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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El Decreto sobre Grados y Másteres es una contrarreforma esquizoide del sistema universitario

Manuel Menor Currás
5-Febrero-2015

Siguiendo una arraigada tradición antimoderna y antilustrada, pretende confirmar la desigualdad de acceso al saber y la desigualdad de mérito para desempeñar las profesiones más valiosas.

A estas alturas, no se improvisa, y menos en Educación: nada se decide sin que previamente haya sido conscientemente preparado. De este modo, la de la universidad es una reforma que viene rumiándose en el entorno del PP desde hace mucho. No hace falta retroceder a los antecedentes del XIX o de los tiempos franquistas primeros en que, por ejemplo, cuanto sonara a ILE (Institución Libre de Enseñanza) era tildado de heterodoxia enemiga y contaminante, aunque no incompatible con que el opusdeísta Florentino  Pérez Embid encargara a Cacho Viu un estudio sobre ella para aprovechar cuanto “pudiera ser útil”. Es suficiente observar en la historia reciente del PP los campos primordiales en que se movió la ejecutoria ministerial de Pilar del Castillo y los núcleos de ideas neoconservadoras y neoliberales de que se nutrió (1). Aquellos intentos contrarreformistas, en gran parte frustrados en las elecciones generales de 14 de marzo de 2004, marcan el horizonte simbólico de las aspiraciones de la presente legislatura ya en trance terminal.

El dudoso acierto de Wert con los tiempos de la puesta en escena de sus  particulares aportaciones a este universo no debiera entenderse desde la improvisación: obedece a cálculo discutible, pero no ajeno a las características de este movedizo año electoral. Al menos teóricamente, este último decreto a propósito de los grados y másteres universitarios, viene a completar los tres pies en que centralmente se han movido sus decisiones. Con relativa celeridad –si se compara con tiempos reformistas anteriores–, ha dejado ya desarrollada la LOMCE, en fase de implantación en este curso y de ampliación definitiva en el que viene. En la misma jugada ha dejado prácticamente decidida una parte sensible de la reforma de la FP, principalmente en lo que atañe a la FP-básica y a la dualización formativa que ya tenían muchos módulos profesionales. Y es verdad que no ha logrado sacar adelante todavía de manera explícita el Estatuto de la función docente, pero en la propia LOMCE quedan sobradas pistas para entender por donde llevará su orientación normativa en caso de que los estrategas electorales de la calle Génova le den cancha. Le quedaba el tercer apoyo de su gestión, la Universidad, para que su paso por el Ministerio de la calle de Alcalá quedara bien marcado, pese a la contestación constante que han generado sus medidas y su particular metodología procedimental para ejecutarlas, siempre acorde con la constante valoración del CIS a la cola de este Ejecutivo.

El Decreto último, que aprobó el Consejo de Ministros del 30 de enero (2), no es el primero que afecta a la Universidad –y, sobre todo, a la Universidad pública–. Más bien se enmarca en un conjunto de decisiones que, desde el equipo de este ministro, se han venido ejecutando en el transcurso de esta legislatura. No debiera verse, pues, como una rara ocurrencia sino como un elemento más de un conjunto bien definido. En este sentido, han de recordarse principalmente los recortes sufridos por el sistema universitario y que CCOO ha cifrado en 1.500 millones de euros de menos para su financiación (3). Decisión que, como no olvida este sindicato, ha ido acompañada, además, de otro recorte de 75 millones de euros en becas sólo durante el último curso –y del endurecimiento de los requisitos de acceso a estas–, amén del sistemático aumento del coste de las tasas pertinentes para matricularse que le ha acompañado. Un asunto que se traduce en que sólo el 27% de los estudiantes españoles de formación superior reciba becas y ayudas, frente al 47% de Irlanda, el 76% de Holanda o el 100% de los casos en Finlandia o Luxemburgo, como revela el último Informe Eurydice, correspondiente al curso 2014/2015. Y evidente es que, al plano interno de funcionamiento cualitativo de la docencia e investigación que corresponde al nivel universitario, no le es indiferente el proceso de desinversión creciente llevado a cabo en estos años –un 23,85 menos si contamos entre 2009 y 2013–, del que un 32% ha sido aplicado a personal universitario y un 56% a recursos y proyectos: la lógica del deterioro y del desánimo de los mejores en las universidades públicas es imparable.

En ese contexto, lo decretado el 30 de enero prosigue, en su apariencia inocua de libre flexibilidad, un proceso programado para que esa situación se acelere un poco más. Que los grados duren menos y los másteres se alarguen más sólo tiene un claro ganador: el sistema universitario privado. También tiene obvios perdedores: la Universidad pública y el núcleo de sus beneficiarios principales, hijas e hijos de familias con menos recursos. Varias razones apoyan estos dos asertos. Una, el coste mayor de los créditos, a razón de 60 €/crédito como mínimo en los másteres (60 créditos o ETCS, de entre 25 a 30 horas de aprendizaje cada uno, hasta ahora), que en los grados (240 créditos en cuatro años) se traduce en que cada uno sale actualmente a un tercio de esa cantidad. Con el agravante de que ese diferencial habrá de pagarse prácticamente íntegro durante dos años en el plan que se propone, mientras el Estado se ahorrará uno de subvención a los miles de estudiantes del actual cuarto año de grado que ya no existirá. Por este lado de los costes efectivos, la libertad de adopción de la medida ahora permitida de pasarse a un sistema 3+2 sólo encubre recortes institucionales que benefician netamente a los hijos de familias con posibles. Muchos de los otros estudiantes deberán sumarse a los 45.000 que, con la medida ya adoptada de tasas y becas han sido expulsados de las aulas universitarias. En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta igualmente que son las universidades privadas las que más medios y posibilidades han tenido hasta ahora para acreditar enseñanzas de postgrado, incluidas algunas de las más caras y prestigiadas –la posibilidad de éxito suele emparejar ambas cualidades– a través del boca a boca entre universitarios, la mejor fórmula para discriminar con posibilidad de acierto entre los más de 7.000 títulos de postgrado existentes en el mercado. En síntesis, aunque quieran que no lo parezca, 3+2 no es lo mismo que 4+1.

Debiera el Ministerio haber explicado, por tanto, antes de haber dado este paso, cómo beneficia a los estudiantes y sus familias e, indirectamente, a los recursos humanos de que pueda disponer España. En este presente-futuro, en manos de quienes vayan a ir a parar, preferentemente, los puestos de funcionarios, alta dirección y nivel profesional supuestamente más cualificados. Y si se está o no promoviendo de manera abierta y transparente –o solapada y opaca– el mantenimiento privilegiado de este conglomerado directivo de la futura vida social, económica y política. O si ésta es la manera de sostener una justa igualdad de oportunidades y de mérito independientemente de la serie de derechos previos que, según rezan los primeros artículos de la Constitución vigente, no han de ser motivo de discriminación en ningún caso. En su lugar –como puede leerse en la web oficial del MECD–, se dedican a decir que esta ordenación 3+2 “es una forma de ahorrar dinero a las familias” porque “se reduce un año la carrera”. Y a esta inédita preocupación benéfica, añaden que “en el 90% de las carreras no hay que hacer un máster de manera obligatoria para poder trabajar”. Lo cual es más sofisma que verdad, pues desde antes del plan Bolonia y de que en España se generalizase la adopción del sistema 4+1 para profesionalizar más decididamente los estudios universitarios, la razón principal de logro del primer trabajo dentro del campo de conocimientos estudiado se ha basado en  las relaciones sociales de la familia. Lo ha sido en estos últimos ocho años también y lo seguirá siendo mientras no se transformen las relaciones clientelares, asunto bastante más dificultoso. Es independiente, además, de que en otros países de nuestro entorno –otra razón que se invoca a medias, pues no añade si es gratuito o en qué medida gravoso a sus beneficiarios– haya predominado el sistema 4+1, pretexto este que no cuenta tampoco si ese modelo más generalizado en otros países desde entonces está siendo puesto en cuestión. Ni menos dice –porque no hay evaluación seria al respecto– cuál haya sido la eficiencia del modelo adoptado en España desde que, en 2007, se optó por esta secuencia de titulaciones del Plan Bolonia que venía a sustituir a las antiguas licenciaturas de cinco años. Igual que en cuestiones de política muy actual suelen advertirnos que España no es Grecia, no debiera tampoco alegarse tan alegremente un ansia tan inusitada de igualdad que no contemple variables más sensibles del asunto o maneras de paliar los desajustes de partida. Por otro lado, de sobras sabe el equipo de Wert –y el Gobierno de Rajoy– que ya hace mucho que en toda selección de personal que se precie, las acreditaciones de currículum no son indiferentes. No sólo por lo que expresen de preparación competencial –por la variable calidad que se supone a la Universidad y departamento que certifique–, sino de base, por la cantidad de titulaciones que un candidato pueda presentar para un puesto: los másteres han venido a suponer en los últimos tiempos un mínimo común denominador indispensable, cuya no tenencia supone casi siempre exclusión, y, por tanto, han venido a convertirse en requisito indispensable, desgraciada manía por el papeleo inane que no ha hecho sino crecer en estos años y trasladar el umbral de incompetencia.

Una vez más, por tanto, el susodicho decreto, por el que se modifican las normas existentes al respecto, de 2007 y 2011, y que faculta a las universidades para que opten por un sistema de duración distinta de sus enseñanzas principales, parece haberse dictado como tantos otros de este equipo ministerial aprisa, en perjuicio de la mayoría ciudadana y sin diálogo o participación de los principales agentes sociales con preocupación democratizadora de la enseñanza. La primera prueba de ello es que el propio Consejo de Estado ha afeado a Wert las prisas en este terreno (4). Similar descontento ha expresado la CRUE, que con 57 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra, ha hecho que los rectores aplacen hasta 2017 esta nueva formulación (5). Más radicales han sido todavía los estudiantes, cuyo sindicato ha planteado ya una huelga de protesta para el 25 y 26 de este mes y para el 17 y 18 de marzo. Y tampoco los sindicatos se han quedado callados: Julio Serrano, secretario de universidades de la Federación de Enseñanza de CCOO, calificó de “disparate” la propuesta ya aprobada por el Consejo de Ministros el día 30 de enero (6). Ya veremos qué va pasando en las autonomías, responsables últimas de buena parte de los recursos: Andalucía y su Consejo de Universidades, en que se encuadran 10 de ellas, no están de acuerdo, por implicar una reducción encubierta del gasto público, romper el principio de igualdad y nacer sin consenso mínimo (7). Y ya podemos ver igualmente en las redes sociales cómo ha sentado esta flexibilidad wertiana en muchos departamentos universitarios que ven peligrar sus puestos docentes en todo tipo de titulaciones: cuando la privatización prosiga su fuerte avance en este sector de inversión –ahora menos regulado– el destrozo será mayor.

Una imposición contrarreformista como ésta no es fortuita ni viene obligada por “la crisis”. Y menos cuando reiteran urbi et orbi que nuestra economía se recupera. Tiene todos los indicios ideológicos apuntados más arriba, plenamente acordes con una predilección ya buscada en la LOMCE y otras medidas estimulantes del darwinismo social en que revive, levemente modificada, la antigua dicotomía del “estudias o trabajas”. Claramente selectiva y elitista, mina el futuro y la expectativa social que puedan tener grupos mal posicionados socialmente, mientras sostiene para los vástagos de los estratos más altos el privilegio de acceso a  lo más valioso del sistema productivo que les faculte para controlar las plusvalías del trabajo de los otros. En vez de atender a que la Universidad se dignifique y renueve en profundidad, para que gane en exigencia y rigor la gestión y actualización de saberes y competencias que la sociedad democrática necesita, prefiere mantener el statu quo del mandarinato como sistema y que todo vaya colapsándose bajo la vicaría de un Consejo social vigilante de rentabilidades empresariales privadas. Mientras, entre la necedad y el cansancio, los mejores profesionales docentes se acabarán desanimando o deberán seguir empleando esfuerzos desmedidos para defenderse de arbitrarias decisiones de su propia Administración: una esquizofrenia atroz como la que ya padecen muchos trabajadores de la sanidad pública y de otros servicios sociales.

En conclusión, el sesgo de este Real Decreto, entre ignorante y necio, servirá mucho de comidilla tertuliana en lo que queda de legislatura. ¿Con qué finalidad? Aparentar que se hace lo que no se está haciendo y urgiría hacer por una “calidad” sin apellidos que no se ve por ningún lado. Y poco más, como no sea que a los  duros y recalcitrantes del PP esta arrogancia les incite a no perder el ánimo ante lo que aventura la última encuesta del CIS en cuanto a simpatía más intención de voto   (8). En fin, morir matando no sirve de nada; por muy caballeresco que pueda parecer en una “conferencia de prensa” –o de plasma– vender a la ciudadanía la salvación temporal a cambio de que ceda poder absoluto a políticos ajenos a lo que necesita. Pura palabrería, en todo caso, y un fraude a la sana pedagogía del trabajo bien hecho, porque las urgencias de nuestras instituciones docentes no van parejas con lo que importa a los estrategas electorales partidistas.

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