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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Después del “trágala” de la LOMCE, Wert quiere colar de manera similar el Estatuto de la Función Pública Docente

Manuel Menor Currás
28-Diciembre-2013

Un proyecto no de ley sobre formación inicial del profesorado –anticipo de la que sería su ley de Estatuto Docente– abriría la vía para imponer, sin diálogo social, una “reforma laboral” del profesorado.

 El pasado día 10 de diciembre, Wert no presentó en el Congreso su modelo de formación inicial del profesorado. Ha quedado para mejor ocasión lo que Europa Press había anunciado para ese día, confundiéndose al leer la agenda del Congreso. No era la propuesta 162/000613 la que se presentaría a las cuatro de la tarde, sino la que llevaba el nº 162/000614, relacionada con la especialización productiva de las regiones –con su correspondiente repercusión en I+D+I y otras derivaciones empresariales y laborales más eficientes– titulada “de especialización inteligente” (como consta en el Orden del día de la Sesión nº 154 del Congreso de Diputados).

Dos asuntos llaman la atención, pese a todo. El primero concierne a la confusión de esta agencia de prensa al distribuir la noticia dos días antes, con el consiguiente fallo de algunas organizaciones y comentaristas, que la aceptamos como buena en comunicados o columnas de opinión. En buena medida la equivocación es explicable –creo– por la obsesión que ha creado todo lo relacionado con el triángulo PISA-LOMCE-Wert. De ahí la rápida asociación errónea. El segundo consiste en que, pese a todo, no deja de ser noticia destacable que ya el 26 de abril –como puede leerse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados correspondiente– se hubiera registrado la susodicha propuesta no de ley, a la espera de su tratamiento en plenario (Cfr.: BOCG, 10-D-262, pgs. 7-8). Es decir, que mucho antes de que hubiera sido aprobada y publicada la LOMCE, ya se había planificado la correspondiente formación de los profesores que habrían de llevarla a la práctica. Se optaba, de este modo, por una vía más expeditiva que la seguida con ocasión de otras leyes orgánicas, en que tenía preferencia el desarrollo normativo de decretos y reales órdenes que desmenuzaran el qué enseñar. En este programa legislativo, lo primordial giraría en torno al profesorado idóneo para la continuidad de la LOMCE, una vez que ésta ya ha predeterminado sus características  esenciales. A eso vendría –como  adelantaba previsoramente la propuesta abrileña del PP en el BOCG–, “un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente”.

Un proyecto previo, pautado para seguir minuciosamente, es lo que sugiere directamente esta premura. La alteración de tiempos no quiere decir confusión en este caso, sino conjuntada planificación y cálculo estratégico de una secuencia en tres partes, cada una en su momento más adecuado y conformando las tres un único propósito operativo del que debería resultar un nuevo sistema educativo,  bien diferenciado del construido en los años ochenta y muy trufado de ambiciones neoliberales y neoconservadoras. Primero, la LOMCE; luego, la adecuación de su profesorado más pertinente y, después, completando el equilibrio de este “trespiés” leguleyo preferente, el perfil de la Universidad deseada. El temprano registro en el BOCG de esta propuesta no de ley sobre la formación del profesorado hace saber que tan armonioso conjunto ha sido diseñado con tiempo, muy probablemente incluso antes de que Wert aceptara el cargo, tal como presagiaban en los Cuadernos de FAES desde el año 2000 o algunos de sus autores más dilectos desde años antes. La tarea de este ministro de paja en el gobierno tan sólo consistiría en ir situando en el orden del día –mediático y legislativo– lo más acorde con el cronograma prefijado. La condición exigible al encargado de completar este puzzle es que sea perseverante con los tiempos establecidos y que no ceje en el plan, por más presiones que pueda recibir de los principales afectados, sobre todo desde la visibilidad callejera: no sea que se vaya a venir abajo todo el tinglado, como ya sucedió con la LOCE de Pilar del Castillo.

La metodología que está siguiendo Wert es similar a la de aquella expeditiva  ministra –también ligada al ámbito de la demoscopia– y sus tres grandes leyes contrarreformistas entre el 2000 y el 2004. El no menos raudo tránsito legislador del actual ministro de Educación es parte estratégica central del mensaje que ha dejado tras sí la LOMCE y que reitera de nuevo respecto a este segundo gran reto del Estatuto de la Función Pública Docente: un previo “diálogo” que suele ser sordera, seguido rápidamente de un trágala legislativo al que no se admite enmienda alguna de relieve. Sorprendente es, de todos modos, en este afán de dosificar “la mejor educación” a los felices ciudadanos, la perseverante continuidad de este equipo ministerial en la creencia de que gobernar es cuestión estrictamente legislativa. En una coyuntura tan rudimentaria de la división de poderes como la del PP actual, es grande la tentación de que todo parezca bien trabado y obediente al principio escolástico de que unum, verum et bonum convertuntur. Tanto, que  parece sobrarles el ejercicio del tacto y el oído, la comprensión y afán de consenso mínimos hacia lo que otros ciudadanos –parlamentarios o no–, pero tan interesados o más que ellos en estos asuntos puedan libre y razonadamente opinar. De su contacto directo con lo que la enorme diversidad de alumnos que convive en los centros educativos –y sus indispensables profesores y maestros– necesiten perentoriamente, para qué hablar: les es suficiente con legislar pro domo sua.

No obstante, otro fiasco más que probable es lo que, de proseguir con este sistema dirigista a ultranza, vendrá a ser esta proyectada ley de Estatuto de la Función Pública Docente. Valga como prueba inicial el resultado de la convocatoria del pasado día 26 de noviembre en la sede del ministerio –más para dictar que para dialogar sobre este asunto con los sindicatos–, de la que lo más suave que dijeron los representantes de los profesores que asistieron fue: “decepcionante” y “penoso”. Habrá que recordar enseguida que, dos días después –cuando la LOMCE fue aprobada en el Congreso por la solitaria mayoría del PP–, todos a una, sindicatos y oposición parlamentaria, dijeron que nacía “muerta”, comprometiéndose por escrito estos últimos a que la derogarían a la primera de cambio. En fin, premonitorio es asimismo que, en el comunicado emitidos CCOO con motivo de la comentada equivocación de Europa Press, se haya insistido en que este proyecto de Estatuto, tal como está siendo gestionado, es “una burla a los docentes, al defender cambios” al margen de lo estipulado hasta ahora legalmente, pues “están reservados a la negociación con sus representantes legales”. Todo  colabora, pues, a concluir que este segundo gran objetivo del plan ministerial de Wert –relativo a la regulación de muchas de las condiciones laborales de los docentes, recortadas ahora mismo hasta la extenuación–, tampoco pasaría de ser otro ordenancismo más, condenado de partida a la más estricta provisionalidad: como la propia LOMCE que intenta fortalecer.

El gran problema del proyecto del ministerio Wert residiría, de este modo, en su más que probable discontinuidad y consiguiente retraso para un sistema educativo urgido por las necesidades de profundizar la democratización cualitativa de su servicio a los ciudadanos.  De continuar con la rígida estructura de piloto automático a que se ha fiado actualmente su designio, ni siquiera es seguro que alcance hasta 2015. En nombre de una unidireccional “calidad educativa” –en cuya propaganda no se escatiman medios–, ha optado sin reparos por una política de diseño elitista para unos pocos, siempre en litigio con la veracidad de los diagnósticos previos y aristocráticamente despreocupada de la  desesperanza que genera en la mayoría con su preciada retórica del bien. Lo de una escuela pública de calidad, de todos para todos –que reclaman tantas organizaciones sociales y los expertos en educación más concienzudos-, no cuenta entre sus “mejoras”. Tampoco toca que en el nuevo año, 2014, el ministro más duramente valorado en las consultas demoscópicas vaya a cambiar la onda semántica de sus decisiones. Pero por pedírselo a los Reyes Magos –si les apetece– que no quede.

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