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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Abochornados estamos, por cómo dicen que mejorarán la Educación y lo demás

Manuel Menor Currás
9-Abril-2015

A base de ponerse de perfil, quieren hacernos creer que lo han hecho muy bien y que todo lo van a mejorar más. Es cuestión de “trabajar, hacer, crecer”.

A muchos ciudadanos les sucede lo que al juez Ruz, que no logran entender que el PP se sienta “ofendido” por las actuaciones de sus extesoreros –Bárcenas principalmente–, pero sí que le ven como presunto “responsable subsidiario” de las provechosas gestiones de éstos. Lo de “presunto” va más allá de la ficción semántica y no sólo se refiere a lo que cuentan los famosos “papeles”, sino que se extiende a toda una sistemática línea de gestión política que, en lo que atañe al Gobierno central del Estado, abarca primordialmente estos tres años pasados y, en algunas autonomías y ayuntamientos, ya casi ni se sabe.

Esto de hacerse los “ofendidos” y “perjudicados” –“abochornados”, acaba de decir el mismísimo Rajoy– o ponerse de perfil para que no veamos que vaya con ellos una muy probable desafección de votantes, está muy bien como táctica de despiste. E igual vale para el “presunto” crecimiento económico: si hasta las graduales elecciones que vienen nadie se fijara más que en los datos macroeconómicos que nos repiten de continuo, estaría muy bien para hacerse valer. Si España se hundía en un tenebroso agujero y han logrado rescatarla, de modo que ya somos el centro de atención predilecto de cuantos nos observan, es lógico que aparenten no entender la reticencia desagradecida de tanto ciudadano. Porque lo que está sucediendo –según atestigua el Barómetro del CIS del mes de marzo–, es que el 80% de los españoles no lo cree: el 74,5% piensa que la situación económica es “mala o muy mala”; sólo un 2,5% dice que sea “buena o muy buena”, mientras un escaso 23% aprecia que es “regular”. Traducido a preocupaciones, al 80,3% de los encuestados le parece que el mayor problema de este momento es el del empleo, seguido, para un 50,8%, de la corrupción de que tenemos constancia. Entre las otras 41 posibilidades de responder a esta cuestión, la educación, con un 9,2%, ocupa el cuarto lugar, tras los problemas “de índole económica (24,9%), los políticos y la política (20,0%) y la sanidad (11,8%).  Anota también el CIS que, para algunos –sin llegar a uno de cada tres– ha crecido levísimamente la expectativa de mejora para lo restante del año. Está por ver que crezca con suficiente aliento como para renovarles la confianza a los actuales gobernantes, especialmente antes del 24 de mayo: es poco tiempo para dejarse seducir, por muy intensa que vaya a ser la  propaganda del “trabajar, hacer, crecer”, como paradigma de que tienen “la fórmula para resolver los problemas de los españoles”

Sucede, además, que no cabe dulcificar mucho lo que excesiva gente vive de lleno o muy de cerca. Por un lado, porque hay datos que no redondean bien el relato de lo realizado en estos tres años. El del crecimiento del empleo y de los afiliados a la Seguridad Social de la última EPA, por muy dignos de ser tenidos en cuenta o muy loables que sean, no alcanzan todavía a lo que dicen heredado de la legislatura anterior: faltan 8.580 nuevos empleos para alcanzar la cifra de parados de finales de marzo de 2011 –cuando eran 4.442.359–  y, en cuanto a la Seguridad Social, todavía faltan 397.121 afiliados para llegar a la cifra de entonces. Y por otra parte, está lo cualitativo que subyace a la fría aritmética, porque los datos en cuestión no tienen en cuenta las condiciones de los españoles que los sufren, cuando gran parte obedecen a la llamada “reforma laboral”, los salarios, tipos de empleo, precariedad y pobreza que ha inducido este equipo de Gobierno. Es decir, que el relato del crecimiento y recuperación –que supuestamente nos está abocando hacia un final feliz después de una situación muy crítica– parece inspirado en la perspectiva del 2,5% de quienes opinan que la situación es buena o muy buena. Como si estuviera dictado por el selecto grupo de los grandes inversores del IBEX-35 y se olvidara del resto de españoles. Cuando Mariano instaba a los suyos el pasado día siete a algo tan poco metafísico como “distinguir lo importante de lo que no lo es”, les estaba proponiendo la senda por donde debían ir sus ocupaciones electoralistas y que no venía al caso mostrar qué hubiera detrás de los datos de “crecimiento” que  esgrimía.  Pero al margen de estratégicas conveniencias para que la propuesta de futuro fuera más guapa, en el plano social la situación de mucha gente no sólo no ha variado, sino que ha empeorado: muchos incluso han perdido ya la esperanza. Por mucho que se quiera negar –como hacen permanentemente los fautores de este felicísimo relato–, esta terca realidad sigue ahí y eso es lo que certifica la última encuesta del CIS. En definitiva, una profunda decepción ante las propuestas de renovación de confianza de voto que esgrime ahora el PP como si nada tuviera que enmendar de lo ejecutado en estos años. Muy difícil va a ser que convenzan a suficiente gente en   las convocatorias electorales inmediatas tan sólo con esta retórica.

Lo sucedido en Andalucía es un aviso, al que lo que ha sobrevolado la última reunión de la Junta Directiva del PP no parece haber atendido. Increíble es el mensaje de renovación y transparencia con que amagan ahora, después de tantos años con serios problemas de tal tenor en su centro directivo y, por contagio, en otros territorios. E insostenible es, asimismo, que, a base de fiarlo todo a una presunta progresión de la economía –con un crecimiento tan selectivo como el actual y sin modificar un ápice lo decidido estos años en cuanto a prestaciones y derechos  sociales–, vayamos a sentirnos felices algún día. En estas circunstancias, tanto el haber tenido que “lidiar situaciones muy complejas y muy difíciles”,  como el pedir ahora “un nuevo esfuerzo por España” –pero gobernando siempre del mismo lado y sin mirar apenas para el otro–, contentará a incondicionales, pero suena falso en un país de creciente desigualdad.  Es más, exige aquella virtuosa paciencia que debían tener los mortales de este valle de lágrimas para obtener la felicidad eterna: lo predicaban los “privilegiados”, con el afán no tanto de la felicidad ajena –por tardía que fuera–, sino para que los del común no protestaran  por las mil penalidades que debían soportar para buscarse la vida sin garantía alguna.

Históricamente, además, no es verdad que a mayor bien de los ricos, más mejoras tendrán los pobres: el esquema político de la caridad y de la beneficencia esconde siempre una insalvable asimetría en que ni se atiende a todos ni, por otra parte, tal atención está exenta de obligación agradecida a la buena conciencia de los voluntariosos benefactores, patronos casi siempre y con intereses ajenos a la comunidad ciudadana. El sueño de la burguesía bien asentada del XIX fue que los trabajadores ahorraran y que, así, subvencionaran sus posibles problemas futuros. Así nacieron las Cajas de Ahorros en los años 30 del siglo XIX, para facilitar tal posibilidad a los asalariados con pequeños excedentes, mientras la administración de los recursos allegados de este modo corría a cargo de la sociedad más selecta, que, sin poner un duro, se autoproclamaba “benéfica”: Mesonero Romanos, como primer Secretario del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, escribió no poco sobre ello, lo mismo que D. Braulio Antón Ramírez, prolífico publicista de la educación social a través del “providencial ahorro”. Más cerca de nosotros, cuando en los ochenta del pasado siglo los neoliberales empezaron a copar varias legislaturas en EEUU e Inglaterra, la tesis de que el Estado era ineficaz y resultaba una “carga” si atendía a los más necesitados pronto adquirió carta de naturaleza, como dejó bien analizado John Kenneth Galbraith en La Cultura de la satisfacción (Ariel, 1992): el creciente egoísmo de quienes se consideran satisfechos es el que impide o dificulta extraordinariamente una atención a cuanto no sean sus intereses inmediatos, la escuela pública, la sanidad universal, las atenciones debidas a los grupos sociales más débiles o a la disponibilidad de las infraestructuras que sólo se pueden pagar con los impuestos de todos. Nada que ver por tanto, con la teoría de que a mayor beneficio del capital, mejor les irá a los trabajadores. El “crecimiento” actual que tanto se pregona contradice esa tesis: incluso muchos con contrato indefinido han visto mermados sus ingresos y no son pocos los que rondan la exclusión. ¿Cuál es el límite de la apropiación de las plusvalías en la reprogramación del “trabajar, hacer, crecer”? 

Ahora mismo, y por ceñirnos a inversiones en educación e innovación, no se les advierte enmienda alguna en su activismo. Por poner un ejemplo gallego, ahí está Feijóo reiterando, el 18 de marzo, un gasto millonario en publicitar medidas de emprendimiento e innovación, en que deberá destacarse el “esfuerzo intenso” para generar riqueza y empleo (¿?). Por otros lares tenemos el ejemplo de cómo se administran en Castilla-La Mancha los comedores escolares: se le cobra a la gente de más y el excedente se emplea en gastos generales del sistema, contribuyendo así los más débiles al sostenimiento del conjunto. Conocidos son asimismo las desgravaciones del IRPF que se hacen  en algunas Comunidades a quienes envían sus hijos a colegios privados, tirando por tierra toda la teoría –y sobre todo, una justa corresponsabilidad efectiva– sobre la progresividad impositiva. De similar cariz son las múltiples denuncias que se han hecho en diversas partes de España a propósito de la cesión de terrenos públicos para colegios concertados, una situación que no cesa y que todavía estos días ha tenido como protagonista a la FAPA Giner de los Ríos de Madrid, a causa de una situación de este cariz en Móstoles. En fin, la lista de agravios en este terreno es larga. Baste, para comprobarlo y ver de paso las variadas modalidades que adopta una gestión política empeñada en debilitar la enseñanza pública y dar creciente hegemonía oligárquica a la privada, la intervención del presidente de esta Federación de padres y madres, José Luis Pazos, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el cuatro de marzo pasado. No se ha de olvidar que Madrid no ha necesitado la LOMCE para experimentar todas las formas de segregación y exclusividad que propicia la presunta “libertad de elección” de centro y sus connotaciones neoconservadoras: de tiempo atrás ha sido fervorosa zona experimental de tanta innovación y “mejora” como ahora se está generalizando. Por cierto, ¿no era de “mejorar” y “mejora” de lo que iban las ideas fuerza que proponía Rajoy el otro día a la credulidad de los 500 junteros principales de su PP, a la espera de que esparcieran la buena nueva entre la desconfiada grey?

Atentos, pues, a lo que viene, porque estos misioneros ya han iniciado la reconquista de la feligresía descreída. De momento, esgrimen la zanahoria de la felicidad de las “presuntas” rebajas de impuestos –que deben ir a más, según asegura Aguirre–. Nos lo hizo comprender Cifuentes el pasado día 6, fijándonos la atención en que, con ellos en la Comunidad, la transmisión hereditaria de un piso no es nada si se compara con lo que tendrían que pagar los madrileños con otras fuerzas políticas en el Gobierno autónomo: la mejor política social –precisó–  es la que cada uno administra con el dinero de su bolsillo….  Si no fuera suficiente con el halago al interés egoísta, pronto acentuarán las tintas con el miedo que debiera inspirarnos cualquier aventurerismo de cambio. Atentos: los tiempos preelectorales son muy educadores, y el palo y la zanahoria claves del conductismo pavloviano.

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