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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

En esta Universidad, tres más dos no es lo mismo que cuatro más uno

Manuel Menor Currás
2-Marzo-2015

Wert acelera y confunde cantidad con calidad. Con un recorte adicional de mil millones, su reforma ni beneficia a la Universidad ni a la mayoría de las familias.

Ángel Gabilondo dijo en Valencia, el pasado día 28, que le gustaba “más un sistema que no impida, por razones económicas y sociales, que alguien pueda completar sus estudios”. Candidato a presidir la Comunidad de Madrid, aprovechaba para defender la educación pública y añadir que una mayor equidad de ésta pasaba por su gratuidad desde los dos años. Estamos en período electoral de larga duración y los anhelos prometedores han de tomarse con cautela, aunque en el caso del catedrático de la Autónoma vienen precedidos de apertura a los consensos.

La ampliación por abajo de la gratuidad del sistema es preocupación de muchos expertos desde hace bastantes años y, a todas luces, una de las medidas más democratizadoras. Comprobada está su rentabilidad sociocultural: la posibilidad de  desarrollar las competencias lingüísticas y de socialización es sensiblemente más alta con esa experiencia temprana. Todo pasa, desde luego, por entender que la Infantil es etapa educativa y no meramente asistencial, como a menudo suele verse en las llamadas “guarderías” en sus variadas versiones de aparcamiento de críos, sucedáneo barato de la “conciliación familiar”. Desde los años ochenta, tenemos muy buenos especialistas en “Educación Infantil”. Sus informes, demandas y buenas prácticas –a menudo desatendidas por las Administraciones– resaltan siempre el avance cualitativo que supondría para el sistema educativo español una implementación adecuada de esta fase de gratuidad, que muchos prefieren de cero a seis años.

Ya son más las voces de candidatos a las próximas elecciones que, de uno u otro modo, reivindican esa ampliación. Pero ha sido también muy atractivo oír de nuevo en público a alguien con probabilidad de influir en las políticas educativas, pronunciándose por un “sistema que no impida, por razones económicas y sociales, que alguien pueda completar estudios”. En estos años pasados, en la práctica se había estado viendo lo contrario. En los oídos tenemos, bien reciente todavía, a la Sra. Gomendio explicando la “insostenibilidad” del sistema universitario español y que, en razón de ello, su acceso debería quedar a merced de la aleatoria disponibilidad económica de los candidatos. Razón por la cual la secretaria de Estado  no ha tardado mucho en recibir réplicas de todo tipo –incluida una huelga y la convocatoria de otra más consistente para el 24 de marzo próximo– por parte de quienes sufren su arbitrismo ordenancista. Además de limitar el acceso a la Universidad con el incremento de las tasas y la reducción de la cuantía de las becas, han recortado sus presupuestos y las contrataciones de profesorado drásticamente: lo advertía hace poco CCOO en su Informe sobre la evolución de los presupuestos de las universidades, 2010-2014. Sólo en Madrid, se han perdido 1.243 profesores en estos tres años, el presupuesto ha caído  249 millones y ya la mitad de la plantilla residual tiene más de 50 años cuando sólo ha sido repuesto el 10% de los jubilados. Su peculiar cuidado del sistema universitario público le ha infligido un grave deterioro –con derivaciones todavía difíciles de precisar– a su calidad y, en este momento de concesiones “sociales” electoralistas,  han acelerado más su reforma.

Lo más oído en esta legislatura

El común de los ciudadanos sigue teniendo que soportar un adusto y desagradable trato de los asuntos educativos por parte de sus responsables, muy alejado de lo que acaba de decir Gabilondo. Después de la tan controvertida LOMCE, la preferente atención a la Universidad ha vuelto a expresar una decidida inclinación hacia el elitismo. De este cariz es un conjunto de medidas últimas, bien acogidas por muy pocos, que tratan de hacer tragar a todos por Decreto –a toda prisa y en el tramo final de la legislatura– un modelo muy distinto del que ha habido hasta ahora y que implica una reforma profunda. Se flexibiliza con él –de modo más o menos voluntario, de momento– que los estudios de grado y postgrado cambien su estructura temporal. La todavía reciente organización adoptada en 2009 para cumplir las exigencias del EEES –comúnmente denominada “Plan Bolonia”–, se modificaría de nuevo, sin evaluación seria de lo que hayan dado de sí las innovaciones metodológicas propugnadas entonces, ni de la mejora que haya podido suponer que la formación abarcara 4 años de Grado más 1 de Máster especializado, estrictamente profesionalizador. Ahora, se podría optar por una distribución distinta, disminuyendo el Grado a 3 años y aumentando el Máster a 2. La propuesta, aparentemente inocua, además de dejar intactos los principales problemas universitarios que deberían abordarse,  altera a fondo el funcionamiento general del sistema y, sobre todo, el gran valor que ha venido aportando la Universidad pública a la sociedad.

De las razones invocadas para esta propuesta precipitada de cambio, la más consistente es la del ahorro, pero en su sentido menos democrático. Es el Estado –y no las familias– quien se ahorraría con el 3+2 un año de subvención presupuestaria a la Universidad. La aportación familiar, en cambio, deberá crecer de manera elevada y para muchos imposible después de los incrementos ya habidos estos años. El motivo reside en que los créditos de los másteres son, como promedio, doblemente costosos que los de grado y, también, que, dada la precaria situación laboral por la que uno de cada dos jóvenes está en paro, son prácticamente obligados para tener expectativa de empleo. Por otra parte, no se ha de olvidar tampoco que desarrollar estas titulaciones de postgrado, especialmente las más adaptadas a perfiles laborales muy específicos, ha sido más fácil para entidades privadas. Y su cantidad ha crecido de manera desorbitada y sin más evaluación exterior disponible que la del boca a boca en un libérrimo mercado como el que  puede verse estos días en la 22ª edición de Aula. De todo lo cual cabe deducir que este Decreto ha venido a incrementar el hambre en casa del pobre, sin que por ningún lado aparezca –como no sea imponer de este modo otro recorte a la Universidad pública, que CCOO cifra en torno a los mil millones de euros–, sino una razón muy dudosamente convincente, pues no sólo disminuirá el número de alumnos que puedan desarrollar el currículum apropiado para tener éxito en la demanda de empleo, sino también –y drásticamente– el número de titulaciones y profesores universitarios viables.

Más censitarismo y menos igualdad de acceso

Con este Decreto llueve, pues, sobre mojado. Ni siquiera es leal decir que “el sistema 4+1 escogido por España es una rareza en el ámbito europeo”. Esto no pasa de media verdad, aparte de que cada país ha de seguir soberanamente el modelo que mejor se adapte a su historia y características concretas, darle estabilidad y fortalecerlo como bien social que es. Meterse en este proceso de reforma cuando apenas se tienen datos fiables de cómo han ido estos seis años –con muy mediocres presupuestos, y sin que siquiera el plan Bolonia se haya implantado del todo– es indicio de poca seriedad y de que las razones verdaderas están, más bien, en esa perspectiva de elitismo antiigualitario del conocimiento, limitador del acceso a las profesiones subsiguientes. Algo muy parecido a lo que sucedía con el voto a mediados del siglo XIX, o con la larga espera que tuvieron que sufrir las mujeres, hasta la R.O. de 08/03/1910, para poder acceder sin trabas a las titulaciones universitarias. De proseguir con esta dinámica, el conjunto de sinrazones y medias verdades alegadas sólo contribuirá a empeorar las cosas: con tal precipitación y un pretexto tan fútil, los grados pronto serán equivalentes a los antiguos bachilleratos. Fijar, además, el horizonte primordial de los estudios universitarios en torno a la pura retórica de la empleabilidad e invocar en ese contexto la “movilidad y la internacionalización”, no pasa de epidérmica superficialidad que no toca ningún  verdadero problema de la Universidad española, en la que, además, la  movilidad realmente difícil que se va a provocar –al menos a corto plazo– será la de los estudiantes españoles dentro de su propio país. Si de que salgan al exterior se trata, con nuestros más de 400.000 jóvenes migrantes ya existentes –entre ellos, muchos de los mejor preparados– ya habríamos cumplido sobradamente…

¡Bienvenido sea, pues, el nuevo aire que transpiran las recientes palabras de Gabilondo! En los meses que siguen, podrán oírse de manera similar, o más contundente todavía, otras de quienes aspiran a regenerar el panorama político y educativo. Que nadie “por razones económicas o sociales” quede fuera de las aspiraciones más altas del saber, es un buen horizonte para un necesario cambio de aires.

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