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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Tres proposiciones de ley pretenden modificar la LOMCE mientras vemos si el pacto educativo se alcanza. ¿Lo ponen en peligro?

José Luis Pazos Jiménez
27-Septiembre-2017

El pasado 22 de septiembre, sepultadas a nivel informativo por todo lo vinculado a lo que está sucediendo por la convocatoria del 1 de octubre en Cataluña, se han publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados tres proposiciones de ley (157, 158 y 159) presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Dicha actuación ha sido cuestionada por otros grupos parlamentarios bajo el argumento de poner en peligro el pacto educativo pero ¿debe verse así?

Con la libertad personal que desde ahora tengo para expresar mi opinión y no la posición oficial de organizaciones a las que hasta hace poco representaba, reflexionaré sobre ello, al igual que tengo la intención de hacer en el futuro con todo lo que me parezca de importancia suficiente en el ámbito educativo. Seguro que habrá muchas cuestiones que abordar pero estas tres proposiciones son una ocasión magnífica para empezar.

En las tres proposiciones se pueden encontrar cambios muy importantes que pretenden: eliminar la subsidiariedad que la LOMCE ha impuesto a la escuela pública respecto de la privada concertada; eliminar la segregación por sexos en los centros educativos; la separación temprana en itinerarios desde tercero de la ESO; recuperar la educación en valores sociales y cívicos; eliminar el valor académico de las enseñanzas religiosas y la obligación de cursar una materia alternativa a las mismas; garantizar que el alumnado que curse la ESO mediante los programas de mejora que establece la LOMCE, podrán realizar el cuarto curso con las medidas que les permitan realmente obtener el título de la ESO; recuperar las competencias de los Consejos Escolares de los centros educativos y darle a los directores y directoras de los centros las que realmente les deben corresponden; recuperar un proceso democrático en la elección de los directores y directoras de los centros educativos en el que pueda participar realmente toda la Comunidad Educativa; y realizar una lectura mucho más adecuada de lo que debe entenderse por fomentar la calidad de los centros docentes.

Como se puede ver, son muchas y muy importantes las cuestiones enumeradas con anterioridad. Y son muy importantes, no porque me lo parezcan a mí, que efectivamente también es así; lo son porque son cuestiones medulares que salen en todos los debates educativos que se producen sobre qué cuestiones deben modificarse para unos y mantenerse para otros cuando vea la luz la nueva ley educativa. Desde este punto de vista, bienvenidas sean las proposiciones, harán que se debata sobre todo ello en el Congreso.

¿Deben modificarse ahora o hacerlo pone en el peligro el anunciado pacto educativo?

Las proposiciones han cosechado críticas de algunos grupos parlamentarios y entidades educativas, argumentando que actuar al margen de la Subcomisión de Educación era saltarse sus trabajos y poner en peligro el posible pacto educativo que se dice estar buscando.

Resulta curioso que quienes así se han manifestado tienen posiciones contrarias a lo que plantean dichas proposiciones de ley, pero que estén desacuerdo con su contenido no invalida su crítica por supuesto, es completamente legítima. Lo importante no es si están o no en contra de lo que se propone, lo que es importante es si realmente existe ese peligro y deberían haber permanecido en un cajón hasta que el pacto educativo se dé a conocer, aportándolas en todo caso solo a la Subcomisión.

Obviaré ahora si de la Subcomisión sacaremos realmente un pacto o no, y si el mismo será positivo o no para el modelo educativo que yo defiendo. Ya lo veremos en su momento. Me centraré solo en la afirmación de que lo pone en peligro porque debería abordarse dentro de la Subcomisión y no al margen de ésta.

Si repasamos las declaraciones de integrantes de los grupos parlamentarios que ahora cuestionan las proposiciones, veremos que dijeron expresamente que determinadas cuestiones debían dejarse a un lado si se quería buscar realmente un pacto. Entre las que enumeraron se encontraban precisamente: la relación entre la escuela pública y la privada concertada; la enseñanza religiosa; la segregación por sexos, denominada eufemísticamente “enseñanza diferenciada”; y la democracia escolar.

Pues, si debían dejarse al margen de los trabajos de la Subcomisión, no es aceptable que ahora se argumente que no se toquen estos puntos hasta que vea la luz el pacto porque todo lo que se quiera debatir debe ser en dicha Subcomisión. O se habla de ello dentro la misma, o se hace fuera, pero no es aceptable que no se pueda hacer nunca. Por tanto, reitero mi bienvenida a las mismas para debatir en el Congreso sobre cuestiones muy importantes que están perjudicando gravemente la educación de nuestro país.

No obstante, tengo una discrepancia

Que exprese mi apoyo a la presentación de estas tres proposiciones de ley, con las que estoy básicamente de acuerdo, me lleva a destacar una discrepancia que tengo respecto de lo dicho en una de ellas.

En la numerada como 159, concretamente en la modificación que se propone al artículo 122 bis, relativo a las acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes, se puede leer en su apartado 2 que la nueva redacción debería decir que “Dichas acciones comprenderán el impulso, reconocimiento y difusión de buenas prácticas que tendrán como objetivo fundamental incrementar el éxito escolar y reducir el abandono escolar temprano, desde los principios que supone la educación inclusiva con el fin de dar respuesta tanto al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.”

Pues bien, comprendiendo lo que se quiere decir, no puedo estar de acuerdo con la redacción dada a su parte final “ tanto al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como al alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender”, ya que parece indicar que el alumnado que tiene mayores dificultades de aprendizaje tiene menos capacidad que el que no las sufre, y que el tiene estas dificultades está menos motivado. Rechazo de plano ambas relaciones directas. Si bien es cierto que puede ser así, no puede decretarse unidas siempre ambas cosas porque no es cierto.

Todos conocemos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje que tienen la misma capacidad o incluso superior a quienes no tienen dichas dificultades, porque tenerlas no es solo ni siempre una cuestión de capacidad. Además, no existe una sola capacidad a tener en cuenta y todas las personas somos muy capaces de hacer determinadas cosas e incapaces de llevar a cabo otras.

Y también conocemos alumnos y alumnas que tienen dificultades de aprendizaje pero su motivación les lleva a superarlas, mientras que otros sin dificultades no tienen la motivación que se supone que deberían tener hacia su proceso de aprendizaje en la escuela actual.

Por tanto, entendiendo lo que se quiere decir en el apartado mencionado y compartiendo el fondo de la cuestión, considero que la redacción es muy mejorable, lo que sin duda puede suceder en la tramitación parlamentaria, la cual, como he dicho, a mi juicio debe ser bien recibida.

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