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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Jubilarse sin júbilo

Manuel Menor Currás
22-Septiembre-2012

Antes del próximo solsticio, con toda probabilidad estaré jubilado. No siento, sin embargo, el júbilo que sería de rigor. Ni por dejar atrás los engorros de un largo trabajo en el aula con adolescentes ni, tampoco, porque considere especialmente relajada la siguiente etapa. Me embarga, en cambio, cierta tristeza: no creo que logre distraerme del deterioro que están produciendo muchas políticas en los esfuerzos de estos últimos cuarenta años por mejorar la educación recibida. Tengo la sensación de abandonar este barco justo en un momento de máxima inquietud, cuando más falta haríamos todos, pero movido por el malestar laboral acrecido en los últimos tiempos, lo que me inclina a pensar que más me voy  porque me echen que por la perentoriedad de mi cronología.

No hay nada que celebrar. Uno se había acostumbrado a la “apertura”. Ya saben: lo poco que, poco a poco, habíamos ido logrando desde finales de los sesenta. Y, de repente –por mor de la crisis, pero sin que ella sea la causa-,  quieren devolvernos a los años de la “cerradura”. Todo el tiempo intermedio –el que abarca íntegramente mi vida laboral- es como si no hubiera existido.  Ya es una etapa extraviada que se quiere suprimir del relato –en una elipsis de lo aprendido-, para ahorrar complejidades y retomar el hilo narrativo anterior a la democracia. Hasta las palabras que nos habían guiado en ese tránsito están siendo sepultadas o tergiversadas para imponer de nuevo un vocabulario que creíamos arrumbado. Por tanto, en este momento –en que pronto dejaré las clases de Secundaria- no veo nada que celebrar. Me siento, más bien, como el inminente emigrante al que Celso Emilio Ferreiro decía: “Mentras o tempo da patria non chega/ mentras non pasa o tempo que denigra/ deixa ise oscuro afán que te atafega/ ¡Fuco Buxán, emigra”.

 

En el juego de la oca que se nos antoja ser el recorrido de educadores y educandos por estos años, la vuelta a la casilla de partida ya está decidida. Viene precedida por una detallada guía de viaje por donde se quiere que transcurra en los próximos años y, a ser posible, de manera definitiva, “la mejora” del sistema educativo. Como más de un ciento de veces ha sucedido en la superlegislada educación española desde sus inicios, la clave del arreglo de los problemas vuelve a encomendarse a una nueva ley que, como primera reacción, suscita ya antes de nacer la necesidad urgente de otra nueva ley: lo veremos en el trámite parlamentario, por rápido que éste sea. Provisional de partida, vocacionada para perder el tiempo -y más en época de escasez-, continúa esa inútil tendencia de muchos gobernantes a la grandilocuente vacuidad. Puede que el Sr. Wert crea que su proyecto legislativo arreglará algo y, además, democráticamente. Pero de sobras saben quienes han historiado los entresijos de nuestras sucesivas “guerras escolares”, que a lo único que conducen los tancredismos en este terreno es a prorrogar el desencuentro social y a sostener la hegemonía oligárquica de unos pocos. Y también es sabido que en ésta, como en otras facetas sensibles de la vida comunitaria, lo que no es diálogo es mera imposición abusiva.

 En nuestro sistema educativo, a pesar de lo logrado en todos estos años anteriores –desde antes de la Transición-, tenemos importantes retos por resolver. Claro que sí: en qué no. Pero con un problema de fondo en su tratamiento. Los alternantes predecesores de quienes hoy dirigen el MEC nunca le prestaron la atención sostenida que debiera tener: palabrearon mucho, pero el presupuesto se fue prioritariamente en cosas de más brillo. Y para este Ministro y quienes le apoyan, la educación pública es, hasta de palabra, algo subsidiario -de otra categoría y nada igualitaria- respecto a la clientela de la enseñanza privada. La clientela de ésta nunca se ha inquietado demasiado y ahora se siente especialmente mimada. En este sentido -y dentro de un continuismo histórico español, de contados los momentos en que haya habido para la Educación pública una política preferente-, en éste le aplican sin ningún rubor el principio dominante en otros departamentos: al socializar pérdidas y privatizar servicios, casi siempre sabemos de antemano a quién benefician a costa de quién. Por muy órgánica que quiera ser esta Ley, no cambia un ápice estas posiciones de partida. Es más, las reafirma como “naturales”; no tiene inconveniente en contradecir lo que los informes empíricos más cualificados –incluido el último de la OCDE, sobre equidad de los sistemas educativos- demuestran: que siempre sería más eficiente para una sustantiva mejora de lo que nos falta por recorrer en educación –e indirectamente, para el funcionamiento real  de nuestra democracia y nuestra economía-, el trabajo serio, paciente y constante por conjuntar voluntades en el diagnóstico certero de los problemas y en la búsqueda pactada de soluciones para todos los ciudadanos.

Los destinatarios de ésta, como de muchas otras reformas, son, ante todo, los medios de comunicación. Tienen ahí un magnífico campo de negocio: el apasionamiento, más que la información, facilita la desregulación del mercado. A continuación –o en perfecto ensamblaje transversal-, este Ministro y sus asesores se llenarán de gloria y parabienes de los suyos. Sin gastar un duro –pues sigue la tradición de que  casi ninguna de nuestras leyes educativas importantes ha ido acompañada de compromiso económico para ejecutarla con dignidad-, también en esta ocasión se pasarán una temporada en el “candelabro”  tras el mágico pretexto de “mejorar” el sistema. En tercer lugar, vendrán los sufridores-ejecutores del proyecto después de que éste pase formalmente al BOE. Alcanzado ese Olimpo, el Ministro verá reaparecer la tozuda realidad con todos los interrogantes no planteados a tiempo;  ¿a cuántos mantendrá esta nueva Ley en el privilegiado limbo donde siempre han estado? ¿A qué alumnos y alumnas les cambiará la vida, se la perturbará profundamente o les dejará fuera de juego? ¿Cuántos y cuáles profesores se implicarán de verdad en las novedades que arrastre su nuevo diseño organizativo y curricular? ¿Cuánto habrán costado las medidas que necesariamente implican dinero? ¿Qué eficacia de resultados desarrollará, en qué líneas y a costa de quiénes o a favor de quiénes? ¿Cuánto tiempo de vida, en fin, se le podrá auspiciar? ¿A quién se le reclamarán los muy probables desaguisados que provoque?... Si todavía anduviera en foros públicos por entonces, ¿hacia quién podrá proyectar el Sr. Wert, sin mentir, la utilidad de esta Ley que ahora propugna?

Todo indica que esta non-nata Ley Orgánica introducirá medidas de gran calado en el sistema educativo español, presuntamente en nombre del “bien común”.  Circula desde el verano una detallada guía de las correcciones que imprimirá a cuanto, según entiende, va mal –(Cfr.: “Propuesta para el anteproyecto de Ley Orgánica... MCDE, 09/07/12). El Consejo de Ministros del pasado 21 de septiembre las ha confirmado y todo sugiere que lo “órgánico” de la misma está muy próximo a conocidas connotaciones del sistema franquista. Poco importa que ese adjetivo denote el segundo rango legislativo en nuestro sistema constitucional. En puridad, esa formalidad debiera corresponderse con una consistencia que no va a tener. No pasará de ser una ley provisional, sobre todo porque soslaya una rica experiencia educadora acumulada en el transcurso de todos estos años y, además, por  no tener en cuenta –cual si de reinventar la educación ex novo se tratara- el amplio arsenal de conceptos y buenas prácticas que ha validado el mundo científico más implicado en los asuntos educativos. Discutible es que cuanto dan por valioso los más reconocidos investigadores en este ámbito no sea aplicable de inmediato, pero lo que no admite discusión es tratar de colar por imposición legislativa lo que es mero pre-juicio personal o grupal, cuando no ignorancia atrevida. Cuando, además, una parte sensible de lo que ahora se quiere sacar adelante causa grave perjuicio de una parte sensible de los destinatarios de esta proposición de Ley, nadie se extrañe de que de inmediato surjan graves discrepancias en su aplicación, sin que hayamos avanzado nada en resolver de verdad los  problemas reales que tenemos. La elipsis más fuerte de esta Ley no es la del relato, sino la de la preterición de los ciudadanos: le sobran muchos, por olvido o por desprecio. Nada impedirá que, ni como señuelo de distracción,  haga disminuir el número de los perplejos ante la estupidez humana.

Este peculiarísimo modo de arreglar la educación y el país, tiene su mimética traducción en la prosa del anteproyecto. Es la séptima Ley Orgánica desde la Transición y pilla  a mucha gente resaviada: su lenguaje  -lo que dice y cómo se dice, sumado a los dejes de quiénes hablan por su conducto-, produce cansancio cuando no horror. Los decretadores de “recortes” y “tarteras” quieren que entendamos y apliquemos decididamente sus nada seductoras perspectivas sobre enseñanza “pública-privada”, “reválidas”, “itinerarios tempranos”, “selección”, “segregación”, “discriminación de alumnos” –y alumnas-, valoración y condiciones del “profesorado”, “dirección administrativa de los centros” –los residuales que queden-, papel “consultivo” de “padres” –“unos” y “otros padres”- en el desarrollo de los centros y del sistema, “recentralización curricular” –más potente todavía que la “autonómica”-, “intolerancia cognitiva”, “metodologías” periclitadas..., tiempos y medios disponibles, más atentos a las formalidades que le vienen bien a la “productividad económica” que a cuantas traten de desarrollar  el “crecimiento” personal y “cívico”.

En estos tiempos de confusión lo que manda es, según Juan Carlos Monedero, El gobierno de las palabras (FCE, 2009): quieren alterar el Diccionario de la RAE y la sintaxis. Un juego de salón si las narrativas de “mejora” y “excelencia” que propician se quedaran en mera retórica aristocratizante. Pero se le vienen encima al renqueante sistema educativo que tenemos, a confirmar como clásica la tradicional dicotomía socioeducativa hispana  del “estudias o trabajas”.

No soy el único de cuantos han optado por jubilarse. Sin otro júbilo que no sea el de no tener que aplicarnos con denuedo a la nueva jerga que, por imperativo legal, se nos impone, releeremos -para enterarnos mejor de los significados- los libros y trabajos de prensa con que, en aquellos años primeros, nos ilustraron Máximo, Forges, el Perich,  Summers, Ops-El Roto, y hasta Peridis. Cuentan -milagrosamente lúcidos- qué está pasando ahora mismo.

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