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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

En Educación -pero también en otros ámbitos- hay cambios que van para largo: las limitaciones vienen de lejos

Manuel Menor Currás
17-Abril-2016

En vez de clericalismo o anticlericalismo, en asuntos educativos lo democrático es hablar de laicidad: hablar menos de superioridad moral e invocar más la igualdad de derechos de todos.

Todo va tan aprisa que no solemos pensar las cosas en el orden en que han ocurrido. Somos el futuro de un ayer que nos constituye y tanto nos fiamos de lo que nos han dicho, que ni reconocemos lo que hemos vivido. Aunque haya “errores de explicación” flagrantes, nuestra comodidad nos induce a creer sólo en las opiniones que, entretanto, se han mimetizado con nuestro yo. Las notas del eje cronológico que sigue, incómodas si se empeña uno en mirar el pasado en complicidad con el Dr. Alzheimer, sólo pretenden clarificar algo el aspecto de clericalismo/anticlericalismo que suele alegarse ante la mención de una posible revisión de los conciertos educativos.

En 1517

Las formas de laicidad se diversificaron al ritmo del profundo corte en la cultura de cristiandad existente. La Iglesia llamaba laicos a los del “laos”, el pueblo sin categorías diferenciales, los no religiosos sensu stricto o no consagrados al servicio cultual y pastoral de la propagación de la fe. Desde 1517, en que Lutero plantó sus 95 tesis en Wittenberg, este contraste tendió a acentuarse dentro del mundo católico. El gran conflicto que planteó fue de conciencia, al negar la necesidad de intermediarios en la relación religiosa del creyente. Hasta los años sesenta del pasado siglo, en que el Concilio Vaticano II le prestó bastante atención a esta parte cuantitativamente amplia de su Iglesia, la cualidad de laico era poco significativa por sí misma y siempre hacía referencia subordinada al mayor conocimiento, orientación y dictámenes de los sacerdotes o pastores. En una de las síntesis catequéticas más difundidas, la del P. Astete (1537-1601), la cuestión neurálgica del conocimiento -previo a todo asentimiento de fe- quedaba encomendada a la Iglesia docente, a la que habían de ser “fieles”. A la pregunta de qué cosas eran las que debían creerse cuando se exigía creer -el Credo, “todo lo que está en la Sagrada Escritura y cuanto Dios tiene revelado a su Iglesia”-, su respuesta correcta era: “Eso no me lo preguntéis a mí que soy ignorante; doctores tiene la santa Madre Iglesia que os sabrán responder”. Todavía en Camino (Escrivá, 1934), uno de los vademécums más difundidos en la España de postguerra, se pudieron ver muchas de esas distinciones. Por ejemplo, en la máxima 28: “El matrimonio es para la clase de tropa y no para el estado mayor de Cristo”; o en la 61: “Los seglares sólo pueden ser discípulos”.

En 1789

No obstante, el laico, perteneciente al ámbito de la gente “común” del Tercer Estado dentro del orden feudal clásico, protagonizó profundos cambios políticos a finales del XVIII: después de la Revolución Francesa, la gente empezó a ser considerada en la Historia escrita como sujeto de lo que sucedía. En el foro interno de la Iglesia, este “signo de los tiempos” tardó bastante más en ser reconocido y los laicos tuvieron que esperar a los años sesenta del siglo XX. Los procesos de aprecio y consideración hacia la igualdad de trato -también de parte de quienes rezan el “Padre nuestro”- siempre han sido lentos, mientras la perspectiva patriarcal y etnocéntrica -de la que el trato y reconocimiento a las mujeres sigue siendo víctima- ha tendido a ser predominante, como si de algo “natural” y bendecido por Dios se tratara. Pasar del privilegio a la normalidad del derecho común -podemos comprobarlo- sigue siendo costoso si nos han educado en la diferencia o la selección. Y a la Iglesia institucional también le costó aceptarlo. Pudo verse sobradamente con la caída del Antiguo Régimen, del que formaba parte principal. Arrastró de inmediato cambios en cuanto a las políticas y actuaciones de “cristiandad” a que estaba acostumbrada. El término “Caridad”, por ejemplo, muy preciado hasta la primera modernidad del siglo XV, había crecido en desprestigio y fue sustituido oficialmente por “Beneficencia”, con otra legislación y administración “secularizada” para atender los problemas más urgentes de la pobreza. El profundo cambio afectaría igualmente a las relaciones entre el moderno Estado naciente y la Iglesia, y lo sucedido en Francia constituye una relevante referencia pese a sus fluctuaciones. En la Declaración de los Derechos del Hombre (26/08/1789), la religión católica perdió su estatus privilegiado y la sociedad se abrió a una mayor tolerancia. Las alternancias dubitativas entre ambas instituciones, en cuanto a intereses temporales, continuaron hasta el 09/12/1905 en que, por ley, “la República asumió la libertad de conciencia. Garantizaba el libre ejercicio de los diferentes cultos sin más restricciones que las que pudieran afectar al orden público”(art. 1). Y al mismo tiempo, “no reconocía ni salario ni subvención alguna al culto”, debido a lo cual fueron “suprimidos de los presupuestos del Estado, de las provincias y de los Ayuntamientos” (art. 2). Se establecía así la separación de las Iglesias y el Estado a efectos de financiación y así lo hizo saber de inmediato el Gabinete del ministro de Instrucción Pública, Bellas Artes y Cultos.

En Italia, este trato con la temporalidad se complicó en torno a 1848. Pio IX estuvo en riesgo de perder los Estados Pontificios, lo que acabó sucediendo en 1870, y se recluyó en el Vaticano. Ese Papa, en vista de lo que él mismo estaba viviendo, dio cancha a la “Acción Católica” propiamente tal, asociacionismo de los laicos para hacer presentes en la calle “los derechos públicos de la Iglesia” y sus intereses. Los siguientes Papas, León XIII, Pio X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII, encontraron en este instrumento -ramificado y especializado incluso por sectores- un medio de amplificar su presencia social, retraída con tan rápidos acontecimientos. Pero en la organización interna de este activismo casi siempre tendió a prevalecer la preeminencia del consiliario, sacerdote o religioso que transmitía las consignas de la jerarquía. Pese a sus heterodoxias internas, siempre una gran distancia conceptual respecto a lo que el Vaticano II plantearía en la Lumen Gentium, en que los laicos pasaron a ser “parte constitucional de la Iglesia”. Venía a ser como si se les reconociese la mayoría de edad. Qué haya pasado desde 1964, en qué haya venido a parar hasta hoy y si los laicos -y laicas- tienen igualdad entre sí y cuál sea su papel, dentro de la Iglesia católica, respecto a “los ordenados” y a cuantos ejercen puestos jerárquicos, es asunto en que los teólogos y teólogas de asociaciones como la “Juan XXIII” todavía tienen mucho que decir.

En 1851

En España, en líneas generales, a todo lo anterior se añaden algunas peculiaridades que permiten entender mejor la incesante pelea por el espacio simbólico -aunque no sólo- de la educación. Que iban a producirse graves divergencias en este profundo tránsito histórico desde el siglo XVIII, pudo verse ya en las Cortes de Cádiz. Blanco White, a quien se hizo referencia hace unos días en esta columna, fue testigo, lo vivió y sufrió con el exilio. Ya fue tardanza tener que esperar a la muerte de Fernando VII (1833) para que, por ejemplo, desapareciera la Santa Inquisición, se introdujera algo de representación -censitaria- en el aparato del Estado o se modernizara levemente su Administración. Pero, pese a ello, no nos privamos de varias guerras civiles -las carlistas lo fueron y muy dramáticas a cuenta de “la tradición”- ni de abundantes golpes de Estado. Toda “innovación” democratizadora fue pretexto de bronca: Larra, desesperado, lo dejó bien contado. Y para que tanta sinrazón se amortiguara un poco e Isabel II tuviera algún respaldo, firmamos en 1851 el Concordato con el Vaticano. Sus artículos 1 y 2 no sólo iban a tener peso permanente en el juego político -y en la legislación educativa- del siglo XIX. Desde entonces a hoy, el Concordato de 1953 vino a confirmar aquellos privilegios -supuestamente rotos en la II República-, que habían empezado a formalizarse con decisiones de la Junta de Burgos antes de la Carta episcopal colectiva (01/07/1937). Y los Acuerdos de 1979 siguen pesando fuertemente en los conciertos educativos, en la presencia de la Religión en el currículum y en otras determinaciones de la vida colectiva. Son perceptibles en los presupuestos del Estado o de otras instituciones públicas con distintos convenios y exenciones, y otras confesiones religiosas demandan similar trato.

En 1857

Si se tiene en cuenta lo que pesa el pasado histórico, se hace rara la excusa de quienes, cuando de revisar la cuestión de los convenios o “conciertos” educativos se trata, alegan que “de nuevo estamos con los prejuicios del viejo clericalismo y anticlericalismo”. Si éste fuera un sólido argumento -tan prejuiciado como inexplicado para hoy-, sobradamente incoherente sería el sistema educativo que se ha logrado construir desde 1857. Desde el punto de vista estrictamente histórico, sonaría a excusatio non petita o -como están diciendo del exministro Soria- un grave “error de explicación”. No estamos en el año cero y no se puede obviar cómo en el hacerse de la educación española desde la Ley Moyano, nunca han perdido comba y, menos desde 1936, en que cogieron la exclusiva, inspirados en la encíclica Divini illius Magistri (Pio XI, 31/12/1929). Los debates parlamentarios del siglo XIX, especialmente desde 1868 y su correlato político en las decisiones ejecutivas y en cuanto dejaron escrito, tienen inmenso interés para ver qué acabaría sucediendo desde el final del primer tercio del siglo XX. El BOE completo -y, antes, la Gaceta de Madrid- dan cuenta de este trampantojo argumental. Fácilmente consultables desde Internet, permiten ver cómo sólo en los brevísimos momentos en que ha habido verdadera preocupación, y no simple invocación vacía a la libertad democrática, ha habido afán por una educación digna y accesible a todos. Y no aparece, sin embargo, que en el largo dominio que han ejercido sobre el Boletín Oficial, los sindicados en la onda de lo privado-concertado -“clericales”, ¿no?- se hubieran interesado mucho por tal formulación de la educación. Tendentes siempre a dar cobijo a los que podían “estudiar” -y muy poco a los que apenas podían ir a la “escuela”, porque no había-, hasta 1979 ni siquiera pudieron certificar la simple escolarización de todos los niños y niñas españoles menores de 14 años. Y fue entonces, de añadido, cuando volvieron a insistir con la LOECE (BOE, 27/06/1980), para asegurar lo llevado a cabo en tantos años. Y por entonces fue también -antes de la LODE (1985) y de la LOGSE (1990), en que tanto les garantizaron los legisladores socialdemócratas- cuando empezaron a montar las campañas en torno a la “masificación”, “egebeización” y demás pretextos contrarios a una elevación de la dignidad de todas las escuelas e institutos. En la última Legislatura acabamos de ver reverdecer el espectáculo de ese estilo de preocupación por los asuntos de la educación, sin que podamos olvidar qué educación han querido y contra qué. La lista de lo que escribieron es muy larga, pues sólo ellos pudieron hablar y escribir sin generar desafecto o contradicción contra lo que imperaba. Con editoriales como FAX, Véritas, Escuela Española, Editorial Española, Gustavo Gili y similares, poblaron ampliamente las bibliotecas expurgadas en aquellos momentos de maniqueísmo feroz. Hoy, afortunadamente, ha cambiado mucho esa forma de ver y, en muchos ambientes, ni siquiera es ya arqueología. Argumentar, por tanto, desde la mera repetición de lo que se puede encontrar en aquella profusa literatura doctrinaria, sólo suena a insidia continuada para que la privatización siga creciendo imperturbablemente y en detrimento de la enseñanza pública.

Y en 2016

A quienes pagan religiosamente sus impuestos, les vale poco, incluso, la presunta superioridad moral que quieran expresar de continuo los administradores de los asuntos confesionales en España para sostener muy particulares maneras de entender “la libertad de enseñanza” a cuenta de un presunto bien que hicieran al Estado. A pesar de tantos años de catecismo obligatorio -y cuando ya apenas queda un 2% de ciudadanos que haya vivido la última guerra incivil- se les antoja mera cuestión de prolongación extemporánea del dominio y poder de otra época. A contracorriente de cuantos ven en este asunto un modo de distinción social reconocido, en torno a un 65% de ciudadanos entienden que una de las reformas eclesiásticas nada cosméticas que daría mucho crédito -evangélico- a quienes la defendieran sin restricción mental, sería renunciar a los privilegios educativos que confieren a la jerarquía católica los Acuerdos del 79. Podría precederle -para mayor rigor moral y político- una evaluación seria de cómo cada uno de los colegios que se acogen a tal convenio contribuya ontológicamente a un “servicio social” de todos los españoles y no a su segregación. También en España -dicen- podría ser doctrina oficial lo que en Francia hace tiempo reclama el CEDEC (Cristianos por una Iglesia separada de la escuela confesional) y que, ya en la sesión parlamentaria del 11/12/1921, planteaba el Abate Lemire: “cuando se quiere ser libre, hay que ser pobre… Yo digo que, precisamente porque es una inversión del Estado en la escuela, los padres deben saber que las convicciones de su hijo serán respetadas en esta escuela. Lo propio de la escuela pública es que, puesto que se financia con el dinero de todos, debe respetar las convicciones de todos… Si queremos una enseñanza especial, distinta, aparte, somos libres” (Henri Peña, 2009: Antología laica).

Tal como va todo, el pasado sigue pesando. A la luz de lo que dicen los medios y Webs de organizaciones vinculadas tanto a la enseñanza privada, como a la Conferencia Episcopal, a la CONCAPA y demás organizaciones de la órbita de ruidosos beneficiados por los conciertos educativos o por descuentos fiscales que pueda tener en algunas Comunidades la más propiamente llamada enseñanza privada, esta historia parece que vaya para largo. Veremos.

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