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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El gran problema de la Universidad y de la educación pública es la precariedad

Manuel Menor Currás
22-Mayo-2016

Hay irregularidades, desde luego. Pero la crisis económica ha hecho aflorar grietas más profundas, producto de viejas tensiones estructurales sobre proyectos sociales muy divergentes. Con parches no se arreglarán.

No está mal que, tratándose de un asunto educativo, haya tenido receptividad uno de los últimos artículos de MUNDIARIO a propósito de la Universidad española actual. No obstante, lo sugerido tan sólo es una pequeña parte de la realidad. Conocer mejor el contexto de lo que allí se decía requiere algunas precisiones y matices previos que agradezco a Julio Serrano, gran analista de este tipo de problemas y responsable de la Secretaría de Universidades de FE-CCOO.

Maticemos

* A propósito de la pérdida de alumnos -y sin conocer el estudio que se manejaba en el citado artículo-, los datos del avance estadístico que ofrece el MECD para el curso 2014-15, todavía no cerrado, son distintos y más fiables. En cuanto a los estudiantes de grado -y residuales de las antiguas titulaciones- matriculados en universidades privadas, el salto cualitativo se produjo entre el curso 2007-08 y el 2010-11, en que pasaron de 144.784 a 173.989. Tres años antes, en el curso 2004-2005, eran tan sólo 132.772. Todavía subirían un poco en el curso 2013-14, hasta 177.685, pero en el curso siguiente su número bajaría ya hasta 164.776, lo que representaría respecto a 2011-12 una diferencia notable de 9.213 alumnos menos, es decir, un 5,30%. En los másteres, sin embargo, el crecimiento ha sido constante desde que aparecieron a raíz de los acuerdos del EEES en el curso 2008-09. Entonces tan sólo se matricularon 7.668 alumnos, mientras que en el último curso de referencia han sido 42.217, de modo que respecto a 2011-12, el aumento ha sido del 54,79%.

La comparación con lo sucedido en la pública, siguiendo la misma fuente oficial, ha de tener en cuenta los siguientes datos. Los matriculados en grado eran en 2006-07 del orden de 1.283.621, cifra que bajaría dos cursos más tarde hasta 1.232.390, volvería a ser en 2011-12 del orden de 1.282.794 y bajaría hasta 1.196.564 en el curso 2014-15. Es decir, que sólo respecto al curso anterior, de 2013-14, habrían descendido 42.578 alumnos y si la comparación se lleva hasta el curso 2011-12, se habrían reducido 86.230 alumnos. En másteres, sin embargo, el crecimiento ha sido constante -como en las privadas-, salvo un pequeño descenso en el curso 2013-14. La serie empieza también en 2008-09 con 42.753 alumnos y alcanza 97.627 en 2014-15, mostrándose un ritmo de crecimiento sensiblemente menor desde dos cursos antes. No obstante, merece atención la secuencia de lo sucedido en este capítulo de matriculados en las universidades privadas que, pese a ser su porcentaje sensiblemente inferior en las matrículas de los grados, ha crecido comparativamente más que en las públicas. En todo caso, los datos y la explicación comparativa son más complejos de lo que se afirmaba. Más parece que tengan que ver directamente con la crisis económica y los recortes con que se intentó paliarla, apenas perceptibles en la privada y muy fuertes en la pública, al incidir simultáneamente en tasas y becas.

* En cuanto a los titulaciones, habría que distinguir con mayor precisión de qué se habla: másteres oficiales o títulos de postgrado propios, formación continua, másteres no oficiales, diplomas de especialización o diplomas de extensión universitaria. Y, por otro lado, si se trata de lo que ofrecen las universidades u otras instituciones. Entre medias figuran también diversas empresas y, a veces, no es fácil distinguir si se trata de una fundación empresarial vinculada a una Universidad o de empresas estrictamente privadas. Una empresa privada -que no sea universidad privada o centro adscrito a la misma- no puede ofrecer titulaciones oficiales, desde luego, pero algunas veces el panorama publicitario produce la impresión de situaciones en el filo de lo legal: la ambigüedad es grande en el bosque de titulaciones en oferta y mejor es asesorarse bien. En todo caso, este asunto es relevante respecto a lo que se comentaba en el artículo. Lo habitual es que un titular o catedrático de una Universidad pública esté trabajando legalmente -cumpliendo sus obligaciones laborales de funcionario docente- en uno de los másteres que su Universidad ofrezca y que, a veces, sea a través de alguna fundación que puede funcionar de modo similar a una empresa privada. Otra cosa es que siempre sea realmente así y no mera apariencia y, sobre todo, que la Universidad responsable controle fehacientemente todos los elementos e ingredientes que conforman el rigor cualitativo de los másteres que avala. No se olvide que es bastante antigua la sospecha sobre muchas fundaciones como tapaderas de negocios, y no sería de extrañar que cualquier día la inspección de Hacienda lo evidenciara ante los tribunales. Tampoco se olvide que, en el circuito de los colegios privados, el recurso a este instrumento jurídico de las fundaciones suele ser un modo de pago encubierto, contrario a lo que los convenios de los conciertos prescriben.

* Respecto a las OTRIs (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación), tienen plena legalidad. Son intermediarias en el sistema de ciencia-tecnología-empresa, están integradas en las universidades y su misión consiste en dinamizar las relaciones público-privadas. Conviene saber, además, que en su inmensa mayoría existen en las Universidades públicas, prácticamente las únicas que invierten recursos en investigación y, por otra parte, las que detentan la mayor parte del peso de lo que a investigación corresponde en España. Parece coherente, en este sentido, que buena parte del éxito económico que ahí se pueda generar revierta hacia la propia Universidad para retroalimentar la secuencia y calidad de los desarrollos emprendidos. Que el panorama de la financiación de la Universidad pública está con serios problemas, puede ejemplificarse con lo que está sucediendo en la Complutense de Madrid.

* Y acerca de las incompatibilidades, es cierto que no ha habido un control exhaustivo de lo que dice el art. 53 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero últimamente se controlan más. La nueva regulación de incompatibilidades para investigadores que la Ley de la Ciencia de 2011(BOE 02/06/2011), aparentemente más exigente, deja abiertas las vías de colaboración público-privada en cuanto a investigación y transferencia de conocimientos, como puede verse en los arts. 35 y 36. Siempre queda un margen, que depende de la seriedad de cada universidad u organismo público de investigación (OPI), pero si se tienen dudas de fraude, siempre se puede acudir al registro del Ministerio de Administraciones Públicas, en este enlace: Autorizaciones en vigor para el desempeño de actividades públicas. De todos modos -y sin que sirva de excusa-, el dubitativo cumplimiento actual que pueda tener parte del profesorado universitario no alcanza a ser el chocolate del loro si se compara con lo que dejan entrever desde hace mucho amplios sectores profesionales. En particular, facultativos de medicina y, para gran rubor cívico, muchos actores judiciales y una sensible parte de nuestros responsables políticos. Lo atestiguan a diario los noticiarios, con inacabable casuística de modalidades de corrupta confusión entre la gestión de las cuentas particulares y las de los intereses públicos. El sistema educativo madrileño y valenciano son dignos de atención desde esta óptica, con ejemplos tan extraordinarios como los que han dado a conocer “la Púnica” o de CIEGSA. Y no digamos el cuasi infinito trasvase que los ciudadanos han visto mover de continuo en los presupuestos generales y, cómo no, a través de las “puertas giratorias”, tan bien conocidas en el IBEX-35. Es decir, que el tratado de pedagogía social que puede elaborarse simplemente con lo que la prensa aporta todos los días desborda ampliamente los posibles casos que puede haber en algunos departamentos universitarios.

Sensibilidad

No se tome como disculpa, sino tan sólo como hábitat apropiado. Cuando la transparencia y buen uso de los dineros públicos están en primer plano de la sensibilidad ciudadana, incrementada por las carencias existentes, todo fraude o ejercicio corrupto ha de ser perseguido. También en el ámbito educativo, en cualquiera de los niveles en que pudiera ser detectado, por supuesto. No se nos ha de escapar, de todos modos, que estamos en una situación crucial de no fácil deslinde entre lo que sea público y privado en cuanto a gestión de los recursos y proyección de su inversión. Con frecuencia, no es distinguible hasta qué punto las burocracias existentes -y el papel del Estado en la gestión y distribución de los medios disponibles- no son una extensión del sistema financiero y sus intereses. En educación, por ejemplo, entre los varios debates no concluidos, el del EEES o “plan Bolonia” todavía está por ver a quién ha traído más provecho.

Curiosamente, es en ese nicho ecológico donde se encuentran las principales dudas que el artículo de referencia planteaba: las empresas o empresillas que pueden girar en torno a algunos departamentos y profesores; las compatibilidades para saltar fácilmente de lo público a lo privado, sin demasiados controles; los afanes por el tan traído y llevado emprendimiento; el financiamiento de cursos, grados y programas que resulten atractivos para una sociedad tan cambiante y competitiva como la actual; el nombre prestado para que un determinado máster resulte más atractivo, aunque resulte ser un fiasco. Y no se puede decir que de algún modo no haya sido entrevisto el desorden a ordenar. De modo más bien tenue que decidido, ya fue tocado en el BOE desde la etapa de Maravall (BOE, 18/04/1986) y, de manera más significativamente liberal, en la en la ya citada “Ley de la Ciencia”, cuando la etapa Zapatero acusaba profundamente la crisis. Algo antes, los 12 artículos del cap. V del Título II, de la llamada “Ley de Economía sostenible” (BOE 05-03-2011) , permitían entender muchas de las ambigüedades existentes que la gestión de Wert en Educación no ha hecho sino incrementar. En su LOMCE está el tipo de centros y alumnos que le encantaría tener, tan acorde con la jerarquía de valores propia del negocio empresarial. Si se repasan sus decretos orientados a la Universidad, que no son pocos y tendentes casi todos a desregular la posición de la pública, se verá hacia dónde se polarizaron esas preocupaciones. Y como un voluntarioso símbolo, ahí está también su “Ley de emprendedores” (BOE, 27-09-2013), para indicar que lo apuntado en el artículo de MUNDIARIO no sería contradictorio con todo este bagaje conceptual.

El contexto

Sería ingenuo, en todo caso, quedarse en las posibles triquiñuelas que los rectores de algunas universidades estén permitiendo, tan acordes, por otra parte, con las tendencias que más pugnan por apropiarse de los valores todavía distintivos de la educación universitaria. Los escándalos pueden tener mucho de ficción, sobre todo cuando son la pura epidermis de algo bastante más serio. Y es que la estructura concreta en que actualmente se mueve la Universidad española, en general, tiene profundas diaclasas. Una sentencia judicial reciente en Andalucía -que no es la única- ha puesto de manifiesto su precariedad. En bastantes universidades se incumple la norma de no sobrepasar el 51% en cuanto a personal que desempeñe la función pública docente. Además, buena parte de los profesores contratados enlaza contratos de muy baja remuneración durante más de cinco años, mientras esperan poder llegar a un dudoso puesto de mayor estabilidad. Se incumplen, así, habitualmente dos leyes principales en la regulación actual de los campus universitarios. Pues bien, aunque no se conozcan con precisión los datos cuantitativos de estos incumplimientos, se puede decir con seguridad que, como promedio, el personal docente de las universidades públicas que tiene este tipo de contratos precarios sobrepasa el 40%. En general, se les conoce con el nombre de “docentes asociados”, una figura que tiene otras variantes de similar cariz, lo que hace crecer la proporción de cuantos desde hace años saben que son el sostén del aparente tinglado estructural de muchos departamentos y demandan el reconocimiento, al menos, de sus derechos laborales.

Evidentemente, con estos subterfugios -que recuerdan vivamente los de los años setenta-, difícil es hablar de calidad educativa como no sea para disfraz solemne de la desmotivación e irracionalidad dominantes. No hace falta retrotraerse a la educación española del siglo XIX, una amarga historia que ilustra mucho no pocas razones del presente. Aquello de que éste es un mundo en que, por vocación se haya de pasar “más hambre que un maestro de escuela”, si nunca ha tenido gracia, en estos últimos años ha vuelto a cobrar realismo. Ahí está la pésima gestión de los recursos públicos, que la reválida del déficit ante Bruselas acaba de poner de manifiesto, con un suspenso de muy probable ratificación después del 26-J. Y lo más duro no es la deuda en sí, sino en qué no se ha invertido. Con el añadido de que todos los recortes se han hecho a costa del deterioro de los servicios públicos y de las políticas sociales que tratan de redistribuir para que los derechos de todos sean posibles. Sólo en Educación, entre 2009 y 2014 han dejado de invertirse 7.394 millones de Euros, el equivalente al 23,7% del valor real del IPC acumulado en ese tiempo. Se ha perdido uno de cada cuatro euros que debían haber ido a salarios y a inversión del sector público, mientras los conciertos con la enseñanza privada sólo se han visto afectados en un 1,2%. Esta perspectiva diferencial -como algunas otras que persisten- también viene del siglo XIX, en que los privilegios de los colegios privados todavía eran más notorios; en las circunstancias actuales resultan muy extraños.

Reduciendo la inversión general en lo público, nuestros gestores políticos dicen haber ahorrado, pero el coste no se ha hecho esperar a muy corto plazo -a largo será más visible todavía- y de seguir esta tendencia será muy difícil sino imposible sostener el valor y dignidad de lo que se había logrado. No es raro oír hablar ya de nuevo de una generación perdida. Algunas de las revistas y webs de los sindicatos profesionales de la sanidad y de la educación lo muestran de continuo desde hace tiempo: T.E., de FE-CCOO, por ejemplo. Conocen bien los problemas de sus afiliados, exponente vivo del resto del personal sanitario y docente. Respecto a este último señalan que ya somos el país de Europa con menor índice de profesores menores de 30 años. Porque se ha destruido empleo, se ha ido a unas tasas de reposición bajísimas o nulas, y se han eliminado incentivos para la jubilación anticipada desde 2011. Entre los cursos 2010-11 y 2013-14, se han perdido 19.800 docentes, sobre todo interinos y profesores que atendían las situaciones más problemáticas. Ha afectado, además, a los más jóvenes, que han visto dificultado su acceso al trabajo docente. Y especialmente preocupante es que se haya deteriorado en profundidad la atención a la cualificación docente. Hay Comunidades en que prácticamente ha desaparecido la formación permanente. Con estos mimbres, en vano se invoca la piedra filosofal publicitada por el MECD para la “carrera docente”. No es un mirlo blanco, sino un blanco libro que, en este decaído panorama, adelanta otra profecía autocumplida. El desastre de que los profesores residuales que queden en el tajo de las aulas -reducidos en número y precarizados- parece que les quieran preparados para ser buenos peones; no interesa que deban ser buenos profesionales.

Coda final

Las vísperas electorales generan atmósferas no necesariamente propicias para la reflexión sobre las posibles soluciones a los verdaderos problemas. Esta especie de segunda vuelta electoral a que nos dirigimos, hace que buena parte de lo que leemos u oímos decir a las voces parlantes de los partidos políticos parezca epatarnos como excepcionalidad. Una sensación muy a tono con un clima muy burgués, de gente acostumbrada a un tranquilo orden de cosas naturalizado, donde sólo interesara el buen tono de la Bolsa: a ver si va a salir algo mal, justo ahora, y se van a producir ese tipo de cosas que siempre traen cola. Buena parte del ruido mediático, noticias, debates y entrevistas que tendremos que soportar hasta el 26-J tratará de llevarnos a ese huerto, no sea que nos confundamos. Para un país más equilibrado y justo con los derechos de todos, no es recomendable dejarse llevar fácilmente.

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