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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

La utopía de los Consejos Escolares

José Luis Pazos Jiménez
11-Septiembre-2012

La Constitución Española establece que los sectores que componen la Comunidad Educativa intervengan en el control y gestión de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Es una conquista de quienes consideraban, acertadamente, que sin una intervención social directa en los asuntos educativos se continuaría estando a merced del Estado y la escuela pública nunca dejaría de ser simplemente una escuela estatalizada, absolutamente intervenida, en manos de la élite política y supeditada a sus intereses ideológicos.

El desarrollo legislativo que nace del texto constitucional da forma a los Consejos Escolares como el espacio más adecuado para desarrollar y canalizar la participación efectiva que en su artículo 27 se mandata. Es un espacio donde los sectores intervienen en los aspectos fundamentales para la buena marcha de los centros educativos, analizando la situación interna de los mismos y realizando propuestas de mejora basadas en el debate y consenso de las partes, buscando como objetivo último el progreso adecuado de todo el alumnado en el proceso educativo que vive en el centro y, con ello, la mejora continua de la educación. Es donde se acuerda poner en marcha proyectos educativos que, en función de las necesidades globales del centro y de las individuales de los alumnos, impulsen procesos y métodos que ayuden al éxito individual y grupal. Es el lugar donde se informa de las directrices que se reciben de las diferentes administraciones, especialmente desde la educativa; donde se expresan los acuerdos o discrepancias con las mismas; donde se propone la forma de llevarlas a cabo dentro de la autonomía que se conceda a los centros para amoldarlas a la realidad de los mismos; donde se aprueban resoluciones y recomendaciones a las administraciones para que modifiquen normativas e instrucciones; donde, en definitiva, se constata la aplicabilidad de la legislación educativa y se ven mejor sus aciertos o desatinos.

Abandonando la utopía, el escenario anterior describe los Consejos Escolares sobre el papel, pero en muchos casos su funcionamiento habitual no se acerca ni de lejos al escenario descrito. La falta de disposición y de educación de todas las partes para ejercer la Democracia supone que la teoría casi nunca se ha plasmado en la actuación práctica. Son demasiados los Consejos Escolares que se han convertido en un lugar de trámite burocrático, donde se cita a las partes para informar, demasiado sucintamente, de las decisiones que otros ya han tomado, ya sea la Administración, el Claustro de Profesores o, cada vez más, el Director del centro en connivencia con los responsables de la Administración educativa que ocupan sus puestos por designación de los políticos de turno que están al frente de las diferentes Consejerías. Si alguna vez lograron ejercer realmente sus funciones, aquellas que nacen del texto constitucional, control y gestión, hace tiempo que han perdido ese papel y se limitan a formar parte de un proceso insulso y mediatizado.

No obstante, existen centros que, en bloque, viven la Democracia en sus procesos y ello se nota en su existencia diaria, y colectivos que se esfuerzan por concienciar al resto con los que comparten Consejo Escolar de que es necesario revitalizar el papel de estos, absolutamente convencidos de las posibilidades de un centro educativo donde las relaciones entre los diferentes actores sean fluidas y proactivas. Son lagunas de esperanza en un mundo de decepciones, desencuentros y, en demasiados casos, apatías. No es de extrañar que la participación en los procesos electorales para la elección de los representantes que deben integrar los Consejos Escolares sea demasiado baja, especialmente entre los colectivos de padres y madres y de alumnado, dos sectores en clara desventaja con el resto que soportan una relación basada en una representatividad en forzada minoría que les lleva a ver cómo sus propuestas son, salvo excepciones, sistemáticamente rechazadas.

En la actualidad, se vuelve a poner encima de la mesa, aunque con una decisión mayor que nunca, la posibilidad de quitar las competencias a los Consejos Escolares de los centros educativos y convertirlos sólo en órganos consultivos, desprovistos por tanto de cualquier atisbo de capacidad de decisión. El argumento que más se esgrime es que los padres y madres pierdan su capacidad de intervención directa en las cuestiones educativas. Es un mensaje que determinados colectivos reciben con agrado, especialmente una buena parte del profesorado que, por miopía en unos casos o por malas experiencias en otros –algo que se puede dar siempre en cualquier acto humano–, achacan las causas de sus males a las familias, cuando en realidad deberían fijar su mirada en las actuaciones de la administración. Sin embargo, los padres y madres no son los que perderán sus competencias, puesto que, como sector minoritario, las propuestas que estos presentan no tendrán mayor o menor recorrido en un ámbito donde los Consejos Escolares sean sólo consultivos. No ocurre lo mismo con la capacidad de decisión del sector docente, que ostentando la mayoría en dichos órganos puede tomar decisiones incluso aunque el resto de sectores estén en desacuerdo. Esto es lo que el Ministerio de Educación quiere cambiar, quiere quitar el poder real de decisión que tienen los docentes, que ejercen en los Claustros y certifican en los Consejos Escolares, para dárselo al Director del centro, de manera que se asegura que éste acatará las directrices que reciba y que las consignas ideológicas serán implementadas sin oposición. No somos los padres y madres el objetivo, somos la excusa.

Es más, los padres y madres estamos acostumbrados a trabajar en un contexto de intento de consenso y de pérdida de votaciones cuando éste no se logra. Es la forma habitual de relacionarnos en el seno de los Consejos Escolares. Para los padres y madres, en la práctica, la mayoría de los Consejos Escolares no pasan de ser espacios consultivos con apariencia de órganos de decisión. Se asemejan mucho a lo que sucede en los que existen a nivel estatal, autonómico y local, y que son consultivos por su propia definición, aunque su consulta sea preceptiva para la aprobación de las normas educativas. También en estos ámbitos el sector de padres y madres es minoritario, pero no es el único, ya que su configuración interna deja en manos de las administraciones la fácil configuración de mayorías afines.

¿Significa lo anterior que los padres y madres estamos de acuerdo con la pérdida de competencias de los Consejos Escolares? ¿O que podamos aceptarlo pensando que la realidad no cambiará demasiado? No, bajo ningún concepto. La eliminación de dichas competencias supone la vulneración del mandato constitucional, es el rechazo a la esencia misma de la Democracia, que no es otra cosa que la participación efectiva de los ciudadanos en las cosas que les son propias. Es el intento de quienes no creen en la Democracia de acallar a los que tienen el poder según la Constitución Española porque les corresponde: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.(Constitución Española, artículo 1.2)”. Aceptar la pérdida de las competencias es claudicar ante los que piensan que el poder no puede residir en el pueblo y que debe estar en manos exclusivas de una élite política que actúa como si fuera hereditario y les correspondiera sólo a ellos ejercerlo. Por eso no se puede aceptar. Aún con sus defectos, no podemos dejar que nos arrebaten la Democracia, ni siquiera una parte de la misma.

Es más, tenemos la obligación de intentar revertir la situación porque necesitamos que la utopía deje de serlo. Podríamos argumentar, para defender la anterior afirmación, que debemos pensar en el bien del centro educativo, y seguro que diríamos algo muy cierto. También, que es necesario mantener ese espacio de relación entre los diferentes sectores, aunque seguramente cometeríamos el error habitual de pensar principalmente en los docentes y las familias, obviando a otros actores tan o más importantes. No, en realidad debemos defender las competencias de los Consejos Escolares, que es lo mismo que defender su verdadera existencia, para que puedan ser o sigan siendo auténticas escuelas de ciudadanía, lo necesitan sobre todo los alumnos.

¿Cómo podemos exigir a la escuela pública –el resto tiene otras prioridades– que eduque de forma integral a los nuevos ciudadanos si eliminamos los espacios de aprendizaje democrático? ¿Qué clase de lección magistral se puede dar a nuestros hijos e hijas si aceptamos perder todo aquello que nos cuesta defender y mantener? ¿No será mejor enseñarles de forma práctica a vivir en Democracia, aceptando el juego de las mayorías y la búsqueda del consenso, que obligarles a estudiar en los libros las definiciones de aquello en lo que no creemos lo suficiente para intentar una y otra vez que funcione? Ellos necesitan que les enseñemos con los ejemplos, que seamos coherentes con lo que decimos, que les mostremos cómo hemos aprendido a golpe de fracaso a relacionarnos en Democracia, un modelo social que muchos hemos abrazado por el camino y que hemos aprendido a querer a la vez que lo descubríamos. Nos les digamos que no existe lugar para hacer las cosas entre todos, que sólo es posible pensar en un modelo jerárquico y dictatorial, o les negaremos la posibilidad de ser auténticos ciudadanos. Hagámoslo por ellos y pasemos nuestro tiempo creando ciudadanía.

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