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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El inexistente “diálogo” sobre el Estatuto Docente

Manuel Menor Currás
9-Diciembre-2013

Poco antes de concluir el periplo legislativo de la LOMCE, ha habido en el ministerio de Educación una reunión oficial con los sindicatos para plantear el ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE. Wert persistió en su particular fórmula dialógica para alcanzar este segundo objetivo relevante de su paso por el Ministerio. Algo “penoso”, según algunos interlocutores, y especialmente decepcionante para los partidarios de una escuela pública de calidad para todos.

El pasado 26 de noviembre Educación presentaba a los presuntos interlocutores sindicales su propuesta. Desde el principio de la legislatura, no sólo él sino otros miembros de su partido con responsabilidades en el ámbito educativo, han mostrado su interés en sacar adelante este preciado Estatuto. También desde entonces han mostrado su metodología particular para estas cuestiones. Primero, “voluntad política de llegar a acuerdos” y, si no se llega a un consenso, “sin perjuicio de la legitimidad de intervenir en aquellos aspectos sobre los que no haya consenso pero  que forman parte de su contrato con los ciudadanos” (Puede leerse en Escuela, nº3934, 23/02/2012: “Entrevista a Francisco López Rupérez”).Ya se ha visto en tradicional román paladino cómo ha funcionado esta fórmula en el transcurso de la elaboración de la LOMCE. Los sucesivos pasos por que ha transitado desde que era un esbozo, expeditivos y poco propicios a enmienda alguna que viniera de personas, asociaciones o partidos considerados de la oposición, son un antecedente práctico de lo que, a todas luces, parece que vaya a ser la tramitación de este Estatuto.

Partir de cero es lo que, por lo visto en la primera sesión, el citado día 26, estaba prescrito. Desde abril y julio no se había vuelto a hablar de este asunto y, para no dar lugar a una ruptura antes de empezar, a los interlocutores sindicales se les ofreció –como si nada hubiera pasado desde entonces– un guión tomado de lo que en 2007-2008 se había hablado con el Gobierno anterior. Fueron convocados para que se fueran haciendo cargo de un acomodaticio esquema teórico, ignorando la historia de sus demandas y los agravios infligidos en los últimos años. Se daba a entender, de este modo, que, más allá de escuchar y asentir, poco se iba a contar con los sindicatos, ni siquiera los considerados más afectos. Para comprobarlo, ahí están sus Webs: csi-f.es (del 29/11/2013), anpe.es (del 23/07/2013; 26 y 28/11/2013; y del 4 de diciembre pasado), stes-i.es (26/11/2013), feteugt.es/ (26/11/2013), fe.ccoo.es/ensenanza/ (26/11/2013);  Esta peculiar manera de “dialogar ex novo” –de que el Sr.Wert ha hecho gala en estos dos años del Gobierno Rajoy y con su beneplácito– recuerda en exceso demasiadas confusiones entre autoridad y autoritarismo, diálogo y monólogo, legalidad y justicia, mendacidad y verdad…, de que nuestra historia patria está plagada, con invocaciones al apoyo de una presunta “mayoría silenciosa” que lo que no pueden ocultar es una amplia “mayoría silenciada”.

En educación, por otra parte –último reducto donde pueden pelearse las diferencias hasta la estupidez–, no sucede como en Justicia u otros asuntos de Estado como la propia Constitución, en que hay que fingir cierta unanimidad para poder decir que las instituciones funcionan, aunque todo el andamiaje chirríe después de 35 años. En los asuntos educativos, –además de algunos otros que, con el orden y  la moral católica de fondo, se impondrán a medida que nos acerquemos a las próximas elecciones–, la adaptación a las necesidades que viva el común de la gente no cuentan demasiado. Importa más la capacidad de engatusar a los más recalcitrantes del espectro en que se mueven los votantes de plantilla. El lado estrictamente partidista –atento a marcar territorio– es el que suele imponerse a la supuesta racionalidad de las decisiones, por más que éstas, de tan sobadas, resulten banalizadas hasta el descrédito y más cuando suben al BOE.

La desmemoria y la atrevida tozudez son ventajosas para acelerar decisiones expeditivas. Cuando no se quiere llegar a ninguna parte, las entrevistas, acuerdos y pactos son engorros absurdos, especialmente si urge disponer de un ágil instrumento que facilite la rauda ejecución de la LOMCE. En un asunto de la trascendencia del Estatuto docente, dar voz a los representantes de los profesores pronto derivaría en revisar conceptos y asuntos que la reciente ley ya ha dejado establecidos. Predeterminados han quedado ahí componentes básicos del Estatuto, entre los que destaca especialmente la pérdida de peso de los profesores en los distintos órganos de gestión de los centros educativos, a pesar de la apariencia de interés por su quehacer que pueda suponer el reconocerles que son “autoridad pública” ante sus alumnos (artc. 124.3). No sólo han perdido voz en los claustros, donde en muchos centros la obligatoria asistencia ya se ha convertido en mera fórmula de recepción de las disposiciones que la dirección quiera transmitir, emanadas de las Consejerías autonómicas. También en el Consejo escolar del colegio, donde su punto de vista sólo tendrá valor consultivo (artc. 127). Por otro lado, con la LOMCE se ha confirmado y ampliado el papel de la dirección hacia una gestión personalista muy jerarquizada –como puede verse en el apartado VII de la exposición de motivos de la misma (y en los artcs. 132-136) –. Siguiendo pautas ensayadas en comunidades como la de Madrid, desde varios años atrás, la elección y actuación del director/a invierte profundamente el sentido de su liderazgo anterior, de modo que hará difícil la ejecución de proyectos realmente innovadores en que los profesores se sientan libremente involucrados.

Para la función docente –asunto central de un Estatuto que se precie–, tampoco es indiferente que la LOMCE imponga un conjunto de pruebas externas, algunas con valor de reválidas, como antes de la LGE de 1970. Habían sido puestas en solfa por el “Libro blanco” de que fue precedida esta norma del último franquismo. Vuelven ahora acrecidas y decisorias en la vida escolar y profesional de los alumnos. Independientes de la actividad didáctica de cada profesor, hurtan a éste el control de los procesos de enseñanza-aprendizaje que, por otra parte, quedan muy condicionados por las características homogeneizadoras de estas pruebas y no por las de la diversidad de alumnos existentes en cada grupo. Lo sabe muy bien la larga experiencia que, en este sentido, tiene la educación de EEUU y, de manera más parcial, la experiencia del 2º de Bachillerato actual en España, plenamente volcado en las exigencias de la prueba de acceso a la Universidad. Los profesores de la enseñanza pública estarán especialmente contentos, además, por el alivio que para su carrera profesional supone el que, según lo dispuesto por la LOMCE, se amplíe la facultad de corregir tales pruebas a docentes “externos al centro” (Artc. 144.1), sin garantías de independencia. También lo estarán por ver cómo, sin oposición, vulnerando los principios de mérito y capacidad de la  función pública –pero con prevalencia para ocupar la docencia en sus áreas de conocimiento–, se pueden contratar profesores nativos que acrediten competencia en lenguas extranjeras (adicional 37).

Especial alegría causa a muchos el ver sus  asignaturas o áreas de conocimiento prácticamente mediatizadas o anuladas en aras de una “calidad” excluyente, un bilingüismo chillón mal aplicado, o por razón de las marcadas diferencias con que la “especialización curricular” o la de “excelencia” distinguirán a unos centros de otros (artcs. 121.7 y 122bis.3). Como si de la “reforma laboral” se tratase, todo confluye en que, según la nueva ley, su papel como profesores es meramente subsidiario, hasta el punto de que su función docente es sospechosa de tener iniciativas propias. Incompetente para el trabajo educador, lo suyo es ser tan sólo peonaje ancilar último de la dirección y la Administración, juez última de lo que se haya hecho en clase. Sin embargo, por lo visto en el guión o programa de trabajo a realizar para desarrollar el anhelado Estatuto, ninguno de estos condicionantes que la LOMCE potencia entraría en el debate previo. Es más, en la normativa referencial recopilada por el Ministerio como preparación para elaborar cada uno de los cinco capítulos principales de que constará la futura ley –además de la justificación de motivos, dos títulos iniciales y disposiciones transitorias subsiguientes–, no se hace mención alguna a la recién aprobada LOMCE; sí en cambio, son múltiples las de la LOE.

Tampoco parece que vayan a tenerse en cuenta los recortes sufridos por los educadores españoles a causa del significativo Decreto del 20 de abril del 2012 (el RD 14/2012, al que seguiría muy pronto el nº 20). Como si entre esta “racionalización del gasto público en educación” y la propugnada “mejora de la calidad” educativa –sin nada más que hablar respecto a “lo que hay”: los 20.000 docentes eliminados de la enseñanza pública (un ERE en toda regla), o los 7.298 millones de euros recortados desde mayo de 2010, más lo que falta hasta llegar a reducir la inversión pública en educación hasta el 3,9% del PIB prometido por Rajoy en Bruselas–, tuviéramos ya los mimbres más apropiados de partida para hablar de las condiciones de trabajo del profesorado, de la búsqueda de los mejor dotados para esta labor, de su formación inicial y permanente más adecuadas, y de tantos otros contenidos relevantes de que, en anteriores coyunturas –no sólo la del curso 2007-2008– han hablado sobradamente los sindicatos y cuantos especialistas entienden que será imposible cualquier mejora sustantiva de la educación en España, sin atento cuidado a la labor, capacidad y mérito social de los encargados de llevarla a cabo.

Si el inicio de estas conversaciones hacia el anhelado Estatuto docente ha sido calificado por algunos sindicatos como “penoso”, más lamentable sería desaprovechar una vez más la ocasión de “dialogar” en serio. Lo más probable, en todo caso, es que el trámite del 26 de noviembre ya le haya sobrado a Wert para presentar mañana, día 10 de diciembre, ante el Congreso una proposición no de ley en que se encubre el primer paso ejecutivo de su Estatuto docente. Después de “oídos” tan sordamente sus interlocutores, en Educación volveremos a reinstaurar las “cesantías” decimonónicas, pues no logramos sobrepasar las alternancias normativas de la provisionalidad. Mucho tendría que cambiar la situación para que la mayoría de los interlocutores sindicales tuviera alguna esperanza en las políticas educativas del PP. Ya hace tiempo que han invalidado al equipo de Wert para una auténtica reforma educativa: sólo los más crédulos conceden que el pasado día 26 pudiera haberse iniciado un proceder distinto del seguido con la LOMCE.

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