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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

En septiembre vuelven a ser patentes las desigualdades del sistema educativo

Manuel Menor Currás
9-Septiembre-2017

Nuestra versión universalizadora de los derechos educativos sostiene múltiples resabios de diferencia, segregación e, incluso, exclusión. De entrada, tiene dos -o, según se mire, tres- redes bien distintas.

El mes de septiembre es el que mejor muestra una de las desigualdades más persistentes en España a lo largo de la edad contemporánea y actual. Antes de 1857, se correspondía con las características económicas y sociales que marcaba la rígida y jerarquizada sociedad del Antiguo Régimen. Incluso las superaba, pues pocos -y especialmente muy pocas- eran quienes tenían acceso al conocimiento. Y desde 1857, en que Claudio Moyano hizo la primera ley general de Educación, hasta el presente en que tiene vigencia la LOMCE, seguimos manteniendo, con apariencias ligeramente diferentes, un amplio paisaje de desigualdades en la prestación de los medios adecuados para dar cobertura a este derecho esencial de acceso al saber. Verdad es que se ha logrado la escolarización universal pero, pese a todo, la educación que reciben unos y otros españoles dista mucho todavía de tener las características de la equidad como supuestamente se pactó en la última Constitución.

Duplicidad, no igualdad

Desde antes de la ley Moyano y a lo largo de los 160 años últimos, la estructura del sistema educativo español ha tenido siempre una amplia duplicidad, atenta a la reproducción de características sociales muy diferenciadas. En la etapa de la II República y en la dinámica de lo acontecido en Francia y otros países, se intentó reducir el desequilibrio, pero en los 40 años que siguieron hasta la Constitución de 1978 se fortaleció la situación previa, de modo que cuando se debatió el artc. 27, el peso que tenía la enseñanza privada en el conjunto del sistema educativo español -en gran medida propiedad de congregaciones católicas-, fue muy superior al de quienes defendieron la escuela pública. Esto explica que fuera redactado de modo ambiguo y, sobre todo, que de entonces a hoy sigamos con evidentes diferencias entre ambas redes y, lo que es peor, con una fuerte propensión a reducir, desde los años 90, los recursos de la red pública. En un reciente informe de FE-CCOO, puede seguirse gráficamente en detalle la secuencia de esta disminución desde 2009, tanto en personal como en medios para atender a los ciudadanos más desfavorecidos. Pese a que la crisis ha hecho aumentar los demandantes de educación pública, la tendencia es que, en el afán de reducir costes, los presupuestos han favorecido a la enseñanza privada mientras los de la pública han disminuido. Ha sucedido especialmente en la atención a la diversidad, las becas y las ratios por aula.

En la primavera, los padres primerizos dedican parte de su tiempo a buscar información para que sus vástagos tengan acceso a lo que consideran una buena inversión de futuro. El boca a boca suele ser el medio más prestigiado para decidir a dónde se lleva al niño o, sobre todo, a la niña. La publicidad escolar también hace lo suyo: prolifera entonces de manera más aguda para idealizar las cualidades que tienen determinados centros. Un brillo al que los rankings de centros que algunas comunidades han impuesto también contribuye. Así se ha ido configurando una fuente documental de primer orden para observar cuáles son las preferencias de este mercadeo y cuáles sus pulsiones cambiantes a fin de que la demanda escolar tenga una ficción referencial. Convertida la escolarización en mercancía, la demanda suele acabar ajustándose a lo que la oferta proporciona. La pluralidad que ofrecen instancias privadas diversas, en que el negocio suele mezclarse con razones ideológicas predominantemente religiosas que lo fortalecen, es relativamente amplia, pues da acceso -con variaciones crecientes según etapas y comunidades autonómicas- a más de un tercio de la población en edad de escolarizar, perteneciente en su gran mayoría a las clases medias y medio altas.

Tras la ardua decisión y el cálculo de oportunidad pertinente, para los padres más preocupados septiembre viene a ser ya el momento de comprobar de qué vaya el producto que hayan elegido, sobre todo si han decidido llevar a los niños a la enseñanza privada o concertada. Disfrutan estas en menor o mayor medida del dinero público, pero conviene no olvidar que la red pública también la pagan los ciudadanos, aunque por la vía presupuestaria. Quienes por razones económicas o de muy meritoria elección personal han decidido enviar sus hijos a este subsistema no suelen tener en septiembre una tensión tan estricta con la rentabilidad de su elección inversora. Nadie les quitará, sin embargo, que, cuando hablan con allegados o familiares, les surjan de la gama del prestigio y demostración social dudas de si habrán hecho lo correcto.

Reproducción más que educación

Vista históricamente, entre las condiciones de nuestro sistema educativo, la de la desigualdad sigue siendo una de las más significativas. Si para que desaparezca hemos de esperar el mismo tiempo que llevó universalizar la escolarización, nos queda todavía para rato. En 1989, estaba lograda hasta los 14 años y, en torno a 1996 -después de que se ampliara a los 16 en un momento en que la educación pública tuvo un fuerte impulso- se alcanzó esa preciada aspiración de los más ilustrados del XIX. El problema es que en muchos casos no se ha sabido bien qué hacer con ese crecido tiempo de la escolarización y que, entretanto, han pervivido muchos recovecos del sistema para mantener la diferencia. Uno de los más sutiles y astutos, por ejemplo, ha sido el de la “igualdad de oportunidades”, constructo en que -como explicó Ángel Puyol en 2010- escondió Napoleón para su delirio imperialista las aspiraciones de millones de individuos que, antes de la Revolución, estaban condenados desde antes de nacer, a seguir soñando con la posible emancipación. En realidad, la carrera abierta a los más talentosos bajo un rubro distinto del linaje persigue aprovechar al máximo -eso es el esforzado meritaje- las posibilidades de mayor rentabilidad social, política y económica. A cambio, sigue dejando fuera de juego a la gran mayoría de individuos, y más en tiempos de crisis.

Por su parte, José Saturnino Martínez acaba de publicar La equidad y l a educación, en que incide sobre las inequidades actuales que cabe deducir de un riguroso análisis estadístico. Buen momento, pues, el de este septiembre para reconsiderar el carácter discriminatorio que sigue mostrando el sistema educativo español, donde un 33,3% de críos está en clara situación de desventaja social y en grave riesgo de pobreza educativa. Ahí sí que no ha llegado en modo alguno la supuesta bonanza del crecimiento económico. Comunidades como la madrileña, de nivel alto en su contribución al PIB, siguen siendo paradigmáticas en cuanto al maltrato hacia la escuela pública en beneficio creciente de la privacidad educadora. Valga de prueba lo que en este septiembre tienen que soportar los padres de miles de niños sin posibilidad de “elección de centro”, ese ideologizado eslogan que tanto instrumentó Esperanza Aguirre y que sigue utilizando agresivamente Cifuentes. Han aumentado las subvenciones a colegios que segregan por sexos. Hay unos 19 centros escolares en obras donde, incluso, empezarán las clases en barracones. Persisten bastantes “centros de difícil desempeño” y, además, en una precariedad laboral donde hay profesores interinos, como Eloy Garavís, que ha circulado durante un mismo año académico hasta por siete centros diferentes.

En este septiembre sigue urgiendo replantear, por tanto, las políticas educativas que se llevan a cabo. Sobre todo, las que induce el MECD con legislación y proyectos como el de un “pacto” en que este tipo de cuestiones ni se mencionen o lo hagan de manera tan suave que todo siga como ha sido. La pretensión del PP de preservar y aumentar los privilegios de los conciertos educativos y otras subvenciones a centros privados, es la regresión perpetua. No se contentan con que los derechos educativos se reduzcan a preservar en puridad las reformas que había puesto en marcha la UCD, particularmente la LOECE (1980). De ser posible, tratarán de ir más atrás: para los más conservadores, la ley de 1970 habría sido el origen de la “gran estafa” educativa. También las primeras huelgas obreras de la etapa franquista llevaron a decir a algunos: -“¡A dónde vamos a parar; si hasta los obreros quieren vestir abrigo!”.

Igualdad y propiedad

La igualdad sigue siendo, en todo caso, un indicador esencial para entender de qué van la calidad educativa o la democrática en general, aunque el fondo de esta cuestión ya quedó sentenciado en la peripecia acomodaticia que adoptó la Revolución Francesa antes de que terminara el siglo XIX. Roberspierre, para quien la pobreza era incompatible con la independencia personal que presupone ser ciudadano, antes de que le estigmatizaran sentenció que el derecho más imprescindible del hombre es el de existir: “la primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todas las demás se subordinan a esta”. Ahí conectaría el de la educación, imprescindible para no ser esclavo de múltiples formas de dominación y dependencia. Sin embargo, como analiza Puyol, el triunfo de los intereses burgueses sobre los del estado llano en esa Revolución tan crucial hizo pronto que el significado de libertad e igualdad se acomodara a las exigencias de aquellos. “La libertad” se redujo a la libertad económica de los propietarios; “la igualdad” se transformó en formalista igualdad ante la ley, por mor de la seguridad jurídica contractual. Y de “la fraternidad”, el otro gran referente, patente es que ha quedado más proclive a la aleatoria continuidad de la beneficencia particular que a las exigencias de una justicia distributiva. En cuanto a la propuesta de la igualdad de oportunidades antedicha, a la vista está lo lejos que nos encontramos de erradicar las contradicciones que nuestro sistema educativo acarrea

Ahí seguimos en este septiembre, cuando arranca este nuevo curso académico y el imaginario nacionalista pretende distraernos con otras nostalgias. Sus cómplices, que ahora se rasgan las vestiduras, tanto guerrearon con que España se rompía que no se sabe dónde están en vísperas del 1-O. ¿Andarán buscando los 40.000 millones de Euros que dijeron no pesarían sobre el erario público? ¿Por qué se amparan en neolenguajes vacuos para que no nos fijemos en que promueven descarnadas asimetrías sociales y que, en coherencia, la escolarización pedestre que patrocinan no tiene interés alguno en una equidad digna para todos?

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