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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿Caminamos por fin hacia un Pacto político por una educación para todos?

Manuel Menor Currás
25-Febrero-2016

Dentro de su provisionalidad, el “Acuerdo” entre Ciudadanos y PSOE ayuda a entender por donde podría ir un “gobierno de progreso” en los asuntos educativos.

Todo es provisional, pero al menos disponemos de las líneas rudimentarias del nuevo mapa político español. No es poco disponer de la cartografía apropiada para saber dónde se sitúa cada cual y cuáles sean sus atributos para situarse a derecha o izquierda. Desde hace mucho era difícil categorizar posicionamientos, dada la fluidez de adscripciones terminológicas, adscripciones y camuflajes existentes. En este momento de finales de febrero de 2016 -y mientras no se diga lo contrario- al menos sabemos dónde está el centro.

Los valores del Acuerdo de Progreso

El Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso que ayer firmaron Ciudadanos y PSOE podría considerarse como el máximo de centralidad posible en una coyuntura que las elecciones del pasado 20-D dejaron de obligada negociación entre los principales actores políticos, los emergentes y los que detentaban hasta ahora las claves de la polaridad democrática. Fuera queda, en la margen derecha el PP de Rajoy -invocando haber sido los más votados y olvidándose de cómo han gestionado su última mayoría absoluta- y en la sección de la izquierda parlamentaria, el amplio dominio de Podemos rentabilizando el descontento creciente de la ciudadanía descontenta de cómo ha sido tratada.

Nadie puede saber, todavía, el valor inmediato que pueda tener este “acuerdo” en la próxima sesión de investidura para la Presidencia de Gobierno y, sobre todo, de qué pueda servir para un hipotética alianza en la Legislatura entrante. Las posibilidades de lo primero existen pero son menguadas, y, en buena lógica, similar cariz tiene lo segundo. Pese a lo cual, es digno de ser tenido en cuenta que se haya abierto una brecha en la casi monolítica secuencia de gobiernos regidos por la propensión al dogmático monólogo con su grupo parlamentario, especialmente cuando las elecciones han caído del lado más conservador. De este modo, la flexibilidad interna que tiene la sociedad parece empezar a tener más reflejo en quienes vayan a gobernarla.

Por otro lado, a poco que se lea, este “acuerdo” permite ver cómo gran parte de lo legislado en los casi cinco años últimos -desde aquel mayo horribilis- sólo debería tener como mejor destino el quedar como referencia documental en el BOE, para historiadores interesados en modos de gobernar impropios del sentido democrático aunque hayan cumplido los formalismos establecidos. Es suficiente con los principales epígrafes para comprobar que -si este “acuerdo” centrista llegara a buen puerto- gran parte de ese bagaje leguleyo trataría de ser revertido de inmediato. Si este “acuerdo” es la radiografía posicional del centro, y se le añadieran por un casual las demandas principales de la actual izquierda real aquí no representada, el PP debería tomar nota. Si él mismo no genera un plan B capaz de enmendarse a sí mismo en cuanto a conceptos y maneras, su soledad está garantizada. Ni tendrá opción de pacto para gobernar y una probable reedición electoral tampoco le garantizará la anhelada mayoría para proseguir su solipsismo.

El Pacto por la Educación

Es de particular interés el apartado III, en que se acuerda “alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación, la Ciencia y la Cultura como uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades”. Lo primero a destacar es que aparezcan juntas estas tres vertientes de la vida individual y colectiva y no como campos individualizados y opuestos. No es poco, aunque habrá que estar atentos a la letra pequeña. El tiempo corre aprisa y pronto se podrá ver el alcance real de esta hoja de ruta, desde el entrecruzamiento de estas tres dimensiones y, sobre todo, desde la “igualdad de oportunidades”. Este es sin duda el criterio primordial del alcance de toda política democratizadora. Veremos, pues, si es creíble su presencia como elemento fundante de un acuerdo de posible Gobierno. No olvidamos que ya era una vieja aspiración presente en nuestra legislación desde mucho antes de aquellas becas del PIO (Patronato de Igualdad de Oportunidades), que en su primer Plan, para el curso 1961-62, tan sólo dispuso 600 millones de pesetas: un grano de arena en un mar de necesidades de la época. El problema es que nunca alcanzó a tener una estructura consistente y suficiente, incluso en su estricta dimensión de becas y ayudas. De siempre, el gran problema de la educación española ha sido la igualdad. Si en la infancia de muchos, no era lo mismo “ir a la escuela” que “estudiar”, y ni siquiera lo primero estuvo garantizado, el asunto de “la igualdad” ha seguido abierto después de haber logrado escolarizar a todos los niños y niñas. La ley de 1970 no cubrió ese déficit, pero tampoco la LOGSE ni toda la secuencia legislativa posterior, incluida la LOMCE que ha sido especialmente regresiva en este terreno.

Y la igualdad de oportunidades

La garantía de la igualdad de oportunidades: ¡Ojalá la logren! Porque los tiempos futuros de este anhelo en la legislación española -particularmente en la de signo educativo- se han prodigado más que la propia exuberancia normativa, ya sorprendente hace 115 años para el primer ministro de Educación, Antonio García Álix. Un primer paso puede ser la “paralización con carácter inmediato del calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor”. A condición de que se entienda tan sólo como un primer paso, el más fácil y más vistoso seguramente. Pero con esta medida no habrán hecho sino empezar. A continuación, habrá que construir el lado proactivo de la igualdad en multiplicidad de frentes. La ciudadanía -en caso de que llegue a prosperar este “acuerdo”- deberá estar atenta al desarrollo de los otros nueve ítems (de las pgs. 26 y 27) relativos a las etapas y niveles generales de la educación escolar. No deja de sorprender, de entrada, que entre ellos no figuren algunos aspectos generadores de desigualdad real en los centros educativos por condicionar o coartar derechos principales. Ya se verá si se los reservaban in pectore, no los han percibido o, simplemente, si han podido ser motivo de severo desacuerdo.

Falta asimismo saber si el posible incumplimiento -futuro- del variado conjunto explícito de cuestiones determinantes de “igualdad” que han seleccionado, unido a las no consideradas en este documento, deberá de achacarse a que no correspondían a un programa de centro -a que no se sienten obligados los firmantes- o si, como suele suceder para desencanto de votantes, haya tan sólo de ser entendidas como reclamo propagandístico y no precisamente como objetivo político digno de ser atendido con rigor y presteza. Entre supuestos tiempos mejores y utopías de escape de la terca realidad andaba también Don Miguel de Cervantes y su fiel Don Quijote allá por 1605 cuando consideraba propio de la “edad dorada” la sencillez denotativa de “los conceptos” y no se buscaba “artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había fraude, engaño ni malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y el interés que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen…” (I, 11). Veremos.

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