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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿Acuerdos pragmáticos y revisión del artículo 27 de la Constitución?

Manuel Menor Currás
17-Septiembre-2017

Se reanudan los trabajos de la Subcomisión parlamentaria por un Pacto educativo. También la expectativa de que no aumente la decepción.

El comienzo del otoño viene coloreado este año de cansancios y olvidos que, si no se remedian, alcanzarán más pronto que tarde cambios climáticos nada propicios para la convivencia colectiva. El problema no es del día 1-O, sino de lo que seamos capaces de armar desde el día siguiente. Las circunstancias que han propiciado ese momento hosco habrán de revisarse a fondo si se está por fomentar una unidad consistente de los distintos territorios que merezca la pena. De proseguir el itinerario emprendido para este duro presente será difícil restablecer unas condiciones en que todos se sientan parte de lo mismo: es evidente que con el mero recurso a la legalidad ordenancista no es suficiente.

El reglamento

La decisión de recurrir constantemente a la intangibilidad de lo legislado en otro momento nunca ha sido suficiente para atender a las variaciones que la necesaria evolución de los acontecimientos haya ido imponiendo de continuo. Ni siquiera en la etapa franquista fueron capaces de sostener aquel tinglado sin adaptaciones reformistas de lo suyo. El paso del tiempo y el peso de lo que en otra circunstancia era irrelevante pero que ahora tiene relieve -o la necesaria variabilidad de los componentes que intervienen en las modulaciones de las formas de vida- hace imprescindible que las decisiones políticas se acompasen al ritmo de ese torrente vital. Salvo que se prefiera la obsolescencia que impone el atenerse a la literalidad reglamentista, pese a que pueda erigirse en motivo rupturista.

Esta actitud suele ir acompañada de planteamientos conceptuales absolutos. Es propia de los poseedores exclusivos de la certeza, nada propicios para compartir ni acompañar en el camino vital a otros. Este tipo de determinaciones políticas las generan gentes y grupos que resultan beneficiados con que todo siga intacto. Incluso en coyunturas formalmente democráticas favorecen su posición dominante y se corresponden mejor con su manera de procurar que los demás se atengan a lo que ellos deciden que es la verdad.

El pretexto y la ocasión puede ser cualquiera, pero la actitud siempre es la misma y, de inmediato, las posiciones que se producen suelen ser muy antagónicas, casi siempre abocadas al desencuentro y a la imposición más o menos arbitraria. Da igual: siempre maduran mediante la intimidación de la fuerza y la escalada del miedo. En este momento, la cuestión que ocupa casi todo el escenario mediático es la de las relaciones con Cataluña. Pero no se debiera olvidar que, simultáneamente, hay asuntos de tanta o mayor importancia que están siendo ocultados a la atención pública a causa de esta urgencia. Entre otros, la precariedad de los pocos empleos que se generan, las distancias sociales crecientes o los derechos sociales disminuidos. La cuestión de la enseñanza pública, en creciente asalto de las privatizaciones y recorte de medios, no es asunto menor. Y tampoco lo es que todo ese conjunto de desatinos e incertidumbres, que ha de sufrir especialmente la mayoría del pueblo llano, haya de convivir con los perjuicios que plantean los casos de corrupción y asalto al erario público, con la derivación hacia un creciente desapego ciudadano hacia la vida política.

La cronificación de los recortes

A la España de 2017 le sucede algo muy similar a lo que acontece con el curso escolar que lleva el mismo guarismo. Es más: lo que está aconteciendo en ese microcosmos de la educación es una metáfora de lo que sucede en otros planos más amplios. La LOMCE -la ley vigente- sigue en vigor pregonando la “mejora del sistema educativo”, pero la inversión se congela y los recortes se cronifican. Lo que equivale al truco de siempre: lo bueno, bonito y barato siempre perjudica, sobre todo, a los más débiles y más crédulos. Si en relación con el PIB la evolución del gasto público educativo ha bajado desde 2009 hasta ahora sistemáticamente, pese al supuesto crecimiento final de este indicador; si entretanto se ha sostenido e incluso se ha acrecentado levemente el de los conciertos educativos, cosa que en Madrid, Cataluña o Valencia, ha sido más contundente; si el alumnado matriculado en los centros públicos ha ido en aumento en estos mismos años desde 2009; si el gasto público en atención a la diversidad ha servido para afianzar la desigualdad; o si han disminuido los becarios, las becas y sus cuantías y, además, no se recupera el empleo docente y aumenta su temporalidad pese al acuerdo firmado en marzo de 2017, no se puede decir que España vaya bien, ni que todo sea cuestión de unos problemillas que estamos a punto de resolver con las reformas emprendidas.

Lo que sugiere lo acontecido con los asuntos educativos es que hay problemas de fondo, más estructurales, que no se arreglan, como se pretende, con un juego terminológico que remita a la legalidad vigente. El diálogo político atento a los problemas de todos es más duro e incómodo, pero es lo que se echa en falta si de una España de todos se habla, pues las diferencias en financiación, infraestructuras y servicios son muy dispares de unas Comunidades a otras. Y de entrada hay que añadir, además, que los costes de esta crisis que venimos soportando desde 2009 ha sido soportada sustancialmente, en unos y otros territorios, por los grupos sociales menos favorecidos, como hace visible el Informe FOESSA-2017 sobre “Desprotección social y estrategias familiares”. El análisis de la inversión pública en educación que acaba de hacer púbica FE-CCOO con motivo del inicio de este curso académico incide en que es el derecho universal a una educación digna el que los más débiles no han logrado disfrutar, mientras otros segmentos sociales apenas han notado su carencia. En definitiva, entre relatos y contrarelatos, lo constatable es la desigualdad de trato y el poco interés en ponerle remedio ajustado.

Acuerdos concretos para un pacto

Manuel de Puelles acaba de recordar en la Subcomisión parlamentaria por el Pacto Social y Político en Educación la irresistible seducción por solucionar cuestiones relevantes con la mera legislación. Tal tentación no ha impedido que nos encontremos con problemas de difícil solución si no se alcanzan, al menos, algunos “acuerdos pragmáticos concretos” ni si, en el medio plazo, no se revisa lo acordado en el artc. 27 de la Constitución. Puede que no sea este el momento adecuado para tener en cuenta los incumplimientos. Pero es que desde 1978 nunca hemos tenido tiempo para ello, lo que en sí mismo constituye un problema más serio: en casi 40 años -tantos como los de la etapa franquista- no se han logrado casar satisfactoriamente dos pretensiones primordiales en un sistema democrático como la universalidad y la igualdad educativas en libertad.

Sin entrar en un acuerdo en profundidad del artículo 27, siempre que las partes ansíen de verdad un pacto educativo el no plantear ahora un cambio constitucional “no resta, sin embargo, la posibilidad de llegar a un acuerdo en la interpretación de este artículo”. En esa dirección, se ha de ser consciente, de todos modos, de que no es la primera vez que se sueña con un pacto en este ámbito. El incumplimiento de lo pactado en la Constitución hizo que se intentara en 1997, y que lo rechazara Esperanza Aguirre; también lo propuso el Consejo Escolar del Estado en 2004, con Marta Mata todavía en su presidencia; y volvió a tratar de lograrlo Ángel Gabilondo en 2009 sin que lograra sacarlo adelante. E igualmente se ha de advertir que, para lograr algo efectivo y no meramente cosmético, en esta Subcomisión hace falta algo más que formalismos. En lo que le reste de trabajo, no debiera convertirse en mera catarsis particular, reducida a oír voces contradictorias. Peor sería que se quedara en dilación de pura distracción, nada terapéutica.

Se podría empezar, en consecuencia, por “fijar los procedimientos para los acuerdos y consensuar las propuestas de contenidos de esos acuerdos concretos”. Si el theatron griego era un espacio para ver y la paideia lo que todo ateniense debía saber, la experiencia visual y auditiva que proporcione esta Subcomisión parlamentaria propiciaría de este modo el clima adecuado para establecer las políticas que permitan mejorar el sistema educativo en el sentido de cumplir lo que, en principio, trató de casar el artc. 27: su igualdad en la libertad.

Esperemos que este curso sea más fructífero en esa dirección y que, para ejemplo, la LOMCE sea derogada pronto. De no seguirse esta secuencia propiciadora de la filía o fraternidad democrática, la educación española seguirá haciendo contemplar desajustes derivados de la inequidad creciente que privilegia. Pese al espectáculo que acaba de reanudarse en el Parlamento, seguirá traduciendo un entendimiento sesgado de la libertad de enseñanza, por aristocratizante y segregador. Bien merece la pena limitar el malestar híspido y displicente que, en vísperas del 1-0, se vive estos días especialmente en la historia particular de Cataluña y, por reflejo, en el resto de las comunidades españolas. Para algo útil debiera servir esta mala experiencia.

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