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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Los tiempos son poco propicios para un orden justo en los asuntos educativos

Manuel Menor Currás
9-Abril-2016

Después de doscientos años, nuestro sistema educativo sigue tendiendo a ensanchar la brecha que divide el país en dos partes irreconocibles. Es tiempo para repensar qué país queremos.

No es buena época para la lírica. No lo es si se mira a Panamá o a las Islas Vírgenes, que de tales parece les quede poco. Y tampoco si se considera la parsimonia de la provisionalidad, incapaz de acordar un cambio gubernamental sensato, atento a los asuntos de todo; si se lee el último informe de Cáritas sobre la pobreza o se piensa el trato que damos a los refugiados a las puertas de Europa. Algo de consuelo pueden proporcionar -aunque sea con pretexto conmemorativo- esas partes de El Quijote en que Cervantes se mostraba -hace 400 años- profundamente partidario de lo mucho que tenía que cambiar el común comportamiento moral, público y privado, para que hubiera un orden justo y racional en la gestión de cuanto nos atañe.

Blanco White y las dos Españas

En asuntos educativos las rémoras también vienen de lejos. José Blanco White, sevillano al que le preocuparon mucho -antes y después de verse obligado al exilio londinense-, ya escribió en 1831 que “el sistema de educación en España tiende a ensanchar, año tras año, la brecha que ya divide al país en dos partes completamente irreconciliables”. No lo achacaba él directamente a una pelea entre ricos y pobres o entre burgueses y aristócratas, sino más bien a una “antipatía intelectual” producida “por la oposición entre la educación establecida y aquella que, apoyada por las reformas mal planeadas, cada español dotado de una mente activa se proporciona como puede a sí mismo”. Habría, pues, dos bandos principales. En uno militaría el clero, dotado de gran influencia y privilegios, “inseparablemente ligado a la gloria del cielo y de su país”, capaz de dar afinidad y cercanía a una multitud de personas -que Blanco en plan apologético denomina “ignorantes y supersticiosos”- que constituye una “masa enorme cuyo orgullo mental no conoce más satisfacción que la de imponer a la fuerza el respeto a lo que ellos veneran”. Y frente a esta ingente cantidad de personas -los mismos que habían reclamado al rey felón como “el deseado”, proclamando: “vivan las cadenas”-, estaría un grupo, cada vez más numeroso, compuesto por personas de todas las clases y profesiones, capaces “de apreciar la inutilidad y la maldad del saber de sus adversarios”. Cuanto de “talento y de información verídica existe en el país” -argumentaba- estaría sin duda en este bando, aunque por el riesgo de “peligro” tuvieran que ocultarle a los fanáticos su “desprecio”.

No habían tenido lugar todavía ni las tres guerras civiles del carlismo ni los múltiples golpes militares que jalonarían la historia española hasta 1936. El Trienio liberal (1820-23) había sido inaugurado con uno, ahogado a su vez con la represión brutal que, tras las decisiones del Congreso de Verona (1822), restauró el poder absoluto. Desde Londres, Blanco White adelantaría entonces lo que iba a suceder durante todo el siglo siguiente: “Si cualquiera de estos dos bandos tuviera suficiente poder para subyugar al otro, la fiebre intelectual del país sería menos violenta y cabría esperar alguna crisis en fecha no muy lejana; pero ni la Iglesia ni los liberales -pues tales son, en realidad, los dos bandos que se enfrentan- tienen la más remota posibilidad de desarmar al adversario. La contienda continuará, desgraciadamente, por tiempo indefinido, durante el cual los dos sistemas rivales de educación que existen en ese país (España) proseguirán la tarea de convertir la mitad de la población en extraña, extranjera y enemiga de la separada”.

Dieciocho años antes, en 1813, ya había advertido que estaban sembradas las semillas de los dos partidos que dividirían el país: “Aunque el objeto de ambos, en último término, es el poder, el pretexto será la religión”. Casi todo el clero sospecharía que eran impíos los partidarios de un nuevo orden político democratizador, en la creencia de que el nuevo sistema que preconizaban las Cortes de Cádiz contenía gérmenes que “amenazan indirectamente a la pureza de la fe”. Aquellos liberales eran débiles e incapaces de llevar adelante la tarea de modernizar el país, mientras que “la opinión pública pronto estará dispuesta a cualquier mudanza, el trono será ocupado por alguna persona llamada a la sucesión y el actual sistema vendrá en breve a tierra”. En esa situación, los arreglos que exigía la problemática situación de los religiosos regulares antes de 1808, más urgida de atención cuando estaba acabando la guerra antinapoleónica, le hacía advertir que “si las Cortes toman providencias indirectas y evasivas sobre este punto, todas sus determinaciones serán anotadas por el partido devoto en la memoria de agravios del cielo que acaso no se está recogiendo en vano, y la reforma de los gravísimos males que producía el estado religioso en España titubeará” (Blanco, J. Sobre Educación, Escuela Nueva, 2003: edición de A. Viñao).

Desde antes de la LODE

Estos textos del sevillano parecen escritos para estos días nuestros. Particularmente, para que en la pugna actual por revisar o ampliar el sector concertado de este sistema educativo, recordemos que el relato de tal asunto no empezó en 1985 con la LODE: esta ley garantizó a los empresarios privados de esta actividad el negocio que tenían al asegurarles lo que hasta ese momento habían sido “subvenciones”. No viene tampoco de la guerra civil, entre 1936-39, si bien es verdad que los primeros decretos de la Junta de Burgos, y más claramente todavía los que siguieron desde abril de 1939, echaron por tierra cuanto se había avanzado en los cinco años de la II República: en Madrid, por ejemplo, los 13 institutos que había quedaron reducidos a 6 y algunos con nombre cambiado en honor de “la victoria”. Prácticamente todos los ministros del franquismo -declaradamente nacional-católicos en su mayoría bajo filiaciones de asociaciones y congregaciones diversas- le dieron apoyo sistemático, y así siguieron las cosas en Educación prácticamente hasta 1982, en detrimento de lo que impropiamente podía llamarse “escuela pública”. Esta historia, ya tenía tradición cuando sucedió todo esto: había recorrido todo el siglo XIX y, desde 1901, se había convertido en una auténtica “guerra escolar” de creciente dureza.

En esta última Legislatura (desde el 2011), ha habido un exceso de celo por parte de muchos responsables educativos por ampliar la presencia de la enseñanza privada y concertada en el sistema. Sigue siendo la Educación uno de los pocos campos residuales de enfrentamiento simbólico entre los distintos grupos sociales. Esa es la razón principal por la que no se pudo llegar a un consenso en estos asuntos en la etapa ministerial de Gabilondo. Ya con Rajoy en la Presidencia, se prefirió -la política es elección- el modelo que en autonomías como Madrid se había venido ejecutando desde 2003 y que, a su vez, procedía de las sucesivas rebajas que, desde Esperanza Aguirre o el propio Mariano Rajoy en Educación, habían ido mermando lo preceptuado en la LODE. En 2006, incluso la LOE dejó en situación precaria la protección de la enseñanza pública restándole preeminencia, al decir en el art. 108.4 que “el servicio público” de la educación -en el mismo plano teórico de igualdad- “se realizará a través de los centros públicos, privados y concertados”. Desde 1996, los pretextos de “la calidad” y “libertad de elección de centros”, amén de otras medidas adicionales, habían venido siendo encaminados sistemáticamente a sostener, prolongar y ampliar la situación privilegiada que, de partida, había tenido en el siglo XIX la enseñanza privada cuando “estudiar” era cosa de muy pocos e “ir a la escuela” imposible para una mayoría analfabeta. El 80% de la Segunda Enseñanza -amén de los colegios para niños y niñas de buenas familias- estaba en manos de congregaciones y fundaciones allegadas a la Iglesia católica, según dejó dicho el Conde de Romanones en el Parlamento. Fue el segundo ministro de Instrucción que tuvo España (1901-1902), muy denigrado por quienes, desde posiciones integristas, entorpecieron cuanto pudieron las decisiones con que quiso fortalecer la intervención del Estado. Él les replicaba diciendo: “¿Por qué sois partidarios de la libertad de enseñanza? -Porque esa es la única que os aprovecha, y todas las demás libertades son para vosotros mortales enemigos” (Diario de Sesiones del Congreso, 12/07/1901).

Funcionalidades de la libertad de enseñanza

Ese desencuentro en torno a la “libertad de enseñanza” ya venía de la propia Ley Moyano en 1857. Tal sintagma encierra contradictoriamente, por ejemplo, la difamación y persecución de la Institución Libre de Enseñanza y, más grave todavía, la depuración del magisterio, del profesorado de Medias y de la Universidad, y el del incipiente grupo de investigadores que se había formado en torno a la Junta de Ampliación de Estudios. Procesos todos muy documentados en los sumarios del BOE anteriores a 1945 y con abundantes reflejos posteriores. Puede que volvamos a ello otro día, para ver cómo evoluciona la semántica en manos de quienes quieren gobernar publicitariamente, con palabras que poco o nada tienen que ver con lo que parecen. Estamos en 2016 y si les damos vueltas es porque la realidad muy probablemente sea otra cosa y porque, en educación como en la vida, casi nada es lo que parece o puede que sea muchas cosas a la vez. Por ello Álvarez Junco, en su último libro a propósito de la función identitaria de los nacionalismos -El ser de España-, abre con una cita del famoso historiador de la decadencia y caída del imperio romano, Edward Gibbon (1737-1794), sobre la funcionalidad de las divinidades romanas: verdaderas para la plebe, falsas para el filósofo y útiles para los políticos.

Hay construcciones ideales que sólo existen para quienes se las creen y hasta pueden tener su belleza, como muchas mitologías. Pero la mezcla de libertad, religión y negocio como pretexto de “selecta educación”, subvencionada o concertada con el dinero de todos y diferenciada de la que como ineludible derecho reciben los demás mortales, a estas alturas habla más de pasado que de futuro democrático. Este sistema -más escolarizador que propiamente educativo- tal como parece haber querido consagrarlo la LOMCE es el futuro de una estructura soñada por y para unos pocos en el XIX. El problema es que, cuando sus defensores actuales piden que -sin revisión alguna- se siga protegiendo y desarrollando en beneficio privado de tan selecto grupo porque, entre otras ventajosas cualidades es más barata o segrega bien a los niños de las niñas, suena a incapacidad para imaginar y crear un futuro compartido por todos. En consecuencia -y con más razón en tiempos de “crisis”-, el resto de los ciudadanos afectados -el 65% en principio- parece que deba tener derecho a que, o se eliminan las contradicciones o habrá de ponerse este asunto en su sitio de una vez por todas. Desde Blanco White ya han pasado más de dos siglos. Con tal tradición, lo extraño sería que no resultara complicado formar un Gobierno comprometido con el diálogo y las necesidades de los ciudadanos. O que no estuviera bien vista la fuga de capitales de nuestros más distinguidos emprendedores.

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