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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Se conocen los ejes del pacto educativo, pero no lo que se haya acordado

Manuel Menor Currás
16-Diciembre-2017

Persisten serias dudas respecto a que del documento de bases en proceso pueda derivarse una ley consistente, capaz de generar la mejora de calidad democrática que necesita el sistema educativo.

Fueron 15 los puntos que, desde el día 07.11.2017 han marcado los trabajos prioritarios que, hasta el pasado 13 de diciembre, han ocupado a la Subcomisión parlamentaria a fin de que el Gobierno tenga un documento de bases con que elaborar una nueva ley educativa. Lo primero a señalar como relevante es que un documento de estas características, relativamente aceptable, es una novedad frente a una asentada tradición de once leyes orgánicas alternantes, contrarias entre sí en no pocos aspectos, todas legitimadas no obstante para desarrollar el art. 27 constitucional.

Consenso y disenso

Al recuerdo viene por tal motivo que, al menos en tres ocasiones, se propugnara algún tipo de pacto educativo y que siempre hubiera sido desechado. Esperanza Aguirre se opuso especialmente al propuesto por un conjunto de organizaciones lideradas por la Fundación Encuentro en 1997. Por entonces, andaba a vueltas con su invención de “Las Humanidades” -que tantos votos le traería- y no menos fervor mostraba con la “libertad de elección de centro”, hacia donde pastoreó a los creyentes en el mecanicista ascenso social por el esfuerzo individual en los estudios. Antes de que saliera la LOE en 2006, duras fueron las negociaciones en que anduvo Alejandro Tiana para sacar esta ley adelante. Sonadas fueron las protestas, a su vez, contra un sector de los colegios católicos liderado por el salesiano Manuel de Castro, que se inclinó por un pacto. Pero lo más sonado -y más próximo- fue que, desde 2009, en la etapa ministerial de Ángel Gabilondo, los populares rechazaran lo que prácticamente habían concluido Sandra Moneo y Mario Bedera. La inspiración que venía de instancias tradicionalmente muy asentadas en la educación con sus particulares intereses, y el viento demoscópico a favor, hicieron que, muy pronto, la precocinada LOMCE nos fuera servida en 2013 por la pareja Wert-Gomendio como ultimísimo menú en “mejora de calidad”. Si ahora se ha interrumpido esta tradición de disentir, loado sea lo que acaba de describir Europapress como recambio de lo anterior.

De momento, no obstante, poco más cabe alabar. Si bien la noticia que adelantaba esta agencia el pasado día 12 incluía frente a todo pronóstico que se incorporaría al debate la cuestión de la “Religión”, también añadía que, a los ojos de algún participante, el posible acuerdo en este asunto no pasaría de “ambiguo”, pues debería incluir el cuestionamiento de los Acuerdos con la Santa Sede firmados por España en 1979. No sólo no era el caso, sino que, en el cuerpo de la noticia la agencia incluía el desacuerdo total de un conjunto de 60 organizaciones que, lideradas por Europa Laica, habían planteado para dos días más tarde, la entrega en el Congreso de 54.000 firmas exigiendo su derogación.

Habrá que estar pendientes, pues, de los supuestos que se acuerden en esa área -y en las otras catorce- para ver qué corsés se hayan preestablecido a fin de que la pretendida 12ª ley que rija el sistema escolar de la educación española sea merecedora de mejor consideración que la LOMCE vigente. De paso, columbraremos los resquicios por donde se tratarán de sostener las posiciones diferenciales que, privilegiadas para un sector minoritario de la ciudadanía española, casi siempre han tenido acomodo e, incluso, subvención a cuenta del Estado. Y solo así se podrá concluir si realmente se trata al fin de un pacto social y político o si, ante todo, de un politiqueo coyuntural, amparado en un número relativo de escaños en el Congreso pero insuficientemente arropado por los agentes sociales. En este segundo caso, la inestabilidad ahora existente proseguirá.

Podría ser así y sólo hace falta echar la vista atrás ligeramente: lo supuestamente pactado hace cuarenta años, en el artículo 27 de la Constitución, no pasó de ser un genérico consenso básico, pero “no político” propiamente, pues de inmediato todos los firmantes desintieron de él. Como ya estudió Manuel de Puelles en 2007, Oscar Alzaga, por ejemplo, había dicho en julio de 1978 -en el momento de presentar enmiendas-, que el acuerdo podía ser “suficiente” pero no satisfacía en su totalidad a nadie, por lo cual “UCD va a combatir en este Parlamento para que, por la vía de legislación ordinaria, se cumpla su programa electoral y su programa educativo”. En el Diario de sesiones del Congreso de aquellos días constituyentes también puede leerse, junto al distanciamiento del PSOE respecto a lo que había establecido en su XXVII Congreso -en diciembre de 1976-, cómo Luis Gómez Llorente presagió que “los principios que informan el art. 27 “pueden dar resultados muy diferentes según quien sea el Gobierno o quien sea la mayoría parlamentaria”. Ni siquiera hicieron falta dos años para ver cómo lo que la UCD plasmó en la LOECE, reafirmaba los desacuerdos profundos que venían del siglo XIX y que culminaron con los decretos que, desde los inicios del golpe militar en 1936, se tomaron para el sistema educativo que regiría los aprendizajes de las niñas y niños españoles.

Qué pesa sobre lo que pasa

Ha de disculparse pues, el escepticismo que, si no hay más explicaciones, produce la sugerencia de que la Religión va a perder la posición privilegiada que tiene todavía en la LOMCE. No consta que la Conferencia Episcopal Española se haya mostrado receptiva a los datos que proporciona la encuesta de juventud que se ha promovido recientemente desde el Vaticano, ni tampoco ante la que la editorial de los religiosos marianistas, SM, acaba de hacer pública. Y las dudas se encadenan sin motivos serios para desaparecer. ¿Ha cobrado cuerpo en la CEE el arrepentimiento por la serie de medidas que, en nombre de la fe, hicieron subir sus mitrados al Boletín Oficial del Estado -o antes, a la Gazeta de Madrid y al Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España- con el fin de que lo que se enseñara en las escuelas no tuviera el menor atisbo de duda o de torpeza? ¿Se ha abierto camino, al fin, la doctrina que, en 1964, inspiró algunos de los mejores textos del Esquema XIII, Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II? ¿Ya han recatequizado a los casi 18.000 catequistas que, dentro de los espacios y tiempos escolares, ejercen, pagados por el Estado, adoctrinamiento religioso? ¿Los 122.000 euros que, según contaba El Mundo el pasado día 11 de diciembre, gastó Lucía Fígar para mejorar “su imagen personal” en los medios, más allá de los circuitos de correligionarios cielinos, volverán pronto a donde debían haberse empleado?

Tampoco, sin que se conozca el texto definitivo que vaya a remitir la Subcomisión al Ministerio en los otros capítulos, puede decirse que lo que se esté pactando vaya a ser un acuerdo leal y consistente. Un capítulo sensible como el de los equilibrios entre la enseñanza pública y privada no se salda simplemente con decir que el papel de la primera es “fundamental” en la sintaxis de ambas dentro del sistema educativo español. El término es suficientemente equívoco como para dejar el panorama similar al de subsidiaridad existente, y con la tendencia creciente a la desmejora de la red pública, mientras en paralelo prosigue intangible su conversión a las iniciativas que la privacidad empresarial vaya acrecentando en los espacios urbanos mejor posicionados. Bien está, por otro lado, que se hable en el citado documento conclusivo acerca de los “conciertos educativos”, de la “inspección”, “equidad e inclusión educativa”, “educación especial”, “convivencia escolar”, “ratios por aula”, “éxito escolar”, ”objetivos”, “refuerzos y apoyos”, “detección temprana, diagnóstico, metodologías y evaluación”, el acceso a la profesión docente”, “participación de la comunidad educativa” y, además de cuestiones curriculares, la financiación básica y cuestiones relativas a la formación profesional. En principio, parece que por fin existe un mapa de asuntos relevantes que pesan sobre la enseñanza escolar y, si no está completo, comprende al menos buena parte de los más urgentes sobre los que lo coherente sería consensuar exigentes políticas democráticas.

No obstante, sin la descripción concreta de estos descriptores genéricos, también en estos ámbitos proseguirán vivas las tentaciones del escepticismo. Esperemos que, al menos, quede en entredicho de este modo la cantidad de olvido y desprecio que han debido sufrir cuantos en estos años han persistido en tomar en cuenta estos asuntos -y otros concatenados-, ya fueran profesores, sus asociaciones y sindicatos, ya, igualmente, algunas AMPAS y sindicatos estudiantiles. Y al mismo tiempo, no se ha de olvidar que cuestiones tales como la Educación infantil, la dirección de centros o la formación continua del profesorado, el sentido del para qué educar, la educación para una convivencia cívica, o el compromiso que el artículo 27.5 de la Constitución fijó al Estado para ofertar plazas públicas suficientes, no hayan tenido visibilidad suficiente en la noticia de Europapress. ¡Ojalá no encuentren trabas en la redacción definitiva del documento, y menos en su ejecución -tanto en el sector privado, como en el concertado y el estrictamente público-, bien porque se quiera sostener la misoginia hacia las cuestiones de género o bien se desprecien las de índole cultural y socioeconómicas, causantes unas y otras de inequidad escolar!

Desescombro

En este itinerario de pactos y consensos políticos, no todo es enunciar ni tergiversar el lenguaje; más provechoso sería actuar con determinación, conocimiento y constancia hasta la extirpación de las necesidades de todos los ciudadanos. Esas tres cualidades no han solido cumplirse en las mejores normas que en su abundante patrimonio legislativo tiene la historia educativa española. Siempre ha fallado alguna cuando no las tres, y lo que suele detallar la prensa de asuntos corrientes tampoco es de buen augurio. Si con la reforma constitucional del artículo 135 se confirmó la tendencia a la desaparición del Estado social, para quedarse en un Estado mínimo al servicio del orden que impone la economía globalizada y sus agentes, 15 minutos de determinismo de estas instancias en 2011 bastaron para reducir los créditos a la deuda pública a una situación de carencia para atender las necesidades de los más débiles. Un tercio largo de la población sigue teniendo problemas con la vivienda, el empleo digno, las pensiones, los incumplimientos de la Ley de dependencia..., pese a un supuesto crecimiento económico que El Roto desmenuza en El desescombro, selección de viñetas con que en 2016 analizó la moral política y ciudadana que se desprende de estos conflictos. Cifuentes, aventajada discípula de Aguirre en estos asuntos, encaja en ese paisaje. Niega los problemas que genera su recortada asistencia sanitaria o, ya en el plano más educativo, la vemos reduciendo drásticamente la financiación de algunos conservatorios. Y mientras, acusa a los sanitarios de generar “alarma social”, acusación que ha extendido a cuantos -aunque sean sus propios aliados- denuncien algún género de deficiencia. Compite con ella Beatriz Gascó, portavoz actual del PP para asuntos educativos en las Corts valencianas, y probable ejemplar para alguna viñeta de Rábago: un informe sobre supuestas comisiones ilegales revela que estuvo cobrando un año de la empresa que les construía los colegios, CIEGSA, una sociedad pública que llegó a acumular 1000 millones de deuda.

Las fragilidades en que se mueve esta supuesta mejora democratizadora de la enseñanza han quedado muy patentes el mismo día en que culminaba el debate del Congreso de Diputados: el Consejo Escolar de la Comunidad madrileña emitió ese día una señal desasosegante. Con la ausencia discordante de los representantes de la comunidad educativa, aprobó un preacuerdo de tal cariz que UGT no sólo acabó pidiendo “volver a sentarnos a debatir el Acuerdo Educativo”, sino que la Consejería -cuyas decisiones tanto pesan en muchos otros puntos de España- “ofrezca una posición abierta y receptiva a las propuestas de nuestro sindicato”. Las discrepancias con el contenido -y la pretensión de que allí se marcara la pauta al pacto de Estado- también fueron compartidas por CCOO-Madrid.

Y rebajas

En consecuencia, las pretensiones pactistas de Méndez de Vigo han de ponerse provisionalmente entre paréntesis. De tanto postureo puede que sólo quede una aleatoria ineficiencia para que al sistema educativo existente le alcancen los cuidados del conocimiento y la perseverancia que tanto necesita. Pese al mágico virtuosismo que transpira el anhelo de “pacto”, no cejan los ejemplos de lo canijo y contrahecho que puede resultar. La norma que -a imitación de la que hay en Murcia y La Rioja- proyectan en Baleares para las escuelas infantiles es paradigmática de cómo atender las muchas necesidades que en estos años perdidos se han acumulado. Alguien ha tenido la maravillosa idea de jibarizar la riqueza democratizadora de este nivel educativo achicándolo conceptualmente como “guarderías infantiles”, en que ni sean obligatorios más de 1,5 metros cuadrados por niño, ni luz natural. Esta política educativa pronto debiera ir acompañada de un cursillo prematrimonial como los de antaño, para que los futuros papás de liliputienses medios económicos interiorizaran a tiempo lo equitativa que puede ser una plaza pública en esa “guardería” para sus posibles vástagos. Suerte, pues, con la preceptiva literaria del pactismo educativo que está en marcha: la sobreatención a la Generalitat catalana ampara las rebajas.

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