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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El próximo “diálogo” sobre el Estatuto de la Función Docente

Manuel Menor Currás
20-Septiembre-2013

Es una suerte que dijeran que iban a mejorar la Sanidad, la Educación y las pensiones. Por eso no debe ser verdad  que, en este momento, mientras hay un 1% más de chavales en las etapas de la enseñanza  no universitaria –que sube hasta un 5,3% en la demanda de cursos de FP–, esté disminuyendo la inversión en necesidades educativas, no sólo respecto al resto de países de la UE, sino que con relación a los otros miembros de la OCDE el diferencial aumenta un 25%. Tampoco puede ser verdad que el número de profesores de los tramos no universitarios haya disminuido en 20.000: se ha debido equivocar el Boletín del Personal de Servicios de las Administraciones Públicas, que cuantifica en 24.957 el número de puestos de trabajo que han desaparecido en este sector, a los que, además, han de sumarse otros 4321 docentes e investigadores universitarios. Y tampoco debe serlo el que las ayudas para libros a estudiantes que la necesitan haya dejado fuera a 578.000 demandantes, lo que equivaldría a que este género de ayudas al estudio se hubiera reducido un 47%. ¿Qué decir de las becas de comedor, de que cada vez necesitan más niños cuyos padres han sido pillados por la pobreza?

Como todo iba a “mejorar”, nada de esto está sucediendo: es demagogia mencionar tales datos. Peor es que se proteste o convoque una huelga para frenar el deterioro  manifiesto: según quienes viven de tomar decisiones en estos terrenos, ello es “política”, palabra que dicen con particular énfasis descalificatorio. Ha sucedido estos días en Baleares e irá repitiéndose respecto a la huelga convocada para el próximo 24 de octubre por razón de las formas y fondo de la LOMCE. El trámite de esta ley en el Congreso está cantado –al contar con una mayoría obediente de votos–, lo que no hace que sus contenidos y proceso de elaboración haya estado “falto de consenso y de verdadero diálogo” (ANPE dixit), lo que permite augurarle gran inestabilidad de futuro:  como al Código Penal, que se viene modificando casi dos veces al año

Ahora es el turno del Estatuto de la Función Docente, la otra gran reforma que el Gobierno actual pretende sacar adelante. Y puede que lo haga, a cuenta de la misma metodología y de que sus líneas definitorias ya habrán quedado marcadas por la LOMCE, con las dualizaciones que agudiza. En cuanto a pública/privada, laica/católica, comprensiva/selectiva, diversidad/homogeneidad, economicista/integral, cualificada/descalificada, justa/discriminatoria y caritativa, chicos/chicas, estudio/trabajo, participativa/jerarquizada, democrática/aristocrática, la nueva norma dará cobertura a lo que muchas comunidades están imponiendo ya como estatuto real del profesorado. De proseguir adelante el “dialogo” ya iniciado entre Ministerio y sindicatos, ya sabemos cómo quedará articulada legalmente el status de la función docente, de que se ha vuelto a hablar con fuerza desde mediados de julio.

Si algo es previsible en los gestores actuales de Educación es su determinación para dar forma normativa general a sus convicciones exclusivas: se sienten vocacionados a hacer muchos cambios en poco tiempo –y con la arquitectura que siempre han soñado–. ¿Dirán los hados que la eficiencia y durabilidad de tan peculiar afán regulador será mucha? Para ganar tiempo, hablan de “diálogo”, porque bien saben que el profesorado es el fundamento de la calidad educativa. Si tuvieran en cuenta que, entre lo dicho y hecho estos dos años –respecto a los haberes y funciones del profesorado, o respecto a la igualdad cualitativa de la educación–,  hay un largo trecho y, según muchos, un absoluto ninguneo a cualquier otra forma de ver las cosas que no haya sido la suya, medirían más lo que dicen para no ser tildados de trileros. Mal augurio es para este nuevo proyecto de que ahora comienza a hablarse de nuevo –casi al final del tránsito inmaculado de la LOMCE por el Congreso– , que esta especie de clave de bóveda que culminaría la presunta “mejora” sustantiva de la educación española, sea contemplada con un lenguaje y maneras que pretenden la innovación “ex ovo”. Que, además –y al margen de que ANPE y CSIF vayan a secundar las pretensiones oficiales con leves reticencias escenográficas–, los otros sindicatos y organizaciones con más peso histórico empiecen a poner una vez más sobre la mesa las propuestas de fondo, no es nada alentador. Lo vienen haciendo año tras año, al menos desde 2007 –y desde antes–, no es nada alentador.

Conste que incluso podrían retrotraerse a cuanto, entre 1974 y 1976, se debatió en aquella Alternativa para la enseñanza que viera la luz en el Colegio de Doctores y Licenciados  de Madrid. Se exigía allí un reconocimiento explícito del trabajo docente en todos los tramos de un trayecto “unificado” de docencia y enseñanza, desde la infancia a la Universidad, a la par que se hacía una apuesta muy fuerte por la escuela pública. Aquellos debates y propuestas –que pronto chocaron con múltiples inconvenientes  dominantes en las culturas escolares–, bien podrían inspirar el Estatuto de que ahora se habla, por utópico que pueda parecer. Mucho han cambiado actitudes y compromisos, características y aspiraciones de esta sociedad, pero lo cierto es, en todo caso, que de la calidad y calidez que tenga este inmninente debate-diálogo estatutario –con cuantos forman parte de la POLIS o con unos pocos tan sólo– dependerá la calidad de la PAIDEIA propugnada con él, incluida la dignidad de los encargados de llevarla a cabo en los años venideros. Y si no modifica el trato de estos años pasados, todo se quedará en parole, parole...

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