esta LOMCE ni las alude?

Al margen de una libertad de expresión sui generis implícita en su demanda,  esa especie de aceptación silenciosa y acrítica que propugnan los solicitantes malagueños tampoco parece coherente con la definición de competencias que, según el Boletín Oficial del Estado, de 21 de diciembre de 2007 –y asimismo en el del día 29–, constituyen las “condiciones a que deberán adecuarse los planes de estudios correspondientes a la obtención de títulos que habiliten en el ejercicio de las profesiones como profesores”. En los entresijos de esta reclamación, la mayor parte de las competencias acreditables al final del máster correspondiente –que ha entrado en vigor en el curso 2009-2010 y que, según las previsiones conocidas de lo que parece que será la ley del Estatuto Público de la Función Docente, cuyo anteproyecto pudo leerse el 26 de abril de 2013 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de Diputados (nº 162/000613)– son innecesarias. No las requieren, por inútiles y sin sentido, toda vez que se decantan decididamente por ser meros transmisores-reproductores de un saber establecido y de un orden social y económico perfectos, de suerte que toda normativa emanada de él haya de ser aceptada sin réplica.

Este grupo de profesores que se apunta a la mudez como constitutivo esencial de su trabajo en centros educativos, concuerda a la perfección con la “mayoría silenciosa” que toda “autoridad” –anhelante de súbditos callados y conformes– ambiciona. Cómplices de los abusos y limitaciones que puedan sobrevenirles a ellos mismos, no se habrán enterado, todavía, del impacto que los recortes en educación ya han infligido a otros compañeros: las 18.606 plazas menos de profesores interinos que los Reales Decretos 14 y 20 de 2012 impusieron al sistema antes de julio de 2013, a los que han de unirse otros 14.195 que el art. 21 de la Ley de Presupuestos generales del Estado de 2014 está arrastrando, más los que conlleve el bajar el Presupuesto educativo en 2015 hasta el 3,9% del PIB. Estos  abogados del enmudecimiento callado y taciturno no necesitan leer: estas cifras son molestas y por eso les incordia ver el “NO A LA LOMCE” de sus colegas. Puede que hayan tenido suerte todavía con sus puestos de trabajo y quieran dar sólidas lecciones de solidaridad a su modo: arrimar el hombro en tiempos de crisis a las decisiones del Gobierno de turno. Y seguramente les encante, además, cómo queda su papel ancilar ante los nuevos directores de los centros; la modernidad de las imposiciones de un bilingüismo inglés invasor; su satisfacción por que sus privilegiadas asignaturas, probablemente troncales, resulten muy beneficiadas ahora. Probablemente cuadre muy bien a sus expectativas de buenos profesores el nuevo perfil de alumno selecto que auguran les va a tocar, y hasta puede que les encante que otros evalúen su castizo buen hacer desde fuera y luego les retribuyan acordemente a los resultados académicos de sus alumnos. Es posible y probable. Porque si no, no se explica que les parezca mal que haya otros profesores que discrepen profundamente de sus convicciones  o de que pretendan erigirse en guardianes del orden académico, inquisidores de la verdad, somatenes del Ministerio y meritorios cofrades de la mejor educación. Da pánico que tus compañeros no te den ni la mínima  opción de dialogar sobre lo que sucede y se constituyan en los primeros colaboracionistas del poder instituido. Galileo parece haber hecho el ridículo sosteniendo que “E pur si muove”.

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