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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿La “mejoras” educativas de la LOMCE serán cuestionadas pronto en el BOE?

Manuel Menor Currás
17-Noviembre-2016

Ha llegado el momento de reconocer a organizaciones sociales, sindicales y plataformas como MAREAVERDE, sus reivindicaciones por una buena escuela pública. Indicaría, al fin, voluntad de “dialogar” en serio.

Dentro de la inminente “era Trump” que se avecina es un consuelo que se haya podido cumplir -al menos en pequeña dosis- lo que en julio de 2013 habían prometido hacer los grupos de la oposición. El proceso de elaboración de la LOMCE y su paso por el Congreso había sido tan expeditivo a cuenta de la amplia mayoría que el PP ostentaba que, como fórmula dialogada para enseñar a la mayoría de niños y adolescentes actuales, resultó muy inadecuada, difícilmente defendible además técnicamente si no se hace trampa.

Pérdida de tiempo

Entró en el BOE como imposición monologante de una minoría social satisfecha de reafirmar viejos hábitos que poco tienen que ver con las demandas de hoy. Se pone así de manifiesto que la derogación de la LOMCE exigida el 5 de octubre y, en parte lograda el día 15 de este mes en el Congreso -cuando el apoyo parlamentario a Rajoy no es el que era-, evidencia una contradicción que, el nueve de diciembre de 2013, cuando fue aprobada, ya era visible. En democracia, pronto acaba por ser ineficiente legislar con prepotencia y mejor es “dialogar” al máximo. El cortoplacismo evidencia que embobar a la ciudadanía con apariencias de “mejoras” como las propugnadas por la LOMCE, ha sido un modo de perder el tiempo. Una táctica, por demás, de pautas reconocibles: llamar la atención sobre un asunto relevante, incrementar su desgaste con los conocidos métodos que ha explicado Naomí Klein, presentarse como salvador omnisciente ante los más afectados y que quede expedito el camino para que luzca, bien resuelto y atento, el guía político. Si el problema elegido para lucimiento del líder va mucho peor de lo planificado, con las sofisticadas técnicas de marketing disponibles y sobrado apoyo mediático, se puede llevar la atención del público casi a donde se quiera. Y si al final hubiera resultado que es imprescindible desandar todo o gran parte de lo recorrido en vano, nadie será responsable. Los que hayan luchado a la contra pueden, incluso, ver el nuevo horizonte como victoria propia, aunque nadie les vaya a compensar del perjuicio causado. Lo que no impedirá que quienes hayan resultado favorecidos en ese tiempo con la colaboración de los firmantes de decretos en el BOE, puedan cuantificar en su provecho buenos dividendos. Es en estos casos cuando se ve mejor cómo demorar no sólo pueda ser un procedimiento coyuntural; también es preciada táctica de conservadurismo.

Con la decisión del Congreso el 15.11.2016 empieza a abrirse paso la idea de que con la LOMCE los españoles, en general, hemos perdido seis años, al menos, desde que Ángel Gabilondo intentara sacar adelante un pacto educativo en 2010. Y si se toma como referencia febrero de 1997 -en que Esperanza Aguirre se opuso a un “pacto nacional” que lideraba la Fundación Encuentro-, habrá que aumentarle otros trece. Nos hubiera evitado los aburridos dimes y diretes de la LOCE, la LOE y esta LOMCE que, ahora, muestra oficialmente grietas de derrumbe similares a las de las normas que la precedieron. Eso sin contar el tiempo que lleve pactar ese “acuerdo nacional de educación” de que ahora Méndez de Vigo quiere ser portaestandarte, pues no son buen precedente sus intentos y propuestas desde que sustituyó a Wert. También pueden añadirse los años de protestas que determinados colectivos cultivaron asiduamente desde la LODE (1985) y la LOGSE (1990). Pero, de ser contabilizados estos años como tiempo perdido, tampoco habría razón para no registrar igualmente en esta cuenta el largo dominio impuesto por las posiciones inclinadas a que la enseñanza privada estuviese “libre” de injerencias normativas del Estado. Tal situación, perjudicial casi siempre para la enseñanza pública, e históricamente perceptible desde mucho antes de la Ley Moyano (1857), es el único modo de entender las continuadas mañas esgrimidas entre 1936 y 1980, con prefijados modos de entender la “libertad educativa”.

No obstante, para el tiempo que viene lo primero a señalar es que la LOMCE sigue vigente, pese a que propició a Rajoy su primera derrota parlamentaria en esta incipiente Legislatura. En este curso solo se elimina la aplicación del valor académico de sus reválidas: el malestar que generan será motivo de alguna otra huelga próxima. Un decreto-ley probablemente recogerá a comienzos de diciembre esta variación en el calendario, pero no suprimirá las reválidas ni la LOMCE. Tal como recogió mucha prensa lo sucedido el pasado día 15 en el Congreso, pudo parecer una derrota del PP y no lo fue. Más bien cabe destacar que Méndez de Vigo fue muy hábil reiterando su disponibilidad para que sus oponentes le ayudaran a tejer los mimbres que preparen un pacto del que debiera emanar otra legislación reconocible como dialogada y que, al menos, aparente más afinidad a las preocupaciones de la mayoría social.

Restitución

Paralizar reválidas o regular su leve moratoria está bien pero urge derogar la LOMCE. Gran parte de la atención se traslada ahora, por tanto, a las coincidencias y discrepancias que entre unos y otros agentes sociales y políticos pueda haber y a cómo consensuarlas del modo más democrático posible. A que haya acuerdo en que las políticas educativas sean un elemento primordial de cohesión social, y no un destacado motivo -de mayor o menor carga simbólica- de los desencuentros y asimetrías que entre unos y otros españoles de ahora mismo pueda haber. Pero habrá que contar con que la larga falta de diálogo ha hecho que los hábitos establecidos han consolidado profundos desacuerdos. Especialmente, en cuestiones implícitas, entendidas como intangibles desde bastante antes de que, en los debates constituyentes de la Transición, encontraran inestable acomodo.

Y es primordial modificar esa actitud, porque llegar a un acuerdo que merezca tal nombre requiere que la educación pública quede a salvo de intentos erosionadores y, por tanto, con una exigente dignidad que no la postergue a segundo plano. Cualquier otro pacto no pasará de la estricta provisionalidad como ahora mismo está en trance de sucederle a esta LOMCE. Alcanzar la deseable estabilidad podría ser muy buen signo de voluntad resolutiva de otras muchas cuestiones urgentes. Y habrá de prestarse especial atención, no tanto a lo que digan los partidos acuciados de supuesta “responsabilidad” accidental: sus posibles acomodos pueden inclinarse otra vez del mismo lado. En las transacciones que se avecinan, seguramente tendrá más valor el grado de asentimiento de los sindicatos profesionales, asociaciones y plataformas sociales que, durante estos años últimos, no han cejado en reivindicar atención adecuada para la educación pública, sin agravios comparativos con otras vías del sistema educativo.

¿Qué “responsabilidad”?

En este sentido, un buen comienzo de “diálogo” podría ser el del agradecimiento a estas organizaciones demandantes de la igualdad de trato. Y estaría muy bien que algunos responsables políticos -no sólo los encausados judicialmente- pidieran perdón o disculpas a cuantos han tenido que sufrir los embates publicitarios, a veces pagados con dinero público, en contra. ¿Todo lo sucedido hasta ahora en las políticas educativas es mero juego? ¿No existe la ignorancia culpable, el descuido en la vigilancia del interés de todos o, incluso, el robo? ¿Puede la ciudadanía, en general, sentirse involucrada en el bienestar general, si nadie es responsable de proyectos aparentemente públicos que les han dañado?

En caso de que se acaben desmontando del BOE las “mejoras” de la LOMCE, es de esperar, adicionalmente, que entre las medidas para crear el mejor clima posible se empiecen por desmontar, en paralelo a sus medidas más excluyentes de estilo TRUMP, los recortes que ha sufrido el sistema educativo y, de modo especial, la enseñanza pública y sus trabajadores. Conste, además, que, en este terreno el camino a recorrer dialogando es largo. Incluso debiera llegar a revisarse la redacción del art. 27 de la Constitución para que no fuera compatible que los fines que asigna a la educación no sean de facto instrumentos hermenéuticos contra la discriminación. Su ambigüedad es tal que poco ayuda a restituir demandas infligidas por maneras de entender que la “calidad” para todos se haya traducido en que la “libertad educativa” tan solo sea privilegio o negocio para algunos grupos. Hasta garantizar la igualdad de base en el uso de los recursos públicos, queda bastante trecho, lo que sin duda seguirá proporcionando abundantes razones a las organizaciones indicadas para seguir en la brecha de sus demandas.

Hay que insistir, en todo caso, en la dificultad de remover viejos hábitos instalados en la escolarización que tenemos. Son previos a todo tratamiento sistémico de asuntos cualitativos y clasifican al alumnado, desde antes de nacer, entre el “estudias o trabajas” o entre el no menos predestinado signo de que “no es lo mismo estudiar que ir a la escuela”. Está, además, la dureza de mollera de cuantos no entienden nada de lo que esté pasando a su alrededor y no escucharán: tan modernos son que, educados con el televisor y las redes sociales en constante vigilia, han perdido la costumbre de empatizar o de escuchar lo que otros puedan decirles. Y no les quepa duda tampoco a los llamados ahora a “dialogar”, que tendrá cancha esa oportunista bandera de “responsabilidad compartida” que tanto se ha visto en los últimos meses: la esencialidad de España -independiente de los españoles- hipostáticamente ligada a cuanto digan iluminados exégetas. Disculpándolos, ya exclamaba Job: “He hablado a la ligera: ¿qué voy a responder?/ Me taparé la boca con mi mano./Hablé una vez…, no he de repetir;/dos veces…, ya no insistiré” (Job, 40, 4-5).

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