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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Poco se sabe de si los pactos de gobierno modificarán las políticas  educativas

Manuel Menor Currás
8-Junio-2015

Tampoco de cómo reducir pobreza y desigualdad, denunciadas por la propia OCDE, cuando el FMI quiere consolidar este  sistema de “crecimiento” que tanto propagan.

No sabemos bien si avanzan o no los pactos para el gobierno de ayuntamientos y comunidades. Va por días y según periódicos, dudosos intérpretes de los mandatos de las urnas y poco concordantes con los intereses de la ciudadanía. Igual que el FMI -atento a si se favorece suficientemente su particular estilo de “crecimiento”-, alertan cada día más con llamadas de atención hacia el mantenimiento de la situación establecida, no sea que se altere el orden de privilegios de algunos frente a la disminución de las prestaciones sociales que la crisis y los recortes han provocado en muchos hogares. La pugna viene de que la reducción del gasto público durante estos años  se ha impuesto a cuenta del crecimiento de los nuevos  pauperizados o en riesgo de pauperización, a añadir a los que ya había, de modo que, según el INE, 2.151.000 personas viven con una renta inferior al 75% del salario mínimo y, entre ellos, hay 771.000 familias sin prestación alguna. El panorama es tan grave que ha provocado que CCOO y UGT hayan propuesto una iniciativa legislativa en el sentido de garantizar una Prestación de Ingresos Mínimos a las familias en situaciones de exclusión, algo muy similar a lo que algunos grupos nuevos en el panorama político desde las elecciones últimas han planteado o están planteando, con medidas concretas para paliar la pobreza energética, alimentaria o, sobre todo, de vivienda y comedores escolares.

La cuantía que supondría esta atención en todo el Estado a las necesidades básicas de los más desfavorecidos, se ha calculado que podría rondar los 11.000 millones de euros, una cantidad relativamente alta pero asumible con voluntad política de ir a cuestiones relevantes de manera prioritaria. Y ésta de pelear por la pobreza lo es, pues se trata de un muy amplio número de personas sin protección social alguna, a las que un Estado moderno tiene obligación de atender: una de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza, pues afecta sobre todo a casi cinco millones de desempleados.

Paralelo es el crecimiento de la desigualdad, uno de los asuntos estrella de los últimos tiempos y en el que la propia OCDE no ha tenido inconveniente en poner el dedo al destacar, sobre todo, cómo los ingresos de los más ricos ha crecido entre 2007 y 2011 mientras los de los pobres ha ido disminuyendo. En pocos países ha aumentado tanto como en España la desigualdad y la pobreza: el 10% más pobre ha perdido un 13% anual, mientras el 10% más rico tan sólo ha perdido un 1,3%. En términos de participación en el PIB, los primeros han bajado del 3 al 2%, es decir, que la han reducido en un 50%, mientras los segundos se mantienen en el 24%. Y, por otro lado, respecto a otros países –salvo Grecia–, tendríamos el doble de población por debajo del nivel de la pobreza, un 18%. Con un problema grave: los que más están cayendo en tal situación son los jóvenes.

¿Cómo podríamos entrar a solucionar este grave problema? Indudablemente es un asunto de impuestos. Según calcula Julio Carabaña, si quisiéramos volver a la situación anterior a la de mayor dureza de la crisis, bastaría con transferir al 10% más pobre el 1% de toda la renta disponible, unos 6000 millones de euros, tres veces menos de lo que hemos gastado para rescatar a Bankia. ¿De dónde sacar esa cantidad? ¿Del otro 90% de los hogares, a los que tan sólo representaría un 1/98 de su renta? ¿Subiéndole los impuestos un 4% solamente al 10% de familias más ricas, lo que representaría que bajaran –como en otros países de la OCDE– a tener un punto menos en su participación en el PIB? Nada de esto parece revolucionario, aunque nos irán diciendo lo contrario, cada día un poco más, antes de las elecciones de noviembre. ¿Cargándole este impuesto solamente al 1% de hogares que representan por sí solos el 10% de la renta disponible, de modo que estos aproximadamente 150.000 hogares pagaran con un décimo de sus ingresos lo necesario para el millón y medio de hogares necesitados? ¿Les sería muy duro a estas familias poder disponer tan sólo de 180.000 euros, en vez de 200.000 anuales de promedio que disfrutan? Y, si el problema es tan grave como dicen, lo mismo valdría la pena aumentar un poco más (solo un poco más) el déficit público.

Desde el ámbito educativo, sin embargo, no es buen presagio que medio millón de niños se vayan a quedar sin beca de comedor este verano, como está adelantando la organización Educo, que está poniendo en marcha 120.000 comidas completas a menores, para muchos de los cuales es “la única comida que hacen al día”. Por su parte, la FAPA “Giner de los Ríos”, que estos años ya se ha movilizado en este sentido, acaba de volver a exigir la apertura de los comedores escolares en verano. Por otro lado, también sabemos desde mediados del mes pasado que la deuda pública del Reino de España ya había subido en la etapa de Rajoy en más de 300.000 millones, y que su compromiso para satisfacer los intereses de la misma pasan por ir recortando todavía más los presupuestos sociales –los de enseñanza hasta un 3,6% del PIB, con grave repercusión en el sistema público–. Una circunstancia muy seria que hará particularmente difícil la reactivación de los medios y voluntades indispensables, no tanto para volver a una situación anterior a la LOMCE –nada idílica, pero mejor a la actual–, cuanto para retomar de una vez y en serio la revisión a fondo de cuanto entorpece una enseñanza de calidad para todos. Es verdad que, como suele insistir Fernández Enguita, no todo es cuestión de recursos, aunque también. Porque hacen falta muchos cambios organizativos y, sobre todo, una mentalidad distinta para un momento tan cambiante como el actual.

¿Sabe alguien si todo esto está pesando algo cuando se están tratando los pactos de gobierno, sobre todo en las Comunidades, con alternantes aproximaciones o distancias, líneas rojas o enrojecidas tácticamente a cuenta de presuntas transparencias? ¿Podremos vislumbrar mejor las costuras, endebles o recias, de lo que se está pactando estos días, antes de que vayamos a votar de nuevo en noviembre? ¿Seguirán siendo, en la legislatura inminente, las políticas sociales y las de educación especialmente, primordialmente un asunto de enjalbegamiento general, que dejará intacto el sistema de “crecimiento” tan loado por Rajoy, FMI, UE, OCDE y tutti quanti, para admiración general? 

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