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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿Quién tiene derecho a defender su honor?

José Luis Pazos Jiménez
11-Marzo-2013

Llama la atención que se pueda utilizar un argumento y el contrario con tanta facilidad por la misma entidad o por la misma persona. En estos días estamos asistiendo a ruedas prensa e intervenciones en entrevistas en diferentes medios de comunicación por personas vinculadas con el Partido Popular, bien sea hablando a título individual o en representación del partido. El argumento: el partido tiene derecho a defenderse de quienes supuestamente manchen, o intenten manchar, su honor, y las personas directamente aludidas también. Y es lógico que sea así. Es más, uno de los argumentos es que el derecho a la libertad de expresión no puede amparar la difusión de noticias que no sean ciertas, que no estén contrastadas, que no supongan una información veraz. Y debería ser así.

Pero ¿es así? Es más, ¿se mantiene siempre la misma postura? No, rotundamente no. El mismo partido que ahora argumenta de esa manera, mantiene ante los tribunales las tesis contrarias si le interesa defender a sus responsables cuando son ellos los que se inventan las noticias para intentar desacreditar a otras organizaciones o personas, poniendo el derecho a difundir falsa información por delante del derecho al honor de aquellos a quienes atacan, al menos de momento, impunemente. Para muestra, sirva un botón. El denominado asunto de las “camisetas verdes”.

El Partido Popular de Madrid, por boca de uno de sus representantes, en este caso, Salvador Victoria, responsable jurídico del Partido Popular de Madrid y actual Consejero, entre otras cosas, de Justicia, realizó hace tiempo manifestaciones, protagonizó ruedas de prensa, e incluso presentó, según dijo, una denuncia ante la Agencia Tributaria por un supuesto delito de fraude fiscal, que habría, teóricamente, protagonizado la FAPA Francisco Giner de los Ríos, la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas y la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública. Denuncia ante la Agencia Tributaria que este organismo debió ignorar, puesto que nunca se volvió a tener noticias de la misma. No puede sorprender, no había nada que denunciar, sólo cabía la indiferencia ante tal actuación.

En dichas manifestaciones, que fueron recogidas por diversos medios de comunicación con mayor o menor énfasis en función de la supuesta proximidad ideológica con el Partido Popular de Madrid, se incluyeron nombres de personas concretas, se hicieron vinculaciones políticas de personas carentes de cualquier atisbo de veracidad, se cuantificó económicamente el alcance del supuesto fraude fiscal, lanzando con todo ello una campaña de descrédito de las personas aludidas y de las entidades mencionadas.

Sin embargo, nunca se vio prueba alguna de todo ello, siempre se dijo que ya se aportarían las pruebas más adelante, pero nunca sucedió. Ni tan siquiera se aportaron, como dicen que ocurre ahora con ellos, fotocopias de fotocopias de fotocopias de papeles cuya autoría no se reconoce. El acto de conciliación que estas organizaciones promovieron para intentar que el Partido Popular reconociera que había cometido un error al acusarlas falsamente de fraude fiscal, se saldó con un escueto: no tenemos nada que conciliar y las pruebas ya las aportaremos en su momento. Momento que nunca ha llegado. La posterior demanda ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se zanjó con la inadmisión, dado que no se apreciaban indicios de delito. El recurso ante el Pleno del mismo Tribunal, se liquidó con un: se ha podido cometer una inexactitud, pero no un delito. Es decir, pudo excederse alguien, pero no es suficiente para, al parecer, juzgar el asunto e intentar hacer justicia. Ahora, el tema está pendiente de la posible admisión de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la indefensión que estas entidades piensan que están sufriendo.

Sin embargo, ahora el Partido Popular no se enfrenta a una falsa denuncia sin pruebas, sino a una denuncia en toda regla con pruebas que los tribunales tendrán que valorar si son ciertas o no, y si son suficientes o no para llevar a personas o entidades ante los tribunales. Y, ahora, el Partido Popular recorre el camino contrario. Ahora sí que debe defenderse el derecho al honor de las personas y de su propio partido. Ahora sí que debe cuestionarse el papel del mensajero y puede denunciarse la actuación de algún medio de comunicación. Ahora sí que los tribunales deberían atender las razones y juzgar los hechos para defender el derecho al honor de quienes piensan que están siendo perjudicados. Y las grandes preguntas se agolpan. ¿Qué deben hacer los tribunales? ¿Cuándo les tienen que dar la razón? ¿Se la tienen que dar siempre, cuando argumentan una cosa y la contraria? ¿Tiene más derecho al honor el Partido Popular y sus representantes que aquellos a quienes estos atacan? ¿Se aceptarán las denuncias del Partido Popular? ¿Por qué, si no se hace con los demás? ¿Es igual la justicia para todos?

Una última reflexión. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, que vive principalmente de la financiación pública, salvo que las denuncias de financiación irregular sean ciertas, puede defenderse con el dinero que le aportamos todos con nuestros impuestos y aquellos a quienes atacan tengan que hacerlo con sus propios fondos?

Sólo cabe esperar. Del comportamiento de los tribunales depende, una vez más, que los ciudadanos pensemos que la justicia es igual para todos, tal y como mandata la Constitución Española, o tengamos un nuevo caso para dudar de que ello sea realmente así.

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