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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Está abierto el plazo para elegir y matricularse en los centros educativos

Manuel Menor Currás
15-Febrero-2015

Es momento importante para muchos padres y madres. Pero, sobre todo, para sus hijos: buena parte de sus horas de infancia y adolescencia vendrán condicionadas por la elección.

En los primeros días de este mes de febrero, han iniciado en algunas zonas de España el proceso de admisión de alumnos en centros públicos de enseñanza obligatoria. Las familias han solicitado ya la “reserva de plaza”. El próximo 24 de marzo finalizará, en esas Comunidades autónomas, el plazo legal de presentación definitiva de solicitudes y seguirán, a continuación, los sucesivos pasos administrativos de listados de admitidos y excluidos, con sus consiguientes reclamaciones, un proceso que, en líneas generales, deberá estar concluido hacia el 22 de mayo. La Resolución correspondiente al procedimiento a seguir en este asunto habrá sido publicada con tiempo suficiente en cada Comunidad, amparada siempre en algún Decreto aclaratorio de la libertad atribuida a las familias para la elección del centro educativo de sus hijos e, indirectamente, en lo que el artículo 27 de la Constitución dice al respecto.

Con tal motivo, son muchas las cuestiones que, periódicamente, se repiten cada año por estas fechas. De entrada, el cuestionamiento que para muchos especialistas tiene –y más en período de crisis como ahora mismo– tal artículo, condicionante en la práctica de una desigualdad relevante entre unos y otros ciudadanos, en la medida en que el sistema educativo se traduce aquí en tres subsistemas, bien diferenciados en relevantes aspectos que atañen al qué y cómo de la educación de unos y otros, pública. En segundo lugar –y no menos importante– esta triple formulación –“pública”, “privada” y “concertada”– remite a una conflictiva historia de la educación entre nosotros, auxiliada por torticeras interpretaciones ejecutivas de lo pactado en la Constitución del 78. Lo vivido desde 1975 hasta hoy –y, por tanto, lo acaecido desde la LODE hasta la LOMCE– podría bastar si no estuviera cargado de experiencias anteriores, incluida la  republicana con su excepcional atención a la educación pública –como puede verse en la biografía de Rodolfo Llopis que nos acaban de recordar, entre otros autores, Bruno Vargas y Alfredo Liébana (1)–. Muchos lectores recordarán cómo en su infancia –y hasta muy entrados los años setenta– no era lo mismo “la escuela” que “el colegio” y, en particular, “el colegio de pago”, a donde muy probablemente no pudieron ir aunque lo hubieran deseado sus familias.

Una prolongada tradición

Tan prolongadamente vivida en el franquismo, se hacía eco de ella Luis Carandell –el autor de Zeltiberia Show, en otro de sus libros no menos célebre e interesante por sus agudas observaciones: Los españoles (Barcelona, Estela, 1971). Anotaba entonces el periodista catalán afincado en Madrid, que “ninguna familia que se considere socialmente clasificada por encima del nivel de subsistencia envía a sus hijos a las escuelas nacionales. Temen que se encuentren allí sus hijos con los hijos del portero, del albañil o del taxista que acaso viven en el mismo barrio que ellos o en un barrio ligeramente inferior…. La palabra ‘colegio’, contrapuesta a la de ‘escuela’, tiene en la mente española un poder magnético porque identifica la pertenencia de una familia siquiera sea a los estratos ínfimos de las clases sociales superiores”. Y añadía Carandell cómo, por este y otros motivos, existían en España “tantos colegios particulares y academias privadas”, para insistir en que, “tradicionalmente, las familias acomodadas han venido enviando a sus hijos a un colegio de curas y a sus hijas a un colegio de monjas”.

Hoy, escolarizada la población hasta los 16 años y con muy otros hábitos sociales, la elección de centro educativo sigue siendo un gran momento para comprobar cómo siguen pesando las pautas de esa herencia. La pugna principal es, en definitiva, entre el poder simbólico de la demostración social individualizada –que sigue teniendo en esto expresión muy cotizada– y una democrática ambición ciudadana de calidad educativa compartida, cuando los centros públicos habían logrado cotas de calidad muy altas, pero disminuidas por su obligación de atender –con recursos disminuidos– a toda la diversidad del espectro social. El dilema es particularmente fuerte en el primer momento en que ha de decidirse el acceso de los niños a la escolarización, justo cuando las expectativas de ascenso social de las familias para sus vástagos son superiores.  Quienes más eco mediático se hacen de las mismas –continuando su propia tradición– son los colegios privados y, en gran medida, los concertados. En los últimos años han empezado a copiarles algo los públicos, so pretexto de autonomía. Las fórmulas de publicidad que suelen desarrollar en directo y, sobre todo, boca a boca, encuentra ahí un gran arsenal de razones que, además, les permite obviar las que de verdad dan consistencia cualitativa a un proyecto educativo. Esta de la elección de centro es, de este modo, buena ocasión para dilucidar en qué consista la fama de un colegio, escuela o instituto, percepción nada baladí en la medida en que condiciona nuestra particular opción e, indirectamente, atañe a nuestra capacidad de gasto, sin que necesariamente tenga que ver con la enseñanza de auténtica calidad.

Una opción política

Opinión y opción educativa están muy ligadas –de manera falaz o ingenua, pero siempre condicionada– y vienen a generar, a su vez, el posicionamiento que damos a nuestra relación con los demás miembros del colectivo ciudadano, “la polis”. Muchos responsables de Educación –incluidos consejeros e incluso ministros– no dudan en contradecir con su ejemplo lo que es su obligación defender. Ahí están los sitios a donde envían a sus hijos y, de añadido,  las advertencias y dicterios que vierten –para sus votantes predilectos– respecto a la enseñanza pública y los medios que necesita para desarrollar su labor. En vez de procurar mejoras sensibles y constantes que afiancen el prestigio de lo que tienen encomendado, trabajan a tiempo completo –con los presupuestos en la mano– para deteriorarlo un poco más, función que completan con una legislación olvidadiza con la justicia distributiva. A ejemplo de lo que hacen sus colegas de Sanidad y otros servicios sociales, se empeñan en que un proclamado derecho constitucional se traduzca tan sólo en “libertad de elección” y de pago. Un mercado para el que muchos ciudadanos carecen de medios y en que  esta “libertad de elección” les condena a la exclusión. No tiene desperdicio, por ello, la alerta del Comité español de UNICEF, para el cual la tasa de pobreza infantil española es “de las más altas de Europa y un claro y creciente riesgo diferencial de pobreza de los niños y niñas respecto al resto de la población”, una realidad que viene determinada por “los problemas del mercado de trabajo y la insuficiencia de la red de protección social”, incapaz de reducir la pobreza infantil. En 2014, la pobreza moderada, en menores de 18 años, afectaba ya al 26,5% de los hogares y la pobreza severa superaba el 14%, una situación alarmante de la población española (2).

La elección de centro, con la admisión de alumnos y su escolarización, conforman, por tanto, un constructo político de primer orden: el proyecto de futuro del sistema educativo español es revalidado en buena medida por lo que cada año eligen los padres para la educación de sus hijos. No debiéramos olvidar que el de la enseñanza es uno de los modos principales de redistribución de la riqueza, ni que, como advertían en el último Congreso de GESTHA (Técnicos de Hacienda), “España es el segundo país de Europa con más desigualdad social y económica de Europa”: dentro de la OCDE, el que menos redistribuye la riqueza que produce; hasta el punto de que el 1% de la población acumulará pronto tanta renta como el 99% restante (3). En este contexto de segregación, escandalizarse alegremente de las carencias y problemas educativos que tenemos como país suena a muy hipócrita pasotismo, cuando no a feliz ceguera consentida: como algo que no nos afectara porque ya hubiéramos elegido lo mejor, validado además porque la economía estuviera creciendo…

(1)     VARGAS, Bruno, LIÉBANA, Alfredo, y otros (2014): Rodolfo Llopis, pedagogo y político, Madrid, Fundación Indalecio Prieto.

(2)  UNICEF-Comité Español, Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España, Madrid, 2014, p.3-4.

(3)      http://www.publico.es/economia/espana-pais-ocde-menos-redistribuye.html

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