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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El más por menos de la LOMCE

Manuel Menor Currás
12-Octubre-2012

No es de ahora la tendencia hacia el menos. Nuestra memoria es flaca, pero viene de muy atrás esa obsesión de algunos por imponer la poquedad sistemática a los demás. Los más viejos del lugar debieran recordar sus tiempos de infancia escuálida, tan de moda entonces –tan natural-, cuando en muchos pueblos del sur hispano daban a los niños una tosta de pan con aceite y sal, para que bebieran abundante agua y no pidieran luego la cena. A muchos maestros de zonas de Galicia, no tan rurales como pudiera suponerse, he oído contar como habitual que muchos críos llegaban a la escuela por la mañana oliendo a aguardiente... y sin desayuno.

Más atrás, todavía fue peor. La documentación que nos ha llegado de la vida en las Hurdes al comienzo del siglo pasado, o la que nos dejaron los voluntarios de las Misiones Pedagógicas son bien ilustrativas. Puede releerse de nuevo con provecho el Viaje por las escuelas de España que Luis Bello escribió en 1926-27: la miseria generalizada de que se revestía la enseñanza accesible a la mayoría traducía la obligada frugalidad de vida.  Muchos libros de “Economía doméstica” venían recomendando intensamente, para remediarla, la vía de la moralidad individual: el virtuoso ahorro como panacea de la miseria llegaba hasta extremos risibles, como el de aconsejar la ingesta de las patatas preferentemente a la carne. En ese mismo orden de remedios, hasta El Practicón,  de Ángel Muro, razonaban en 1894 que: “desde el punto de vista económico las sobras constituyen uno de los negociados más importantes de la hacienda culinaria”.

A todo se extendía la restricción del liberalismo censitario en nombre de los sacrosantos derechos de la propiedad privada. Memorable es la argumentación que esgrimían los contrarios a la regulación del trabajo femenino e infantil: “es imposible –decía en 1892 Juan Sallarés, presidente del gremio de fabricantes de Sabadell-, sin grave trastorno, suprimir ninguno de los actuales ingresos, so pena de llevar privaciones rayanas en la miseria a la mayor parte de los hogares obreros”. Éstos vivían al límite: lo que podía ganar un jefe de familia ni siquiera llegaba para cubrir los gastos de una escueta subsistencia. Pero proporcionaba abundantes beneficios a los partidarios de mantener ese statu quo carencial: hasta 1900 no llegaría aquí la regulación de accidentes de trabajo ni, tampoco, la del trabajo de la mujer y los niños. Son las primeras leyes sociales españolas en la práctica. Las demás vendrían también parsimoniosamente. Con lentitud desesperante si se compara con países de nuestro entorno y con sensibles diferencias del campo a la ciudad, como puede verse en la secuencia que afecta a la evolución del Instituto Nacional de Previsión, desde sus inicios en 1908 hasta ahora mismo. Cuando en 1945, en la Europa del Plan Marshall, se adopte el pacto del “Estado de Bienestar” que proponía el inglés Beveridge, también a los españoles les tocaría la lentitud y un conjunto de prestaciones más que mediatizada: por poner dos ejemplos significativos, habría que esperar prácticamente a finales de los ochenta para que la educación y la sanidad pudieran calificarse como universales.

El Estado mínimo ha sido la tónica entre nosotros. Pese a que la Transición ha tendido a ampliar el conjunto de derechos y servicios públicos, nunca hemos logrado la posición que en este terreno habían logrado otros países de nuestro entorno. Las fuerzas proclives a un Estado fuerte al servicio de todos siempre han sido más débiles: la ciudadanía, en general, nunca ha sido muy soberana; más bien ha estado siempre intervenida o secuestrada por unos pocos. Cuando después de la caída del Muro de Berlín en 1989 se puso de moda el ir recortando poco a poco aquel pacto del Estado de Bienestar –ya tocado desde la crisis del 73–, la lentitud o desidia de nuestros dirigentes, la parsimonia timorata de muchos colectivos, más las urgencias que planteaban perentoriamente los grupos más influyentes en terrenos que les eran más rentables, fueron dejando incompletos o muy mediatizados algunos de nuestros indudables logros en estos últimos 35 años. Son reconocibles, en todo caso, las transformaciones que, las sucesivas políticas han ido imprimiendo a la situación heredada del franquismo; podemos alegrarnos de lo conseguido, pero con una satisfacción mediatizada por muchas limitaciones que –en el caso de la enseñanza– han ido situando aspectos exigibles de calidad verdaderamente equitativa en niveles manifiestamente mejorables. Hay que destacarlo ahora, cuando algunos de los caminos iniciados en los últimos años habían logrado reducir aquel funesto 32% de “fracaso” –término tan relativo como escaso–, y cuando la propia CEOE, en su Informe de 2011, se congratulaba de que, en tan poco tiempo, hubiéramos logrado ser un país con una distribución bastante equitativa de este bien de la enseñanza.

Lo que ahora toca, sin embargo, es la vuelta a la tradición del más por menos. Sobrevino “La crisis”, una excusa perfecta para que los actuales responsables políticos insistan en las vías morales del esfuerzo y en que –como antaño– lo urgente dicen que es que los más nos restrinjamos y recortemos porque estábamos siendo unos derrochadores. En realidad, actúan como delgados del mercado, que sigue mandando y ahora es restrictivo Y, en su beneficio, han empezado a llover todo tipo de limitaciones, austeridades y adelgazamientos. No son novatos en esta tendencia, sino que reproducen actitudes y posicionamientos conceptuales previos: como antaño, nos cuentan que con nuestro sacrificado ahorro preparamos las bases para un futuro mejor.

La moda de lo estrecho y anoréxico lo alcanza ya prácticamente todo. Quienes trabajan en centros educativos o en hospitales públicos no paran de enumerar los capítulos de tratamiento reductivo que les han aplicado o les están aplicando. Las huelgas y manifestaciones del curso pasado ya dieron buena cuenta de los pasos progresivos que iba dando este afán terapéutico por cortar, independientemente de si era imprescindible, mostrando constantemente un afán publicitario de que no fuera nadie a pensar que disminuía sensiblemente la calidad de los servicios. Del presunto despilfarro anterior, los culpables serían los ciudadanos, por querer mejores servicios de la cuenta. Típica política del más por menos.

Lo nuevo en este momento es que se ha refinado esta técnica. Poco a poco, sin pausa alguna y como mal menor, volvemos rápidamente a nuestro pasado más tradicional. Cuanto nos ayuda a vivir se va tapizando de estrechez y limitación, como si su natural fuera el estar arrugado. El Parlamento ya no parece lugar para el debate o para la rendición de cuentas de lo que se hace o se proyecta: ni se comparece ni se dialoga; sólo se vota lo precocinado, muchas veces bien lejos de España. Si se mira la tele, no se ve nada: las noticias se han adelgazado tanto que ya ni existen; el parecido al NODO crece desconsoladamente. Si la gente decide expresarse manifestándose en la calle, se la acusa de subvertir el orden: se propugnan las “minorías silenciosas”, modo eufemístico de preferir que fuéramos súbditos. La libertad de expresión y reunión van a ser “moduladas”, neologismo expresivo de la jibarización de nuestra débil democracia. 

La LOMCE que ahora nos quieren dictar -que será la 12ª Ley Orgánica desde 1970- nace también con el signo del más por menos. Dice querer “mejorar” el sistema, su calidad y excelencia. Pero de entrada ya restringe el artículo 27 de la Constitución: prescinde del “pleno desarrollo de la persona humana” y, en esencia, se reduce a adaptarse a “la competitividad” del mercado. Ni se plantea facilitarle al común de la gente el acceso a una buena educación: nace selectiva, incrementando los obstáculos de reválidas hasta niveles superiores a los que regían antes de la Ley General del 70. En la práctica, promulga un elitismo servil a las condiciones que marca un sistema económico asimétrico y una sociedad desigual: nada que ver siquiera con los objetivos que planteaba esta Ley del franquismo (en sus artículos 3 y 135, por ejemplo); y mucho menos, con los que trató de mejorar la Transición democrática. La “eficiencia” de que habla ahora la LOMCE –al ritmo de la contracción recesiva del mercado– marca el adelgazamiento súbito del sistema calcando miméticamente el panorama de una economía recesiva. No sería de extrañar que, los colegios públicos se reduzcan pronto a meras academias estructuradas para repetir mecánicamente lo que impongan los cuestionarios PISA. Al tiempo, la educación como servicio público –si siempre ha tenido entre nosotros severas restricciones– quedará más limitada todavía y, sin duda, será menos democrática. La cantilena moralizadora del “mayor esfuerzo” no puede ocultar que de lo que se trata es de un estrechamiento de la justicia distributiva: como antaño, prolonga y vertebra la desigualdad. A lo que se ve, el de la educación -como otros derechos cívicos- no es un derecho “perfecto”.

Desgraciadamente, esta delgadez sistémica ya es cuantificable en el presente con cifras alarmantes de hambre y pobreza, con particular repercusión entre nuestros niños. También como antes, las contundentes cifras de Cáritas y de Cruz Roja vuelven a hablar de un país en blanco y negro, tirando a sepia –como para disgusto de bienpensantes ponía de manifiesto el New York Times a finales de septiembre–.

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