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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

La incertidumbre del debate político ya tiene reflejo en el ámbito educativo

Manuel Menor Currás
6-Marzo-2016

Vuelven a hablar los medios sobre los valores de la enseñanza concertada, con argumentos estereotipados que merecen ser analizados cuidadosamente.

Esta semana -dicen que histórica- ha quedado claro que 131 no alcanza el cómputo indispensable para un cambio inmediato en el Gobierno central. Cada líder tendrá tiempo, probablemente hasta junio, para seguir predicando a sus fieles la incompatibilidad de sus puntos de vista con los de otras opciones parlamentarias. Entretenidos en el mutuo desafecto, la testarudez y el fundamentalismo, hacen que las urgencias ciudadanas caminen hacia el descreimiento. Ya Metroscopia predice que la carrera política de Rajoy ha terminado, pocas veces ha habido un horizonte político menos previsible y, como muestra de que lo educativo nunca es indiferente a lo político, emergen voces tratando de crear un estado de opinión encastillando precavidas posiciones.

Inquietudes emergentes

En los programas electorales previos al 20-D había propuestas de variado interés, urgencia y concreción, de las que algunas podrían afectar al status interno del sistema educativo y, particularmente, al de los colegios concertados y a determinadas deducciones en el IRPF de quienes envían sus hijos a centros privados. En general eran propuestas moderadas, pero han generado que en algunas revistas y columnas de opinión hayan empezado a dejarse oír voces similares a la de Pedro y el lobo, en el cuento que Prokofiev musicalizó en 1936. La Ley Moyano, en cumplimiento de lo firmado en el Concordato de 1851, había garantizado a este sector educativo una posición relevante de partida, y desde entonces -mucho antes de la II República-, peleó tan a fondo y de tantas maneras por sostenerla que se habló de “guerra escolar”. Desde la ambigüedad del art. 27 de la Constitución, después del posicionamiento en la LOECE (1980), y con distintos nombres antes de llamarse “enseñanza concertada” en la LODE (1985), nunca cejó, además, en el afán por incrementar la importancia de su situación aminorando la importancia de la enseñanza pública y aumentando la subsidiariedad del Estado para lo suyo.

La accidentalidad del BOE

Es consciente, sin embargo, de la accidentalidad de cuanto ha ido apareciendo en el BOE y, en especial, de la provisional preeminencia que la LOMCE le ha otorgado. Con la conjunción de “la crisis”, los sonados escándalos en el uso corrupto de presupuestos educativos en algunas comunidades, y la extensa repulsa que ha suscitado esta última ley orgánica, los gestores de la enseñanza concertada saben mejor que nadie que el dinero público -de todos- no tiene por qué sostener actividades que, en muchos casos, pueden no responder a lo que el interés común de los ciudadanos demanda. Por eso sus inseguridades empiezan a dar señales de alerta. Tangencialmente, añádase que cuantos genéricamente tienen proyectos empresariales en la enseñanza concertada o privada no necesariamente comparten idénticos intereses como no sea el de que el flujo de los conciertos prosiga y que, a ser posible, aumente. Con ese sentido tratan de estar y actuar sindicados. Pero, a diferencia de la situación en el primer tercio del siglo XX, las proporciones de afiliaciones internas a este sector ha variado ampliamente; los adscritos a la órbita católica son todavía mayoría y, además, entre estos últimos las corrientes doctrinales y pedagógicas son muy diversas. De ningún modo es un bloque tan compacto como había sido otrora, en la época, por ejemplo, del P. Ruiz Amado o de Enrique Herrera. Esta evolución interna -en que hay otros intereses difícilmente armonizables con los que pregonaba la Encíclica Divini Illius Magistri (Pío XI: 1929)- es relevante a efectos de que no debiera traerse a colación aquí y ahora como defensa un supuesto “anticlericalismo” renovado. Tal vez merezca la pena volver en algún momento a este aspecto argumental ad hominem. Se esgrime en algunas Webs con la misma alegría que, en otras épocas no muy lejanas, solía hacerse con la masonería, el comunismo o la rusofilia, aunque sean muchas las razones, incluidas las de la propia evolución de segmentos muy relevantes de la propia Iglesia -especialmente desde los años sesenta-, que avalan que las duras peleas de clericalismo y anticlericalismo en que se enzarzaron las distintas facciones liberales del XIX nada tienen que ver, per se, con los desacuerdos de opinión que pueda haber en el presente. Traídas por los pelos en un asunto de estricta oportunidad política, pertenecen a lo que Shopenhauer llamaba El arte de tener siempre razón (1864).

No consta, en todo caso, que la enseñanza concertada sea un asunto prioritario de que fuera a ocuparse un gobierno reformista. La gama de propuestas para tratarla -aunque sólo fuera colateralmente- sería bastante amplia, en la línea de reformular y justificar el pretexto de “servicio social” bajo el que se han amparado históricamente estos conciertos educativos. Improbable como es, necesariamente sería lenta a medio plazo dadas las indeterminaciones que conllevaba lo que parecían ver urgente: paralizar “con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE”, a que se refería, por ejemplo, el reciente Acuerdo entre C´s-PSOE. En consecuencia, cabe deducir, ante todo, que las premuras actuales en reclamar atención sobre las ventajas que ofrezca disponer de enseñanza concertada y privada dentro del sistema educativo español, arrastrarán voces mayores y crecientes si lograran consistencia cambios significativos en este terreno o en otros muy afines como el de la “libertad” educativa y, asimismo, la laicidad e “ideario” de los centros en la medida en que se vieran afectados por la retirada de la última ley orgánica.

Diálogo e incertidumbre

Gran parte de los medios cada vez cuenta menos qué esté pasando y otros nunca han contado nada, pero a muchos observadores no se les escapa el probable cambio, no sólo político sino también educativo, en la XI Legislatura entrante cuando el grado e intensidad del cambio son la gran incertidumbre del momento. Tiene por ello interés, dentro del todavía bastante tranquilo panorama, llamar la atención sobre algunas cuestiones que no debieran enturbiar el presumible debate que se avecina aun no siendo inminente. Ni siquiera entre defensores de las posturas más enfrentadas en los terrenos de la educación, debieran sacarse las cosas de quicio. Repetir escenas como algunas recientes en el Congreso, en las redes sociales o en presuntos debates televisivos, es de nula ejemplaridad democrática. Salvo que el listón esté ahora en agudizar las desafecciones -en marcha dentro de nuestra sociedad- y aumentar la profundidad de las divisiones excluyentes. Altamente recomendable sería, por tanto, que los interesados en estas cuestiones no olvidaran, además de la cortesía y el respeto, manejar información bien documentada en vez de prejuicios que sólo contradirían la sana convivencia en libertad. Condición indispensable sería, además, que trataran de racionalizar al máximo los criterios que mejor se ajusten a nuestra sociedad actual. No es ésta una cuestión de buenos y malos, con antagonismos irreductibles. La complejidad de planos que confluyen en las cuestiones principales que afectan a toda dialéctica creíble en este terreno es mucho más amplia de lo que pretenden mostrar. (Continuará).

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