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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Expectativas de acuerdos posibles para una nueva legislación educativa

Manuel Menor Currás
15-Abril-2015

Partidos de la oposición, organizaciones sindicales y asociaciones sociales muestran, más perfiladas en vísperas electorales, las que consideran preocupaciones primordiales en Educación.

Posibles A medida que se acerca el 24 de mayo, se decantan algo más los propósitos de futuro de los grupos políticos, a los que se suman, o asisten como testigos al menos, algunos otros colectivos de diversa presencia social. El pasado día 13, lo hacía el PSOE, que presentaba los que a día de hoy considera 15 puntos principales de su planteamiento educativo. Un día antes, IU recordaba que venía apoyando y participando en la elaboración de una nueva Ley de Educación con toda la comunidad educativa. En marzo, la Federación de padres y madres Giner de los Ríos hacía una serie de propuestas bien trabadas a todos los partidos políticos. Y los próximos 17 y 18 de abril habrá un amplio encuentro  en Madrid en torno al grupo Foro de Sevilla en que tratarán de formalizar acuerdos respecto a “una nueva ley educativa”. Están inscritas 25 organizaciones, que se pronunciarán sobre el “Derecho a la educación y la inclusión”, “Currículum y profesorado”, “Autonomía y participación”, “Financiación y evaluación”. Que los asuntos educativos están estos días en plena efervescencia puede verse en las distintas webs de asociaciones y colectivos con preocupaciones y propósitos sociopolíticos en este terreno. Lo mismo indican múltiples convocatorias de debate –más o menos abierto y plural– que pretenden llamar la atención sobre lo acontecido en estos tres años últimos y qué sería deseable para la legislatura siguiente.

La primera tentación en este momento es dramatizar un poco más el panorama, dirimiendo una vez más los graves problemas y contradicciones que existen en base a una división maniquea entre buenos y malos. Lo que equivaldría a seguir, interminablemente, en el proceso de desencuentros en que se ha desarrollado la última legislatura: hacia otra ley destinada a la provisionalidad; un proceso dialéctico hacia el desafecto colectivo. No menos tentador es, para los múltiples grupos discordantes con las actuaciones del PP en estos años, el atrincherarse cada uno –para afianzar su distinción– en su particular versión de lo que entiende  prioritario cuando existe expectativa de cambio preferencial de los electores. Vale esto especialmente para quienes, como partidos de oposición actual, concurren a las elecciones inmediatas y a las generales posteriores. Pero vale igualmente para cuantas organizaciones sociales que arrastran demandas específicas en su particular territorio educativo, temerosas de que lo suyo no sea tenido en cuenta suficientemente. No parece, en todo caso, que fuera de recibo –en caso de que mudaran sustantivamente las mayorías electorales– la repetición de tacticismo a que estamos asitiendo después de las elecciones andaluzas.

Para facilitar el encuentro razonable y responsable entre tanta proliferación de iniciativas y grupos, no estaría de más aclarar al máximo el significado de las palabras principales que se reiteran en la documentación disponible: “Pública”, “Educación infantil”, “Inclusión”, “Diversidad”, “Laicidad”, “Financiación”, “Innovación” “Formación de profesores” y muchas otras de que casi todos echan mano, no tienen igual alcance semántico para unos y otros. Ni siempre es fácil delimitar si se refieren a algo que deba ser -como si se tratara de un desideratum utópico- o si de una decisión razonada y viable de inmediato alcance si las urnas les dieran gobernabilidad. Significados distintos conllevan diferente valoración afectiva, compromiso divergente y, a posteriori, un grado de atención dispar si hubiera que ponerse a cuantificar responsablemente costes económicos y priorizar actuaciones políticas concretas.

Las palabras son importantes en los atisbos de cambio, pero no todo el cambio debiera consistir en cambiar palabras, salvo que se pretenda la decepción entusiasta. Por ello no estaría mal quitarse anteojeras prejuiciadas ante la enorme complejidad que en este tiempo concreto ha acumulado la realidad, las vivencias de grupos y personas, y las maneras de nombrarlas. Y en un mundo tan mutante como el actual, incluso sería muy educativo recordar que muchas de las palabras al uso en Educación, sobre todo las que pueden parecernos talismanes salvíficos, se vienen pronunciando desde hace 84 años en este país sin que nunca hayamos logrado darles cumplido significado. Empezando por la más nombrada: “Enseñanza pública”, siguen marcadas por diversos grados de mutilación; por mucho que las hayamos repetido retóricamente, se han traducido con frecuencia en diversos grados de injusticia educativa. Visto en perspectiva lo ocurrido en estos asuntos desde la II República –y de la alternancia unitaria de 1976 , que en Madrid protagonizó Eloy Terrón y el Colegio de Doctores y Licenciados–, sería inútil, sin embargo, simplificar una divisoria tajante de bondades y maldades: gran esfuerzo y belleza educativa ha habido en múltiples iniciativas que, pese a todos los pesares, han proliferado en lugares y tiempos insospechados. Por otro lado, Wert y la LOMCE son un problema, pero no todo el problema: lo seguirán siendo si no se pone en consideración de dónde arrancan las actitudes problemáticas de fondo y cómo se alimenta su reproducción. En cualquier caso, lo insoslayable ahora y siempre -como referencia de fiel contraste-, es en qué medida se haya contribuido o se vaya a contribuir a erradicar que los más débiles sufran menos, y tengan igual dignidad y derechos que los demás ciudadanos. También en Educación –como en Sanidad y otras prestaciones– ésta es la piedra de toque y, de olvidarla, no sólo seguirán campeando problemas estructurales, sino que cuantas reformas pudieran venir sólo modificarán fugazmente el hastío de muchos adolescentes y el desencanto de sus profesores. ¡Atentos!

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