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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El trabajo por una buena educación para todos no ha terminado: no tiene fin

Manuel Menor Currás
26-Mayo-2015

Tampoco terminará en noviembre, en caso de que caiga el partido que ha impuesto la LOMCE. Siempre habrá mucho qué hacer y hay que hacerlo.

Las elecciones del 24 de mayo han traído consigo la imprescindible necesidad de dialogar y entenderse entre varios grupos o plataformas políticas, hastiados como estaban muchos electores del monólogo exclusivo de quienes legislaron y decidieron usando el BOE y los Boletines de las Comunidades autónomas como si fuesen de su propiedad. Y con ellos, los recursos presupuestarios, como si de su patrimonio particular se tratara. La crisis económica –al margen de quienes la provocaron– les había facilitado unas formas de gobierno que, en muchas ocasiones, hicieron revivir tiempos muy pasados, por la forma de recortar prestaciones del Estado, reducir libertades públicas y decidir respecto al mundo laboral como si los más necesitados y los de mediano pasar les importaran un bledo, y sólo merecieran su atención los estratos con mayor disponibilidad de recursos. Merece la pena, al respecto, leer despacio un reciente informe de CCOO, Los efectos de la crisis en los salarios, en que la desigualdad no mencionada en el presunto “crecimiento” que tanto se publicita es el centro de atención. Además de que siga habiendo 5.450.000 parados, pobreza y trabajo han dejado de ser antitéticos en España: ya hay 2,1 millones de  trabajadores –un 11,7% del total– que viven por debajo del umbral de la pobreza, una tasa que entre los autónomos y falsos autónomos asciende al 21,7%. Es decir, que pese a la propaganda de Rajoy y sus colegas doctrinarios, ahora se trabaja más que antes por bastante menos de lo que se cobraba por hacerlo, todo un ideal de vida para quienes lo ven de lejos.

Los dispares resultados de estas elecciones, con actores nuevos en la escena política, nos brindan la oportunidad de dar nueva vida a los Ayuntamientos y Comunidades a base de pactos y consensos en que el centro de atención sean las necesidades de todos los ciudadanos y cómo encontrarles algún remedio. Para lo cual será imprescindible que abandonen la corrupción interesada, que renueven la atención al bien común y fortalezcan las imprescindibles ganas de sentirse en igualdad con la ciudadanía. La inercia de la soberbia y el creerse en posesión de la verdad, inspirada por la divinidad, ha desarrollado ampliamente en los votantes síntomas de alergia en esta legislatura pasada. Bueno será, por tanto, que de cara al futuro que ahora empieza, los nuevos políticos se acostumbren, ante todo, a sumar sensibilidades y a escuchar, también a los que piensen diferente. Sería un desatino grave que, después de lo sucedido en las urnas el pasado domingo, los más débiles siguieran sintiéndose fuera de juego, cada vez más indefensos y débiles frente a la crueldad de ser humillados por amos insensibles y cínicos. Como lo sería igualmente que los medios se portaran con similar actitud, jaleando servilmente a cuantos hacen gala de actitudes de dominio, tramposas e irritantes como las que exhibe el protagonista principal de Número cero, la última novela de Umberto Eco.

Que a efectos del escrutinio de las elecciones  no suela tenerse en cuenta el número de abstenciones, votos en blanco y votos nulos, no debiera hacerles olvidar, de entrada, que hay un amplio conjunto de ciudadanos en esa tesitura: sumados, representarían una relevante plataforma política, más amplia que la de muchos elegidos. Vean, por ejemplo, lo sucedido en las municipales valencianas, donde las abstenciones han supuesto un 29,89%, los votos en blanco un 1,34% y los nulos un 1,53%; es decir, que sólo ha votado un 70,11%. En Galicia, otro ejemplo, los datos son peores, pues, con una participación válida de tan sólo un 66,02%, las abstenciones han alcanzado un 33,98%, los votos en blanco un 1,79 y los nulos un 1,87%. Y en Madrid, en  cambio, los votos válidos escrutados han sido del 68,39% del censo electoral. Estos datos, genéricamente admisibles para otros territorios y demarcaciones, indican que existe un conjunto poblacional al que la participación electoral, incluso ahora, le ha resultado costosa o, cuando menos, indiferente y tal vez inútil, lo que debiera llevarnos a no incidir tanto en que el 24 de mayo haya sido una “fiesta de la democracia”, pues hay una extensa zona oscura de nuestra convivencia en que no se ha notado demasiado. ¿Le importa a alguien que en muchos ayuntamientos, sobre todo, rurales, las predilecciones del voto sigan idénticas al las del inicio de la Transición? ¿Nos dice algo que extensas zonas urbanas y siempre las mismas, de barrios marginales, marginados y pobres, sean desde siempre prácticamente abstencionistas?

Para empezar bien la andadura de cambios que los resultados electorales últimos propician, tampoco estaría de más preguntarnos por los elementos carenciales que subyacen a tales comportamientos. Hasta qué punto tengan relación, por ejemplo, con los indicadores de lectura, con los de disponibilidad y uso de las TIC o de los canales de TV para informarse, con los de consumo cultural y niveles educativos y, por supuesto, con los modelos de “crecimiento” y niveles de renta disponible… Todos éstos son vasos comunicantes, y no pocas de las denotaciones de calidad democrática que tengamos a bien considerar son fruto de largos años de simbiosis individual con las posibilidades de acceso a tales dotaciones en nuestro común espacio de convivencia. Asunto éste del que son responsables en buena medida nuestros representantes políticos según distintos niveles de competencias. De ellos dependen muchas de las tramas con que se teje lo público. Y para esto les hemos elegido: para que las construyan de modo socialmente equitativo en la redistribución social.

Mal síntoma es que el partido más votado pero que más votos ha perdido haya reaccionado ante los resultados de estas elecciones diciendo que lo suyo había sido un problema de comunicación. Es decir, que seguirán igual  y no van a cambiar nada porque lo que manda es la fidelidad a lo que su líder les vaya diciendo. Un autismo que algunos ya empiezan a desechar practicando la salida giratoria. Wert y Gomendio ya parecen haber encontrado acomodo en el seno de la OCDE y puede que muy pronto veamos otras desbandadas antes de que lleguen las elecciones generales. Pero mientras atisbamos cómo los responsables máximos de la LOMCE siguen el incierto periplo reformista de su ley desde Paris, quienes aquí hayan logrado constituir mayorías estables para el gobierno de las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos deberán ir viendo cómo desmontar –lo antes posible si no quieren perder pronto credibilidad– sus ingredientes más discriminatorios y creadores de desigualdad. Si los recién electos no olvidan que han prometido estar cerca de la gente común, es el momento de instaurar una metodología seriamente dialogante sobre los problemas reales a resolver y de acordar lo que corresponda para hacer más duradero un sistema educativo plenamente democrático, no excluyente y atento a la diversidad real de la población, particularmente a la de los más pauperizados por la crisis.

No debiera ser, en todo caso, un momento para cavar nuevas trincheras, sino para seducirnos unos a otros, como ha recordado Manuela Carmena. Porque queda por ver cuánto tiempo dura esta leve bonanza sin que vuelvan a sonar urgentes y expeditivos los mismos argumentos que llevaron a la LOMCE. Ese tipo de razonamientos excluyentes, contrarios a una educación de todos y para todos, aunque no tengan valor científico alguno están incrustados en la opinión de muchos votantes –incluidos no pocos profesores y maestros–, contrarios a una sociedad más compasiva y humanitaria, especialmente cuando las circunstancias económicas son más críticas. En situaciones de este carácter –y siempre hay alguna a mano– suelen reaparecer siempre los misioneros de un competitivo aristocratismo excluyente. Difícil de borrar, pues siempre hay ofendidos dispuestos a secundar directrices discriminatorias con pretextos de cualquier tipo: en la campaña electoral madrileña, que acaba de terminar, bien se pudo oír alguna voz de estas en nombre del turismo.

Esta línea expansiva de la atención social debería impregnar especialmente la formación de profesores y maestros, de que serán responsables en buena medida los nuevos Consejeros de Educación que surjan de los gobiernos autonómicos en período de constitución. De entrada, muy buena medida provisional sería que paralizaran la serie de pruebas externas que en este momento acaban de hacerse (a los alumnos y alumnas de 3º y 6º de Primaria), incluida también la que ya se acaba de hacer para el Informe PISA correspondiente a este año. Como ha reiterado Julio Carabaña, son inútiles para la mejora de la educación escolar. Sólo están sirviendo como pretexto para empeorarla, especialmente en su versión de escuela pública. Primero, porque se usan para clasificar centros, alumnos y profesores con mal estilo y peores consecuencias prácticas para todos en el sistema. Y segundo –pero muy principal–, porque esta idea de clasificar a la gente linealmente, por una supuesta capacidad diferencial de la inteligencia, innata e inalterable en el transcurso del desarrollo fisiológico y de la interactividad con el medio cultural, además de basarse en una falsedad científica, es xenófoba de raíz e interesada en la defensa de los privilegiados. Lo demostró Stephen Jay Gould ya en los ochenta, en un muy documentado libro que todavía debiera ser de obligada lectura para quienes se dedican a la educación de algún modo: La falsa medida del hombre (Crítica, 2011).

Buena parte de las necesidades de todo tipo que percibimos socialmente son advertibles desde la educación infantil. Si los nuevos gestores de las políticas educativas quieren una sociedad más armónica y menos desigual, van a tener ocasión sobrada de pelear por una escuela más justa e integradora, menos homogeneizadora en el trato y más atenta a las múltiples diversidades del alumnado que las frecuenta. Empiecen por observar con otros ojos la realidad escolar y qué se hace en los centros educativos con quienes asisten a ellos. No sea que, en aras de una eficiencia economicista, reclamada desde no se sabe qué instancias, vayan a seguir fomentando diagnósticos gravemente reduccionistas como el de uno de los padres de los test de Coeficiente Intelectual, H. Goddard, quien, ante un selecto auditorio de la Universidad de Princeton en 1919, sostuvo: “El hecho es que los obreros tienen probablemente una inteligencia de 10 años mientras que vosotros tenéis una de 20. Pedir para ellos un hogar como el que poseéis vosotros es tan absurdo como lo sería exigir una beca de posgrado para cada obrero. ¿Cómo pensar en la igualdad social si la capacidad mental presenta una variación tan amplia?” (Gould, pg. 244). Y Goddard –con una terminología de resonancias muy cercanas– añadió impertérrito: “La democracia significa que el pueblo gobierna seleccionando a los más sabios, los más inteligentes y los más humanos, para que éstos les digan qué deben hacer para ser felices. La democracia es, pues, un método para llegar a una aristocracia realmente benévola”.

Son muchos los ciudadanos expectantes ante los cuidados que los recién electos vayan a dispensar a los servicios sociales y, en particular, a un sistema educativo sensiblemente mejor que el que se ha querido imponer con la LOMCE.  No cae duda de que la defensa de una escuela pública de calidad para todos –un buen sistema educativo, equitativo y accesible a todos los ciudadanos–, es un trabajo que no tiene fin. Pero también han de contar con que la paciencia de quienes lamentan el tiempo perdido es limitada: ¡manos, pues, a la obra cuanto antes!

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