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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Nuevos contratos en TVE y Educación, para descapitalizar mejor los servicios públicos

Manuel Menor Currás
19-Febrero-2015

Acordes con la reforma laboral, la LOMCE y los recortes presupuestarios anteriores, prolongan la debilidad del empleo, la precariedad salarial y la pauperización del funcionariado público.

Todo parece imposible hasta que sucede. A mucha gente mayor hemos oído que nunca creyeron que podrían volver a ver lo que están viendo y padeciendo. Pero les ha tocado verlo y sufrirlo de nuevo en ellos mismos o en sus hijos: los sueños de que todo iba a ir constantemente a mejor no pasan de sueños. Pero para que creamos que estamos en el buen camino, toda la parafernalia está dispuesta para que sigamos manteniendo la ilusión de que pronto volverá todo a donde solía y que nos movamos siempre entre lo iluso y lo fantástico.

De esa tramoya indispensable para la ceguera, forman parte dos disposiciones relativamente recientes. Una, relativa a TVE (1), en que se fichaban once nuevos periodistas –entre ellos cuatro de Intereconomía– para fortalecer que, en este “denso año electoral”, “la calidad de los informativos no se resienta”. La otra, más reciente y muy vinculada al sistema educativo, mostraba que Educación planeaba contratar a 2.000 becarios para suplir la falta de profesores. Recién graduados en la Universidad, “realizarían actividades de apoyo a la enseñanza en centros con especiales dificultades” (2).

Leído u oído así, de golpe y sin contextualizar, hasta podría resultar atractivo este afán de nuestras autoridades, preocupadas por que los ciudadanos tuvieran mejor información y conocimiento de cuanto sucede, pese a la crisis. Tales decisiones, sin embargo, caen dentro de un proceso prolongado de deterioro y descapitalización del nervio que tenían ambos campos de acción con la ciudadanía y, aunque estemos en vísperas electorales, no es lógica la modificación de esa tendencia como no sea para reafirmarla más. Es decir, que bien pudiera tratarse de dulcificar a los votantes la sensación que pudieran tener de abandono, dejación y desaprovechamiento de los recursos humanos de la Administración pública. El juego de abalorios, sin embargo, tiene la función de hacerles tragar mejor, como punto sin retorno, la situación creada en el transcurso de la legislatura y que parezca que, ahora –de paso que “ya crecemos”– ajustamos los puestos de trabajo a su racionalidad más estricta.

Respecto a la corporación de TVE, no podemos prescindir, de todos modos, de mantener en nuestra consideración lo que, al principio de la legislatura, volvió a retrotraernos a los inicios de cuando el dedo gubernativo era el único referente de cuanto se emitía por las ondas. Desde aquel superdecreto retro, ya nos han sumido en el adormecimiento colectivo. La dignidad de los telediarios se ha reducido flagrantemente –se ha desmadrado la minutación de deportes,  meteorología, accidentes de tráfico y curiosidades al estilo antiguo de El Caso–, han desaparecido de la pantalla muchos de los mejores periodistas –los que podían no amuermarnos–, las tertulias posibles transustancian el cotilleo vecinal y el colmo de lo insustancial lo transmiten las conexiones regionales, émulas a destiempo de lo que otrora fuera el NO-DO. El parecido entre TVE y la mayor parte de los canales autonómicos es alarmante y ya es raro que la ciudadanía no se indigne seriamente con este costosísimo invento, juguete peligroso en manos de gobernantes empeñados en que sea desaconsejable para la mejora de las conexiones neuronales. Pero la confusión entre servicio público informativo e intereses del partido gobernante va en aumento –según avanza el año electoral– y el trasvase de televidentes a la competencia privada funciona muy bien.

En Educación, quienes hayan tenido paciencia para leer con alguna periodicidad tendrán ya vista cuál haya sido la trayectoria ejecutiva del equipo de Wert y Gomendio en estos tres años y, en paralelo, las reacciones de protesta que han provocado en la comunidad educativa. Es muy fácil repasar esta secuencia de desencuentros –graves en no pocos asuntos– entrando en las webs correspondientes de los sindicatos con representatividad en la enseñanza, o en los de estudiantes, asociaciones de padres y madres, y colectivos diversos a quienes preocupa el camino por el que transcurre el futuro de la educación en este momento. Recuerden tan sólo lo sucedido con la inversión, rebajada en más de un 20% en lo que llevamos de legislatura y aquel Real Decreto 14/2012 –que inauguró los recortes educativos– o el compromiso con nuestros socios del Eurogrupo para reducir los recursos en 2015 hasta un 3,9% del PIB. Y de esta madre de todas las batallas –consistente en cargar el débito acumulado por el desmadre bancario en la reducción de prestaciones sociales a los ciudadanos–, vienen asuntos tan concretos como la reducción de becas, la subida de tasas, las dificultades de los comedores escolares, la desatención a la diversidad, a la investigación, a la formación de los docentes, a la reposición de los que por edad o enfermedad han de dejarlo, las aulas masificadas… Y una normativa LOMCE despreocupada de todo ello, como para confirmar lo peor bajo el pretexto de “mejora”: segregación, masificación, selectividad, homogeneidad pedagógica, estandarización de conocimientos, economicismo integral, jerarquización y directivismo. Tal vez puedan recordar igualmente –como ejemplo de tanta marea y plataforma reivindicativa de estos años– cómo la FAPA Giner de los Ríos llevó al Parlamento europeo y al Tribunal de Justicia de la UE sus quejas sobre la política educativa, exigiendo “respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, por creerlos conculcados en, al menos, la Comunidad de Madrid (Ver: ESCUELA, nº 2030, 11/09/2014, p. 26).

Esta dinámica de apariencias de empleo, es similar a la del denominado “lenguaje corporal”. Muy difícil de acoplar al verbal si no hay coherencia interna y verdadero comunicador de lo que somos y queremos. Ninguno de los retoques mediáticos de última hora es capaz de ocultar lo acaecido hasta aquí y, más bien, induce a pensar que quieren asegurar la trayectoria de lo que han hecho como si de algo definitivo se tratara. Ya puestos, ratifiquémonos también nosotros en nuestra impresión negativa y no nos dejemos engatusar. Podemos sumarnos a las opiniones de sindicatos que, ya no de ahora, sino de hace mucho, vienen peleando por los problemas que generan las interinidades repetidas a muchos docentes: de ahí el calificativo de “ocurrencia” que han dado a esta iniciativa que ahora parece querer tomar el Ministerio de Educación. Con el agravante de que estos posibles 2.000 contratados, a pesar de ser destinados a puestos de más difícil ejecución –y por tanto, exigidos de mayor profesionalidad– serían graduados recién salidos de las facultades –supuestamente, deberán haber hecho los vigentes másteres correspondientes, según niveles educativos–, pero eso sí, en condiciones salariales y laborales low cost; además de que, por lo que se anuncia, parecen puestos diseñados para que los expulsados del sistema no tengan fácil acceso. Los promotores de la idea debieran haber leído –y hecho caso– al menos a algunas de las 112 propuestas que, para remediar un poco el desastre sobrevenido a los problemas que teníamos, acaba de formular el Consejo Escolar del Estado en su Informe 2014 sobre el estado del sistema educativo (3), pese a tratarse de una institución tan mediatizada por los resultados electorales y difícilmente  crítica con el Gobierno de turno.

Referente indispensable para hacerse cargo del alcance de estas emprendedoras medidas como las anunciadas es el marcado por la llamada “Reforma laboral”. Todos los trabajadores, también los de TVE y de Educación, por supuesto, entran en su consideración. Y ahí están los logros del RDL 3 /2012 y de la posterior Ley 3/ 2012, de 6 de julio, que tanto ha precarizado el empleo –con el aplauso de la OCDE, la CE, el BCE y el FMI, amén del de los portavoces asiduos del Gobierno por tierra, mar y aire–, lo que no  ha impedido que la última EPA muestre más de 5,4 millones de parados o que el paro registrado en las oficinas de empleo alcance los 4.525.691 desempleados. Devenida en desregulación laboral acompañada de devaluación salarial, ha propiciado que –como comenta Antón Saracíbar– al abuso de contratación temporal, que se mantiene en un 24,2%, se añada la tremenda rotación en el empleo y el aumento de la contratación a tiempo parcial, que se situó por encima del 16% en el último trimestre. Y “lo más grave es que la contratación parcial involuntaria ha alcanzado el 62,7% frente al 35,5 que tenía en el mismo trimestre de 2008” (4). Todo ello sin contar la deficiencia crónica de lo que se celebra el próximo 22 de febrero, el “Día de la igualdad salarial entre hombres y mujeres”, pues según cálculos de CCOO, la brecha salarial entre ambos es en este momento del 31%. Es decir, que una mujer deberá trabajar 113 días más para que su salario sea paritario al del hombre (5): una situación estructural que persiste y aumenta. Por razones electoralistas inminentes, quieren hacernos creer que todo va bien, cada vez mejor y, por eso, se pueden hacer algunas concesiones flexibles.

(1) http://www.bluper.es/noticias/redaccion-parelela-tve-gundin-contrata-periodistas-intereconomia

(2) http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-planea-contratar-becarios-realizar_0_357665150.html

(3) http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2014.html

(4) https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1&pli=1#inbox/14ba1a057a9fd9bc?projector=1

(5) http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub146043_Gaceta_Sindical_n_229__22_de_febrero_Dia_de_la_igualdad_salarial_entre_hombres_y_mujeres.pdf

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