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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Hay baraturas educativas, subvencionadas, que tienen que ver con crisis democráticas

Manuel Menor Currás
20-Marzo-2016

Casi nada es lo que parece, y menos en educación. Hay transparencias oscuras, tan pretenciosas y cansinas en sus exigencias como lo fueron en el siglo XIX.

Lo inédito de no disponer del rodillo parlamentario es que se producen situaciones como echarle un pulso al Parlamento y pretextar que éste quiere desgastar al Gobierno: éste le da plantón y le dice, de inmediato, que es culpable por pedir explicaciones. Con las mayorías absolutas no pasaba. Sucedió, eso sí, que en más de cien ocasiones de la pasada Legislatura, las peticiones de explicación no llegaban al orden del día: la mesa del Congreso frenaba la demanda. Costumbre que ha llevado a muchos a pensar que la democracia puede no diferenciarse mucho de lo que no lo es. Explicarse exige esfuerzo, pero es signo de educación y respeto. Es verdad que este Parlamento no eligió a este Ejecutivo, pero también es anómalo que éste vaya por un lado y en la Carrera de San Jerónimo cunda la impresión de que les burlan, contraviniendo el sentido constitucional del art. 26.2 de la Ley del Gobierno: “Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales” (Ley 50/1997. BOE, 28/11/1997).

Oscuras transparencias

Caben múltiples explicaciones a este indisimulado afán de cautelosa preservación, y más ante la urgencia de formar nuevo Gobierno. Los demás no pueden ser culpables de un aislamiento ganado a pulso durante cuatro años, después de larga praxis en no pactar o consensuar poco con otros grupos parlamentarios.

Nada es eterno, de todos modos, en el juego político, que, además, se compadece mal con la historia. Perspectivas a las que, por su parte, la jerarquía eclesiástica ha sido siempre proclive desde el constantiniano año 313 d.C. Estos días de Semana Santa, cuando muchos piensan la Declaración del IRPF, suele hacer circular leves informaciones respecto al uso de los dineros que, por efecto de los acuerdos con el Vaticano en 1979 y por las actualizaciones de Zapatero en 2006, explicita la Ley de Presupuestos. Este año fiscal asciende a 250 millones de euros, que destina sustantivamente a salarios y seguridad social del clero, aunque también sirva, al parecer, para financiar asuntos que son muy discutibles como actividad pastoral en un país democrático. Sirva, a modo de ejemplo, que lo que percibe Cáritas -el lado más social de la Iglesia- de estos recursos son tan sólo 6 millones, una mínima parte de su presupuesto anual nutrido principalmente de otras partidas.

Este capítulo de 250 millones, el que suele publicitar la CEE como si todo lo demás cayera del cielo, es tan sólo una pequeña parte de lo que la Iglesia católica recibe del Estado. Si no se quieren opacos ni misteriosos los recursos económicos -y lo son si se mezcla lo que es de Dios con lo que es del César-, han de sumársele las subvenciones que las actividades eclesiásticas reciben de los distintos ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos; las exenciones y bonificaciones tributarias que tienen sus propiedades; y los programas de mantenimiento y restauración de su patrimonio documental, artístico y monumental. También han de incluirse partidas menos solemnes como, por ejemplo, subvenciones para misas y rezos en el Valle de los Caídos, El Escorial y Yuste por un importe global de 900.000 euros (en 2013) -por “levantar las cargas espirituales” de sus fundadores, amén de otras atenciones-, que ahora pone en cuestión el Tribunal de Cuentas. Pero el cómputo de este segundo capítulo, en que se suma lo que viene percibiendo anualmente del Estado por tan variados conceptos se estima -según los informes periódicos de Europa laica-, en más de 11.000 millones de euros. Una cifra global equivalente a decir que cada ciudadano -católico o no- da a la Iglesia católica en torno a los 240 euros anuales. Retengan la cifra, pues todavía queda otro capítulo.

Existe, en efecto, un tercer capítulo de recursos económicos, normalmente inexplicado cuando de recursos eclesiásticos se trata. Es el más antiguo y está estrechamente vinculado a las relaciones del clero con sus fieles. Curiosamente, a quienes menos les gusta recordarlo es a muchos clérigos que, fieles a lo que propugnó el Concilio Vaticano II a comienzos de los años sesenta -y a veces con gran escándalo de sus propios compañeros- renunciaron a cobrar por actos estrictamente litúrgicos lo que les facultaba el derecho canónico, las sinodales diocesanas y los arraigados hábitos sociales de pueblos y ciudades. Las parroquias, por ejemplo, estaban clasificadas -en las guías publicadas por la Iglesia y algunas diócesis-, no sólo por el número de “almas”, sino por el cálculo de ingresos que podían producir a quienes las regentaran. E igual sucedía con la tipología de oficios religiosos, cuyo coste dependía del ornato, solemnidad, oficiantes y horarios en que fuera dispuesto. Los ritos funerarios, por ejemplo, eran sensiblemente distintos no sólo por estos motivos, sino especialmente por la cantidad y calidad de responsos cantados que los deudos del difunto quisieran y pudieran sufragar. Clérigos y religiosos suman, pues, a lo que les pueda corresponder por los dos capítulos anteriores, los estipendios regulados que perciben de cuanto puedan allegar por actos religiosos demandados, tales como misas, bodas, defunciones y bautizos, amén de devociones y procesiones varias. Es un capítulo este muy cambiante, entre otras razones a causa de la sensible mudanza de las prácticas religiosas. Pero en este tercer capítulo pueden contabilizarse igualmente, además de rentas de viviendas y diestrales exentos de tributación, las cantidades que habitualmente suelen pagarse, por ejemplo, al visitar museos catedralicios. También, las limosnas o donativos que, de paso, quieran hacer creyentes y devotos en los múltiples petos o alcancías que suelen abundar en los lugares de culto especialmente ante imágenes tenidas popularmente como “milagrosas”, “abogadas” frente a algún mal. Este aspecto no es nada desdeñable según qué sitios: la Catedral de Santiago o la de Toledo -más de millón y medio de visitantes anuales- distan mucho de lo que pueden recaudar otros templos. Los “petos de ánimas” -de mano o de piedra, en el interior de los templos y en los cruces de caminos- siguen gozando de especial predicamento en algunas áreas geográficas después del Concilio de Trento; y los “santuarios” prosiguen, a su vez, una tradición milenaria, anterior a la cristianización. Y especial mención merecen, en fin, un asunto más poderoso que las “inmatriculaciones”, los legados testamentarios y donaciones fundacionales de carácter caritativo o memorial, instrumentos jurídicos de incremento principal -desde época romana- de las propiedades eclesiásticas antes y después de la desamortización.

Las subvenciones educativas

Los colegios de influjo católico también tienen un historial muy variado que, la mayoría de veces, con el pretexto de la proyección social de la Iglesia, se nutrió de alguno o varios de estos capítulos de ingresos. Ahora, ya no hay colegios “subvencionados”. Desde la LODE, “Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación” (BOE, del 04/07/2016), en sus arts. 47 a 63, se conocen como “colegios concertados”, incluso “asimilados a fundaciones benéfico-docentes” a efectos de la aplicación de beneficios, fiscales o no fiscales, reconocidos a este tipo de entidades. También fue esta norma la que estableció que, para ser concertados, se obligaban a impartir gratuitamente las enseñanzas regladas objeto de los “conciertos con el Estado”. Igualmente les comprometía a que las actividades escolares complementarias, las extraescolares y los servicios escolares no podrían tener “carácter lucrativo”.

Con independencia de lo que haya sucedido en la práctica en muchos casos, y de cómo hayan sido desvirtuados los compromisos de la LODE, para entender la cuestión de la supuesta baratura de estos centros concertados, es importante volver al mencionado capítulo de los 11.000 millones. De ellos, 600 se emplean en salarios del personal encargado de la catequesis curricular -no exactamente Religión- en los centros públicos. Y han de sumárseles, sobre todo, los 4.300 que implican “los conciertos” de los colegios de la órbita católica. Es verdad que no están incluidos en esta cantidad todos los centros concertados, pero sí una parte sustantiva que afecta todavía al 65%. Aparte de los católicos, confluyen en este sector otros actores empresariales que concurren con creciente interés por la enseñanza. Lo ven como un sector de mercado que desean lo más libre y desregulado posible y al que están induciendo planteamientos estratégicos no necesariamente coincidentes con los de la jerarquía católica. Abundan datos, de todos modos -constatables en los registros del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, del Banco Hipotecario, de los Planes de Desarrollo o de las variada “obra social” de muchas Cajas de Ahorro- para ver que no todo fue evangélico ni social bajo el manto eclesiástico en estos asuntos. Basta leer Caballo de Troya, folleto de la patronal E.G. (Educación y Gestión) -ligada entonces a la FERE (fundada por los religiosos de la enseñanza en 1957)- en que fustigaba como “afán estatalizador”, en 1994, las obligaciones impuestas por la LODE, contrarias a los hábitos dirigistas que habían regido en muchos colegios respecto al justo salario de los profesores externos que contrataban. La rápida contestación de FETE.UGT fue otro folleto de fácil consulta que se tituló: En defensa del pago delegado, en pro de sus afiliados, y que todavía aporta luz a este debate.

Aquella parábola, alusiva a la estratagema divulgada por Homero y Virgilio, está hoy en trance de poder significar el papel de muchos centros educativos católicos en el conjunto de los concertados. En este sector mutante, crecientemente sindicado como lobby para defender intereses concretos de falsa competencia mercantil y creciente afán monopolístico, los centros del ámbito católico son todavía más de 2600. Los otros, propiedad de fundaciones y empresas incluso multinacionales, adquieren más peso si se contemplan en la globalidad y se suman a los centros estrictamente privados -que también tienen deducciones en las declaraciones de IRPF-. Todos juntos atienden a más del 30% de niños españoles en edad escolar. Estas estadísticas globales permiten, por demás, obviar la distinta intensidad presencial del sector privado-concertado según niveles educativos. Dejan además en la oscuridad una muy variable distribución según Comunidades autónomas y, dentro de ellas, una no menos diferente implantación territorial. Lo cual, por otra parte, facilita la opacidad de muchas razones benéfico-sociales invocadas para justificar los conciertos existentes, y no referirse a situaciones heredadas, sobre todo de un muy duro siglo XX -nada igual de duro para todos-.

Se miente, de entrada, cuando se considera plano el territorio distributivo de la educación. Lo prueba la mera ubicación física de su triple fórmula para una supuesta “libre elección” de los demandantes de plaza escolar. En caso de mapearse la península con todos los datos disponibles -cuestión principal para hablar con fundamento de improbables baraturas-, mostrará que en muchos lugares de España estos centros nunca han optado por estar ni se les espera. En otros, en cambio, el afán de presencia ha sido tan intenso que permiten ver cómo ansiadas localizaciones, buscadas por algunos, han variado ligeramente dentro del mismo hinterland, siguiendo las remodelaciones urbanísticas y atendiendo a la movilidad de una clientela muy específica. Nadie puede extrañarse, por tanto, de que la historia de nuestras ciudades -con sus espacios socialmente prósperos, sus islas o ghettos particulares, y sus procesos de gentrificación- haya sido pródiga en diferenciar los posicionamientos de muy distintos centros docentes. En los años cincuenta y sesenta las baraturas afloraron patrones que acompañaron la expansión del ladrillo, hasta este presente en que los “recortes” presupuestarios volvieron a mostrar que las asimetrías continuaban inalteradas y en aumento.

Aquellas pautas de entonces -especialmente fuertes en los sesenta y primeros setenta- siguen siendo válidas, entre otras cosas, para distinguir -dentro de los “colegios concertados” que se presentan como “más baratos”-, los que de verdad se ocuparon de un tipo de educación atenta a la transformación de la vida de los barrios y a las necesidades culturales de los vecinos, igual que trataron de hacer, pese a dificultades de presupuesto, múltiples centros públicos. En la historia de los centros educativos -a pie de calle-, lo más evidente es que no todos han sido ni son iguales: no vale mezclarlo todo de nuevo, como si nada. Y también es obvio que no se trata de diferencias “naturales”. La educación española y sus modalidades de diversificación legalizada tienen una larga historia de emboscamientos a superar. Siempre escasa de medios, en el siglo XIX fue muy belicosa. Desde los años 30 del siglo XX propició que los intereses de “la subvencionada” fueran especialmente prioritarios. Y a este criterio se han atenido fervorosamente responsables políticos como los que, en 2013, han sacado adelante la LOMCE.

Y seguimos…

Ni nosotros ni la naturaleza procedemos por saltos. Las dificultades para concertar un Gobierno estable, que se ocupe de los problemas de todos, son parejas a cuanto acontece en educación. A este ámbito, de gran valor simbólico, le queda por delante largo recorrido. Persisten muchas ansias de que siga siendo un espacio y tiempo propicios para que los jóvenes sostengan la competencia entre crecientes diferencias sociales; al margen de que una educación temprana en el selecto individualismo reproduzca situaciones imposibles para crecer como personas y ciudadanos libres en una sociedad plural. ¿Han visto el odioso machismo de los hinchas holandeses en la Plaza Mayor madrileña? ¿Y los acuerdos de la UE sobre los refugiados sirios?... ¿Qué mundo estamos dejando? En un tiempo similarmente ciego y sordo, Curros Enríquez, poeta de Celanova, hizo decir al Creador: "Si iste é o mundo que eu fixen, que o demo me leve". (Continuará).

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