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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

El desprestigio de la memoria favorece la corrupción, también la peor: la de “los mejores”

Manuel Menor Currás
10-Noviembre-2014

Sería hipócrita pensar que el cabreo existente es de ahora. Si se abren y regulan todos los archivos, se sabrá mejor la larga y paciente acumulación de causas que lo han provocado.

Julio Llamazares traía a colación el pasado día seis (en El País) una interesante interpretación de cómo el lenguaje no suele servir demasiado a la comunicación veraz. Los historiadores de la Camorra italiana parecen coincidir –recordaba– en cómo esta organización surgió para defenderse de los ocupantes españoles del territorio durante casi trescientos años. El famoso libro del napolitano Roberto Saviano, Gomorra, lo daría por supuesto cuando describe, con riesgo de su vida, algunos de los signos más notorios de la vida italiana –no sólo en el sur– desde la postguerra europea. Cuando hablamos, pues, de comportamientos mafiosos y corruptos para entender qué nos está pasando en España, hablamos de algo muy asentado y muy nuestro. Incluso estamos en situación –a poco que lo intentemos– de comprender la disminución del peso específico de la Historia, la Filosofía y –no faltaría más– de una Educación cívica laica, no connotada por valores prefijados y particulares, en el currículum escolar que rediseña la LOMCE, mientras aumenta el peso de la Religión y el practicismo emprendedor, amén de otras lindezas segregadoras.

El mismo día seis de noviembre era publicada también la ansiada encuesta del CIS acerca de la expectativa de voto que los españoles tenían en el mes anterior, justo cuando nos había sido dado conocer los hábitos privilegiados de algunos personajes a quienes una determinada Caja de Ahorros –ahora banco controlado por el FROB–, había concedido una tarjeta opaca al fisco. Antes, sin embargo, de que se conocieran los tejemanejes destapados a través de la “operación púnica” y de que, los extremeños –y, al parecer, tampoco el Senado– supieran nada de los gastos de quien ahora era su presidente: una excrecencia de los privilegios cada vez más crecidos –opacos para la mayoría ciudadana– de que disfrutan nuestros electos representantes en las dos cámaras legislativas (como ampliaban este domingo último muchos periódicos). Saber de qué va la explotación del Estado y de los bienes públicos de todos por parte de unos pocos y de las ramificaciones que el Poder –Ejecutivo, pero no sólo–, pueda tener con otros poderes y no sólo los clasificados por Montesquieu, cuando en sus combinaciones varias son responsables directos de la indignación del resto de ciudadanos no implicados –siempre paganos de todo–, sólo viene a incrementar algo que ya se vivía de muy atrás. No es de ahora ese enfado ni las reacciones consiguientes que muestran las encuestas: presentarlo así sólo es otro modo de corrupción, la de la memoria, el último reducto de dignidad de las personas. Se comprende –pero no es de obligado recibo– la reacción de los principales partidos políticos ante lo que dicen los estudios demoscópicos, pero es absolutamente inadecuada. Recurrir al perdón, la vergüenza y la amnesia, o edulcorar el sentido de las reacciones de la gente ante tomaduras de pelo continuadas –de las que, al fin, parecen haberse empezado a enterar intensamente los ciudadanos que lo están pasando mal–, sólo son maneras de esquivar el sentido fidedigno de la política y, especialmente, de la democracia. Poco tiene que ver con gobernar a golpe de encuesta y de silencios o pactos más o menos cómplices de unos cuantos elegidos. Ni siquiera los aristocráticos relatos clásicos de Homero son complacientes los dioses con los irresponsables y cazurros entrometidos en el honor ajeno: una de dos, o se cambia seriamente o todo se derrumba. Tampoco lo es el Innombrable de la Biblia, donde hay numerosos pasajes como éste: “Es breve la alegría del malvado y el gozo del impío dura un instante… A los pobres tendrán que indemnizar sus hijos, sus niños habrán de devolver sus bienes” (Job, 20, 5 y 10).

También ese día seis, El Roto editorializaba en su viñeta una de las cuestiones más íntimamente ligadas a la poca transparencia de nuestra vida pública: “Señalas un problema –decía– y te acusan de crearlo”. La traducción que el famoso dibujante hacía de la clásica persecución al mensajero, aludía claramente al ascenso en intención de voto de quienes están polarizando ese enfado de la ciudadanía y dicen poder cambiar a fondo el sistema dominante, con lo que se han convertido en chivos expiatorios de todos los males presentes y futuros. Una de las personas cuya representación política no parece correr pareja a su presunta responsabilidad ha llegado a calificarles recientemente como “peligro para la democracia”. Pero estos jóvenes con ansia de revisar a fondo el quehacer político español apenas llevan nueve meses en escena, mientras que los desmanes de que se queja la gente –incrementados cada día que pasa con nuevos casos– tienen ya un larguísimo recorrido. Ello explica que muchos opinadores de gran presencia en los medios se alarmen por los datos de las últimas encuestas, no sólo las del CIS, y tilden como villanos a quienes intentan poner un poco de racionalidad en su lectura: pocos hablan de lo urgente que es renovar con lealtad democrática las instituciones que nos hemos dado para convivir.

A las siete de la tarde del tal día seis, un amplio grupo de políticos responsables de la Educación española entre los años 1990 y 2011 hablaba de la calidad de la enseñanza “en tiempos de crisis”. Siempre la enseñanza ha estado en crisis –como comentó alguno de los presentes–, pero por sus manos había pasado mucho dinero. Sólo a causa de la LOE, y de las exigencias que implicaba la memoria económica para su ejecución –con medidas específicas para atajar la mala enseñanza en 2006–, habían gestionado más de 7.000 millones de euros, cifra muy parecida, por otra parte, a la que, de inmediato recortó el Gobierno Rajoy para “mejorar” el sistema educativo español, en paralelo a la mejora de España que tanto pregona. Nadie de cuantos allí concurrían en un día tan desapacible ha sido acusado de corrupto. En la antigua Casa de Fieras del Retiro, se mostraba esa tarde que las formas que pueda adoptar la “calidad de la enseñanza” son diversas, pero que nada significaba tal expresión si los hijos de los porteros –supuestamente servidores de los señoritos– no tienen acceso a ella, ni si los dineros públicos de que se nutren o favorecen las redes privadas del sistema no son utilizados con equidad homologable. Para colmo, las puertas giratorias que habían elegido al dejar sus puestos de responsabilidad eran las Escuelas, Institutos y Facultades universitarias, de donde procedían: Alfredo Pérez Rubalcaba, por ejemplo, ya llevaba dos meses largos con sus clases de Química en Ciencias de la Complutense. La antigua Casa de Fieras del Retiro, metamorfoseada con la esperanza de lo posible, indicaba lo que debiera universalizarse y no entorpecerse: es duro mantenerse fiel a la honradez debida.

También podría ayudar a ello –como ya se anotó en otra columna anterior– que los archivos de todas las entidades e instituciones que, de uno u otro modo, tienen que ver con el uso de dinero o subvenciones públicas, estuvieran –con la debida regulación, pero nunca ocultación– disponibles para lectura y conocimiento de cuantos trabajan explícitamente con la información, principalmente historiadores y periodistas. Sigue siendo un calvario en demasiados casos acceder a muchos de ellos y una sinrazón, contraria a la transparencia de la verdad, la serie de motivos que suelen alegar para dificultarlo, sólo conducente a que pase por Historia lo que tan sólo reafirma la tozuda ignorancia, o que quieran colar como “investigación” modalidades de vendetta nada casuales, interesadas en poner a caldo a quien haya querido poner coto a  prebendas sin cuento. No no engañemos: lo que predomina cuando no fluye adecuadamente la información son formas todas similares de censura, poca libertad de expresión y nula voluntad democrática de expandir el conocimiento y sus responsabilidades. Y así, cuando las fuentes de la memoria –los archivos– son cegadas o dificultadas, lo conspiranoico y lo mafioso suelen darse la mano: sin garantía de la debida custodia y con tantas restricciones de acceso, difícilmente se puede alentar la libertad. Como si a nadie le importara que los ancestrales bulos interesados, o los tiempos de la censura previa, del secretismo y del compadreo intolerante sean incompatibles con la memoria verídica de una democracia que quiera ser vigilante consigo misma y capaz de poner remedio a sus probables fallos. Estos días, estamos siendo testigos –alguna prensa se está haciendo eco de ello– de cómo se relata ahora mismo la caída del muro de Berlín –con el pretexto del 25º aniversario de su caída–, de cómo en la Rusia de Putin no son accesibles los desmanes soviéticos, o de cómo en Hungría la Historia es escrita por el ultraconservador partido Jobbik: muestras todas complementarias de un predeterminado afán por la Historia del pasado, mientras prolifera lo meramente anecdótico o lo muy mal intencionado, muy propicio a la manipulación tópica pero no al conocimiento consistente de lo acontecido. Entre nosotros, tenemos magníficos ejemplos de lo mismo. Repásese, si no, todo lo sucedido con la historia de los todavía agraviados por los desmanes de la guerra y postguerra –tan bien novelada en La Higuera por el recientemente fallecido Ramiro Padilla– que Baltasar Garzón trató de aclarar jurídicamente. O léase qué dice el último libro de Esteban Ibarra –La Europa siniestra– a propósito del crecimiento de las distintas modalidades de crímenes de odio en nombre de fundamentalismos diversos. O repásense, en fin, las propias amnesias de nuestros libros escolares respecto a lo acontecido en nuestro país, desde antes de que los nazis establecieran la industria de la muerte del diferente, y que El Perich sintetizaba en la portada de uno de sus libros: “Historia de España (resumen) –.¡Todos al suelo!” (Desde la Pereichferia, Planeta 1981).

El uso escandaloso de las llamadas tarjetas negras, como el de otras muchas prebendas que seguramente iremos conociendo, habla –entre otras muchas cosas–de que, según algunos de ellos alegaron ante el juez Velasco, no hacía sino prolongar una tradición anterior. Aparecieron así cuantías y usos que, según se hizo público, fueron variando desde 1980. Casi nada se ha sabido, sin embargo, de que, a su vez, la instauración de las mismas en esa fecha se acomodaba muy bien a tradiciones muy poco ejemplares que tenían vigencia desde mucho más atrás –casi desde sus orígenes, pero muy especialmente en las etapas franquistas– en las instituciones matrices y, por extensión, en muchas otras que tenían encomendada su vigilancia. Era, pues, un asunto de historia, muy documentable. Da casi igual la fecha de referencia que se quiera escoger: en todas existe una pauta establecida  en el reparto de “donativos” y regalos, que ha tenido unos beneficiados privilegiados, y de diverso calibre institucional. Cuanto más “benéfica” se denomine la institución, más clara aparece la distancia entre quienes aportan los recursos para que exista –normalmente el Estado o los trabajadores, cosa muy evidente en la historia de las Cajas de Ahorros, por ejemplo, si uno se atiene a su legislación original en los años 30 del siglo XIX y a lo que al respecto pregonaba Mesonero Romanos, uno de sus promotores más conspicuos, plenamente consciente de lo que el ahorro representaba como mecanismo de control social– respecto a sus principales “beneficiados” –personas y entidades de calibre y condición social mucho más elevada, ligados a ellas por gestión, parentesco o proximidad a sus finalidades principales de sentido.  Con el resultado adicional de que éstos eran llamados “benefactores”. Si las instituciones –y no sólo las personas– hablan más por lo que hacen que por lo que dicen como sostenía en los noventa Mary Douglas (Alianza, 1996), cada una, a su modo, es responsable de unas determinadas proyecciones socio-educativas sobre la población en general. De eso va principalmente la tan poco analizada como excesivamente publicitada “Obra social”, en muchos casos mero parche de imagen para favorecer que los más desafectos acepten el poder político-económico dominante: ese es el origen de la “responsabilidad social corporativa” de no pocas empresas ahora mismo, una contraposición sustitutoria de la responsabilidad que exige una coherente “Justicia social”. En todo caso, no quepa duda de que si alguien quiere saber con cierta racionalidad y coherencia el cómo y el porqué de nuestro generalmente desastroso urbanismo –aclarando, por ejemplo, cómo se financió y quiénes fueron sus beneficiarios–; a dónde fueron a parar los principales recursos procedentes de las emigraciones masivas a Europa en los sesenta y quiénes los disfrutaron –una información que vendría muy bien en este momento de desafectos territoriales inducidos–; o cómo determinadas personalidades e instituciones prolongan actualmente con poca o nula adaptación aquellos hábitos oligárquicos tan poco desinteresados de tiempos atrás, poco podrá decir sin el recurso a los archivos de todas estas instituciones. Y ha de advertirse que no bastan los libros escritos bajo aquella costumbre de entonces y sus particulares hábitos censores, generalmente propicios a propagar tan sólo la verdad oficial del momento. Es muy deseable, en consecuencia, que si se quiere hacer desaparecer la hipocresía de pensar que los males que ahora afloran son fruto de la transición democrática –ya excesivamente cargada de demencias explicativas–, es imprescindible que los archivos y memorias anuales de toda institución que tenga que ver con dinero público –sea la que fuere– estén a buen recaudo para que todo investigador acreditado la pueda leer, y que pueda ser conocida en el tiempo prudente que los asuntos implicados requieran. En otros países de nuestro entorno cultural, los “asuntos reservados” y los “secretos de Estado” tienen fecha de caducidad. Sería muy contraproducente para la democracia y sus exigencias de lealtad de todos cuantos se dicen demócratas –del rango social que sean, y para que no proliferen ejemplaridades tan discutibles como las que en estos tristes días estamos conociendo– el ocultamiento o la desaparición de las actas y libros clave que contienen la información de muchos asuntos importantes para todos. Las diversas formas de mafiosa mendacidad actual sólo se amparan con la ocultación, una excesiva tradición de silencio impuesta por el inmoral privilegio de unos pocos. La corrupción, ahora más conocida, ha sido muy bien cultivada en nuestros hábitos y costumbres desde muy atrás: los archivos son testigos mudos de ello. Ahora sucede que, por exceso –y porque el reparto de la explotación de los presupuestos públicos es más estrecho–,  el panorama a que abocan los papeles a que accede la policía está pareciendo un erial en el que selectas sanguijuelas de lo ajeno muestran sus vergüenzas al aire ante quienes para sobrevivir tienen que levantarse sumisos a las seis de la mañana.

No cunda el desánimo. El Diccionario Biográfico Español, de la Real Academia de la Historia (www.rah.es/cdeb.htm), ahí sigue. No es verdad que una parte de las ayudas que Wert le mantiene –pese a la crisis– vaya a emplearse en elaborar una guía espiritual para no extraviarse en la ejemplaridad de sus biografiados. Tampoco existen indicios de que quieran incluir en el último tomo un apéndice, anexo o escolio dilucidador de algunos barbarismos, labor en que podría serles de gran provecho el tan lúcido escudriñador de palabras Andrés Neuman (Páginas de Espuma, 2014). Y menos parece que admitan en su nómina a los editorialistas de Mongolia, uno de los últimos reductos disponibles para enterarse en serio de los valores del saber histórico.

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