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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Los orígenes oficiales de "La fregoneta"y del “derecho a la ignorancia”

Manuel Menor Currás
8-Agosto-2015

La violencia gratuita con que se expresan algunos de los nuevos responsables en asuntos educativos denota un nivel francamente de otra época, con otras ambiciones políticas y mentiras antiigualitarias.

Entre las muchas maneras que pueda haber para calibrar el valor y estima que haya por unas u otras cosas, en política –y más si de asuntos educativos se trata– es clave saber a quién se elige para que se encargue de ello con responsabilidad y mínima consistencia científica y moral. Las dos cosas, porque con el pretexto de que alguien sea “buena persona” o fíjate “qué coitadiño es”, tenemos de todo y con frecuencia más bien malo. Este modo de fraude permanente se cumple a veces con creces. Ahora mismo, para Viceconsejera de Educación madrileña han elegido a una señora que, cuando trabajaba con la Sra. Aguirre, inmediatamente después del “tamayazo” aprendió a decir que gente como los emigrantes o los niños d los gitanos tenían “derecho a la ignorancia”. No consta que haya rectificado ni que la hayan pasado por un curso de readaptación, más allá de lo que da de sí ir de carguito en carguito en las entretelas de una administración de amiguetes, para llegar ahora a encargarse del tramo más significativo del sistema educativo, la Secundaria, más la Educación Infantil, la Primaria, la Formación profesional y la Educación especial. No es deseable que meta más la gamba, pero es predecible que la acabe metiendo con tales antecedentes, salvo que la vigilen muy de cerca. Pero los caminos del Señor son inescrutables, como recordaba siempre San José María a sus discípulos en Camino desde 1939 (o desde 1934, según qué máximas selectas de espiritualidad se miren).

Enseñanza, Ciencia e Ideología

Para entonces, ya las bicicletas no eran para el verano y, en los espacios en que venía habitando lo mejor de la ciencia y educación española, habían empezado a ser depurados sistemáticamente. Nos lo acaba de recordar un importante libro: Enseñanza, ciencia e ideología en España(1890-1950), que acaba de aparecer en Sevilla. Los datos que aporta son escalofriantes: de los 580 catedráticos (universitarios) que había, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 se exiliaron. Era la época ministerial de José Ibáñez Martín en Educación (del 09/08/1939, al 18/07/1951), al que habían precedido en el cargo Pedro Sainz Rodríguez y José María Pemán (del O1/10/1936 al 30/01/1938). En realidad, fue durante la etapa de Pemán cuando se perfiló más en detalle la administración de la represión. Y fue con él –y otros amigos de Acción española– que se construyó a fondo la represión integrista de cuanto sonara a republicano, laico o moderno. De un modo particular se reprimió y persiguió cuanto oliera a Institución Libre de Enseñanza y sus intentos de europeización de la cultura y la ciencia españolas. Pero para Pemán y los suyos se trataba de la “Anti-España”, responsables del envenenamiento del alma popular, y de haber “sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España” (sic). Y con tales pretextos, acabaron llevando a cabo una durísima represión inquisitorial: unos 16000 fueron sancionados, 6000 fueron separados definitivamente de la docencia, otros 6000 fueron trasladados forzosamente o perdieron la plaza y unos 3000 fueron suspendidos de empleo y sueldo, además de los que fueron asesinados. Un dibujo de Castelao para un sello republicano de 90 ctms., muestra a un maestro asesinado en un ribazo, dos niños arrodillados mirando y la leyenda:  “La última lección del maestro. Similar a lo que quiso mostrar Manuel Rivas con La lengua de las mariposas.

La Historia de España contada con sencillez

Nada es gratuito y todo deja poso, muchas veces largo. Hoy conocemos bien los estropicios de esa época en que todo valió para imponer una monótona perspectiva intransigente e integrista de la vida y del conocimiento. La primera Historia que hace una relectura total del pasado español, de obligada lectura y estudio en las escuelas españolas, se debió a la pluma del escritor gaditano, pronto imitada como obligado libro de texto por un Manual de Historia del Instituto España. Hasta que pudimos leer a Elliot, Joseph Pérez y otros hispanistas, no empezamos a enterarnos de qué iba la Historia y menos la de España… Hoy, es distinto, pero todo era un erial durante muchos años. Bien que, por otro lado, una de las permanencias del franquismo más largas  –la que la educación nacional-católica de la cruzada propagó– es perfectamente visible en la ignorancia y tergiversaciones que en general tenemos de los avatares de nuestra vida colectiva. ¡Cómo no va haber quien todavía añore la Enciclopedia Álvarez, con sus 200 ediciones! ¡Y tanto escritor y opinante empeñado en repetir equidistancias entre quienes pelearon en aquella guerra fratricida! Del desastre humano y cultural que supuso la depuración de maestros, Francisco Morente Valero trazó ya en 1997 una minuciosa descripción, con el análisis de todos los expedientes disponibles. Pionero en ese terreno fue un trabajo publicado también por la editorial Ámbito, de Valladolid, diez años antes: varios profesores burgaleses habían encontrado en su centro los expedientes de una de las Comisiones depuradoras. Le siguieron otros muchos trabajos de alcance provincial y, en 2014, Francisco Moreno García le dedicó atención dentro de una exhaustiva investigación de lo acaecido en Córdoba a muchas más víctimas: La victoria sangrienta 1939-1945.

Más delimitado a lo estudiado por los autores sevillanos, es lo investigado en la Complutense por el equipo coordinado por Luis Otero, en 2006: La destrucción de la ciencia en España. Hay, sin embargo, todavía dos ámbitos que todavía depararán más conocimiento que el disponible: lo acaecido a los profesores de instituto y buena parte de lo sucedido en el trasvase de la JAE al CSIC, con los cambios que indujo de personal, ideas y orientación en ambas esferas de conocimiento, enseñanza y cultura.  Lo menos agradable, en todo caso, es la conexión que haya tenido aquel proceso de incautaciones violentas y desafectos oportunistas, con posibles servilismos y limitaciones inducidos posteriormente, con secuelas detectables en problemas de ahora mismo.

Aquel nuevo plan docente

Ibáñez Martín, ministro de Educación, llegó a decir en la inauguración del curso 1940-41, en la Universidad de Valladolid, que “era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza… Si alguna depuración exige minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era la del profesorado”. En ese contexto inquisitorial –del segundo tercio del siglo XX– se desarrolló y programó lo que los especialistas han denominado escuela nacionalcatólica, con todas las implicaciones de la Iglesia y sus privilegios exclusivos en la supervisión de todo cuanto tuviera que ver con educación. Un proceso que se alargó hasta 1978 y que, en buena medida pervive: basta leer la LOMCE para advertirlo. La quema y depuración de libros y bibliotecas fue paralela a aquella labor censora y con los mismos principios rectores: Os libros arden mal, de Manuel Rivas, novela un poco este drama particular de la letra impresa en escuelas y colegios, en muchos de los cuales, si se quería leer algo había que contar con permiso explícito firmado.

A la hora de sustituir al personal docente –pues alguna apariencia de sistema educativo había que tener– pronto pudo verse en las primeras oposiciones a magisterio en 1941 el nivel y calidad requeridos. El nº 1 de Escuela Española, del 24 de mayo de ese año lo cuenta en detalle: el temario de oposición, quienes estaban excluidos y quienes tenían casi la exclusiva: excombatientes, huérfanos de guerra, cruzados de la enseñanza y similares, que pudieran acreditar “su adhesión absoluta al nuevo Estado”. Unido todo ello a la supresión de la mayor parte de los institutos y escuelas que había construido y dotado la República –en Madrid, aproximadamente la mitad de lo que había en julio de 1936– y se completará el panorama de desastres y carencias. De tal calibre fue aquella “crisis educativa y cultural” que, en 1953, cuando Ruiz Jiménez lleve su proyecto de nueva ley educativa a las Cortes de aquel momento, no tuvo más remedio que evidenciarlo en público con cantidades tercermundistas. Y prácticamente lo mismo tendría que volver a repetir Villar Palasí en 1969, en el “libro blanco” preparatorio de la Ley General de Educación. Y mientras, ahí estuvieron desde el principio los colegios “de pago” –religiosos en gran parte–, poniendo la mano para recibir subvenciones: lo cuenta el BOE del 17 de mayo de 1941.

De la JAE al CSIC

En este panorama, a la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) también le tocó la lotería. Había sido creada en 1907 como organismo del Ministerio de Educación, pero tenían el estigma de estar inspirados por la ILE (Institución Libre de Enseñanza), cuyo gran atentado desde 1876 había sido aspirar al rango universitario en nombre de lo mismo que la Iglesia proclamaba: la libertad de enseñanza. Con una diferenciadel 17 de mayo de 1941.: quien le interese puede verlo en el ciones cat be inspecciambielado bien otra vez Rivas:  era la del pr de “heterodoxos burgueses”: propugnar también libertad frente a la injerencia eclesiástica, lo cual a Cánovas del Castillo le pareció un inconveniente frente a “la tolerancia religiosa”, para él preeminente. Vamos, que la Iglesia había llegado antes, había logrado un Concordato que le daba privilegio de inspección de todo, incluido lo que se fuera a enseñar, y el ministro Orovio lo había puesto más difícil todavía. Enseguida empezaron las difamaciones y persecuciones sistemáticas, en que pronto destacó el círculo de los asociados en Acción Española. José Pemartín por ejemplo, o Enrique Herrera Oria, no se privaron de trinar en plan bélico contra ellos. Ibáñez Martín y Pemán también pertenecían a ese grupo, y Pedro Sainz andaba cerca: son los primeros ministros de Franco en Educación. El primer ataque serio vino en dos decretos encadenados, en 19/05/1938, se disolvió la JAE. Todos sus bienes y proyectos quedaron más o menos en el limbo hasta que se fundó el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) el 24/11/1939. Dirigido y reestructurado por el opusdeista José María Alvareda, su capital estratégico –enorme para aquel momento– enseguida fue reorientado hacia la “recristianización” de la investigación española, al tiempo que servía de plataforma oportunista para los miembros y allegados de la Obra. En 1957, cuando algunos de ellos sean cooptados de manera ostensible al Gobierno, habrán cumplimentado unas cuantas obsesiones de su programa expansivo, que todavía tendría un amplio recorrido hasta hoy. La ley General de Educación, de 1970, es de uno de ellos. Al hacerse cargo del Ministerio en 1968 –con un Lora Tamayo antes y después en el cargo– Villar Palasí ya sabía de qué iba aquello y cómo,  en un decreto más temprano –del 4 de abril de 1939– recién entrados “los nacionales” en Madrid, habían decretado el cambio de nombre a dos institutos señeros de la JAE, encargados de potenciar la modernización de la enseñanza y la correspondiente formación del profesorado. Desde aquel día dejaron de tener su nombre original (de Instituto-Escuela)  para llamarse “Ramiro de Maeztu” e “Isabel la Católica”, dos símbolos bien preclaros de lo que marcaría tendencia en aquel panorama de intolerancia absoluta hacia cualquier apertura democratizadora.

Estas dos partes de la historia son menos conocidas. Pero son importantes si se quiere saber de dónde vienen muchos de los problemas que todavía arrastra buena parte del sistema educativo y cultural.  De un día para otro no cambia nada y no ha bastado con decir: ya estamos en la Transición y ahí va una nueva ley que lo reforme todo. Para estos asuntos, la teoría de que no se debe revolver el pasado es bastante estúpida y muy de dar por bueno todo, incluso lo que perdura vivamente violento y autojustificativo. Una condición que impuso toda esa represión de tantos años –las depuraciones duraron en activo hasta el año 1943, pero sus secuelas inmediatas  tuvieron diversas duraciones vitales– fue que desde el CSIC se controlaron, además de los distintos centros de investigación y prebendas anexas, buena parte de las nuevas plazas universitarias e, indirectamente, de Institutos y Escuelas de Magisterio, que se fueron dotando. Así consta en su carta fundacional. No es extraño, por tanto, que nunca sean claros respecto a su genealogía inicial. Sucedió en el aniversario de 2014 –75 años–  y tardará lo suyo en reconocerse que cierto estilo que todavía tienen algunos departamentos, con múltiples tics de aquella época, permita ejercer impunemente todo tipo de mandarinatos, todos nefastos en general para la educación y la cultura de todos.

¿Qué pasa con el conocimiento?

No hace falta haber estado ahí para lamentar que, en nombre de una presunta “ciencia española”, no nos hubiéramos ahorrado plúmbeas publicaciones destinadas a venderse al peso en la Cuesta de Moyano. Las siempre existentes excepciones de extraordinaria valía hubieran vivido mucho mejor y podrían haber sido más eficientes. Seguramente nos habríamos enterado más los españoles de lo que merece la pena conocer y saber. Y,  sobre todo, el paso de varias generaciones de estudiantes por la universidad hubiera tenido mil probabilidades de haber sido más consistente. Mirar ese campo de probabilidades imposibles es como un viaje al destiempo, una buena cantidad de tiempo perdido que cada lector habrá debido recuperar en plan más o menos autodidacta y a trasmano de la universidad recibida. Algunas de las penalidades de nuestro sistema cultural y educativo podrán entenderse mejor si se para la atención en la categoría de profesorado que nos hubiera correspondido y no pudimos tener. Si se compara ese cálculo ucrónico con lo que cada lector haya tenido que soportar, la lectura de alguno de los libros que aquí se están comentando probablemente tenga una segunda utilidad: entender con más fundamento si hemos avanzado mucho en este periplo posterior, hasta dónde y en qué. Un cómputo para saberlo con alguna fiabilidad consiste en observar nombramientos como el de la Comunidad de Madrid aludido al principio.

En las ucronías nunca se sabe. No es seguro, pero tampoco improbable, que de no haberse producido los cortes, cambios y tergiversaciones que, sobre todo entre 1936 y el 43, se produjeron en la política educativa y científica española –con sus derivaciones posteriores–, términos como “progreso”, “cambio”, “conocimiento” o “escuela pública”, hubieran tenido un significado muy diferente del que tienen. Con el que se ha impuesto como normal y casi natural, –de sentido común y como Dios quiera–, el significado más pleno y democrático de estas palabras va para largo. Hemos topado con “el derecho a la ignorancia” y, de hace tiempo, con que quienes reclaman mayor “igualdad” cívica, son, al parecer, unos envidiosos. Esto de acabar con la “envidia igualitaria” va para largo: atentos.

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