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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El 23-N contrasta con el optimismo rancio del Gobierno conservador de Rajoy

Manuel Menor Currás
24-Noviembre-2013

Las mareas callejeras han puesto el contrapunto a los logros divulgados por Rajoy y el PP en las últimas semanas.

Miles de ciudadanos han celebrado el sábado pasado en toda España que Rajoy y su Gobierno hayan sobrepasado la mitad de la legislatura. Después de dos años, y  puesto que muchos medios certifican que los datos macroeconómicos de su gestión son positivos, han tratado de mostrar su particular punto de vista en la mañana del 23 de noviembre. En su inmensa mayoría no fue nada silencioso. Pancartas, canciones, pareados,  comunicados, manifiestos y conversaciones en los corros de participantes no hacían sino admirarse de  que, después de un trance como el de los oscuros días en que tantos votantes les confiaron la dirección de la frágil nave del Estado, estuviéramos siendo bendecidos con la luz gracias al buen tino de tan perspicaces timoneles. Dio mucho que hablar que, alejado el desastre augural, estuviéramos tocando el puerto de salvación sin concretar los beneficiados de tamaño periplo: ¿cuántos?, ¿quiénes?, ¿a costa de qué?

La buena nueva fue especialmente coreada por representantes de la Escuela Pública. Era de ver a los profesores de la “mareaverde”. Sus camisetas –anunciadoras de nuevos brotes–, evidenciaban lo logrado en estos dos años de severa cura adelgazante. Evidenciaban la bajada salarial, el aumento de horas laborales y el crecimiento de los alumnos que ya tenían. No contar con tantos miles de compañeros expulsados al paro –un grandioso ERE en toda regla del Gobierno sobre las tareas educadoras–, sería un nuevo servicio a la Patria pero no necesariamente era un alivio. Como tampoco lo era el que las tasas y becas hubieran empezado a poner a cada familia de alumnos en su sitio natural en la escala de “valores”. No paraban de referirse –atropellados con el relato de Wert y los suyos– a la “autoridad” y premura por sacar adelante una ley –“orgánica”– que dejaría sin valor sus anteriores esfuerzos por la educación. Se enhebraba con la fe eso de que íbamos a tener, por fin, el instrumento de “calidad” para “mejorar” definitivamente la posición de los españoles en los sucesivos informes internacionales, de tal modo que, antes del 2020, ya habríamos conseguido los niveles óptimos de comprensión lectora, cálculo matemático y competencia científica. Pero que esta ley fuera a ser votada definitivamente el día 28 en el Congreso de Diputados, a contrapelo de miles de enmiendas y prácticamente a coste cero, sí que era un milagro que los portadores del lema “Escuela pública de todos para todos” no lograban entender y celebraban a su manera después de dos años de protestas. Menos comprendía nadie por qué, si tan grande era el bien a conseguir, Wert, Gomendio u otros altos cargos de un ministerio tan mimado por Rajoy –en los presupuestos y en la selección de condignos gestores–, no se sumaban con ellos a estas expresivas convocatorias de la Cumbre Social, Mareas Ciudadanas, Tribunal Ciudadano de Justicia y Asambleas del 15-M.

No se solazaron menos otros colectivos agraciados por estos gobernantes y su partido inspirador. Entre gentes de todos los estamentos cívicos y profesionales, ataviadas con los colores distintivos de sus respectivas mareas callejeras en estos años pasados, destacaban de manera especial las batas blancas de los sanitarios y los chalecos verdes de los barrenderos y jardineros, entre otras coloraciones sin adscripción laboral tan palmaria. Ello no impedía que jubilados en ciernes o en ejercicio, premiados con diversos ERES, desahucios y gestiones bancarias, parados de variada duración, funcionarios del Estado y devotos de la Justicia, de la ecología y de la vida en general, pudieran ser identificados de lejos por otros signos demostrativos de sus ocupaciones y preocupaciones. Curiosamente, entre tan plural arcoíris, con abundante rojo y morado, no hay constancia de que luciera algún capisayo episcopal o cardenalicio. Tampoco, que se sepa, los de ternos que destacaran la presencia de ministros, subsecretarios, directores generales y asesores de la Administración o sus equivalentes por escalafón jerárquico en la Comunidad autónoma o la Alcaldía –todos del mismo partido–. Su inexplicada presencia en correspondencia a las ruidosas muestras cívicas, no pasó inadvertida a cuantos recorrieron las céntricas calles madrileñas entre las 12 y las 15 hs., quienes, a pesar de todo, no dudaron en proclamar a menudo sus nombres señeros.

Se interpreta que los mencionados políticos han estimado que el cumplimiento de sus promesas electorales era de estricta obligación y que no venía al caso el compadreo con la calle. Se trataba estrictamente de su trabajo y no de dejarse llevar por los volubles vaivenes de los votantes. La excitación no era ahora de agradecer, razón por la que adquiría coherencia la inminente Ley de Seguridad Ciudadanía, con que se inducirá al máximo de austeridad en este tipo de eventos. Dicen los conocedores de los entresijos coercitivos que modulará esta norma, que la libertad cívica –particularmente la expresiva– se tasará al máximo, de modo que nuestras calles vuelvan a ser modélicas en poco tiempo por lo comedido y recatado del andar y decir de la gente.

En Madrid, la pluralidad elocuente que ha deparado el 23-N fue tal que los asistentes no dudaron en dividirse para que se contagiara su alborozado griterío lo más posible en el tejido urbano. Dos años después de un Gobierno tan eficiente en seguir los dictámenes intervencionistas de la Troika –y tan contentos todos por el control de nuestros “excesos” –, este expansionismo de la soberanía popular por las calles hizo que unos fueran a concluir el festejo en la Puerta del Sol, mientras otros iban, en sentido contrario, hacia la Puerta de Alcalá. Tan alargada área central de la ciudad era una fiesta múltiple que no dejaba rastro en aceras y calles: la Sra. Botella había dado por terminada, en nombre de la última reforma laboral de la Sra. Báñez, la  huelga de limpieza.

En otras ciudades españolas –como Ourense y Zamora–, los analistas dudan de si fue motivo adicional de asistencia a sus respectivas marchas la proyección demográfica que acababa de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Según sus estimaciones, ambas provincias colindantes, seguidas de Lugo, lideraban la progresión del descenso de la población española. Esta resultante de la suma de nacimientos e inmigraciones y de la posterior resta de muertes y emigraciones, reafirmaba una acendrada trayectoria que será imparable en los próximos diez años. Pero, supuestamente, era probable que la divulgación de datos tan primordiales hubiera hecho cundir decididamente entre los todavía supervivientes a la crisis que menos es más, especialmente ahora. Es decir, que muchos de los espectadores y participantes en las manifestaciones callejeras del sábado habrían concluido previamente que con menos población tocarían a más recursos. En todo caso, lo que está por ver después de estos dos años –como en todo lo demás–, es que la gran mayoría real de los españoles no sigamos retrocediendo hasta la inanición en derechos y salarios, en bienestar y concordia de todos con todos.

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