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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

¿Han fallado los protocolos de actuación sólo en el caso de Teresa Romero?

Manuel Menor Currás
4-Noviembre-2014

Después de lo visto con el ébola, las tarjetas negras y las señales de corrupción descubiertas de continuo, cabe preguntar por los protocolos de nuestro sistema educativo y social.

Imagínense que llamáramos a las meigas de la tribu para arreglar lo que los síntomas de Teresa Romero presagiaban, o que continuara coordinando el barullo consiguiente la Sra. Mato o el ínclito Sr. Francisco Javier Rodríguez: todos estaríamos en este momento con zozobra creciente. Similar cuando menos a la que tienen, extrañados, cuantos viven de cargos –más o menos privilegiados y pagados con dinero público– según se cumplan dentro de un año las previsiones que ya anuncian las encuestas últimas sobre intención de voto. Nos quedará todavía por ver si aguantan a base de volver a prometer lo ya prometido –desde los noventa–, y a cuenta de que nos fiemos de que las peticiones de perdón –nada significativas de arrepentimiento– bastan para lavar tanto desmán como han hecho o han dejado hacer a compinches y allegados.

Bueno es que estos días se hable tanto de “protocolos”, a condición de que el término no se convierta en talismán exculpatorio de tanta acumulación de errores graves. Debiera servirnos para recordar que todos sabemos bastante de ética –salvo que se nos hayan cegado los poros de la sensibilidad– y que la legislación que tenemos desde la Constitución de 1978, marca las líneas rojas de lo que nunca se debió hacer y se ha hecho, y no debiera servir para escaquearse de actuaciones políticas marcadas por personas o instituciones ajenas a los intereses comunes de los ciudadanos. Hasta dentro de un año, todavía caben muchos más latrocinios bajo formas diversas de disculpas y excusas –también de más normas redundantes–, que no atajen la dificultad de responsabilizarles de algo. No parece que el fallo sea cuestión de leyes, sino principalmente de “cultura democrática”: a poca gente parece haberle importado que se conculcara alguna ley o procedimiento, que no se hubiera desarrollado suficientemente ni que, en cambio, no se dispusieran los medios adecuados para cumplir las existentes: todos han preferido que se hicieran leyes nuevas para el incumplimiento. Cuando, por ejemplo, en el sistema educativo llevamos ya ocho leyes orgánicas para “mejorar la calidad del sistema” –sin que se aprecie una clara determinación por que así sea–, y cuando sabemos con demasiados detalles cómo se han vetado en la última determinados aspectos claramente indicados para fomentar y desarrollar el sentido más abierto, igualitario y cualitativo de una buena educación para todos, no podemos quedarnos pensando en  que el dinero de todos valga tanto para un roto como para un descosido; incluso, para regalarle a algunos amiguetes suculentos convenios de “colaboración” privada, mientras se debilita la enseñanza pública. Cuando se han aprovechado los cargos públicos para hacer una enseñanza programada para desarrollar un ideario particular –extraño a los intereses fundamentales de todos y aborrecido de que hubiera una pequeña presencia explícita de Educación cívica–, todo indica que ha existido una tomadura de pelo y que el protocolo básico de la dignidad educativa, igual para todos, se ha estado –o se está– conculcando sistemáticamente. Y, por extensión, nada incita a pensar que lo más grueso de la corrupción esté todavía por salir en este y otros ámbitos.

Los fallos habidos en estos dos gloriosos acontecimientos recientes, el ébola y las tarjetitas volanderas –amén de los desmanes propiciados por personas muy encumbradas en diversas instituciones, financieras, autonómicas y municipales, entre otras– debieran inducirnos a una reflexión seria sobre todo este conjunto, más largo y complicado de lo que parece, y con el que en diversos grados de responsabilidad estamos todos emparentados. Lo de que los políticos sean corruptos es demasiado simplista y no esclarece nada. Que les votemos a sabiendas de que lo son, ya complica las cosas bastante, pues podemos ser corresponsables de lo que hagan (aunque el voto sea secreto). Y que haya de todo entre ellos, –y que, si bien se mira, los corruptos son pocos–, en vez de esclarecer algo de cara a qué hacer ahora mismo y en el futuro, lo enturbia todo y lo deja como siempre, con los corruptores, además, campando a sus anchas. Lo verdaderamente cierto y urgente, es que, en este momento, está en juego el sistema democrático, con todos sus defectos, pero también con sus muchas virtudes, superiores sin duda a las de muchos otros sistemas políticos como alguno que nos ha tocado vivir no hace mucho. Nadie nos va a eximir de tratar de resolver cómo reducir los defectos de esta democracia y aumentar sus cualidades positivas, empezando por la transparencia de las decisiones y el control del gasto para ejecutarlas, sin que nadie conculque las reglas básicas de la igualdad de todos los ciudadanos.

Para empezar, habría que distinguir: no todo vale. Hay veces en que los protocolos fallan, por caducidad, ignorancia o estéril rutina burocratizada. Otras, sin embargo, es que ni existen explícitamente como tales: nadie los conoce o dice no conocerlos por más que, insistentemente, amplios sectores afectados por un asunto de cierta entidad los pidan una y otra vez, mientras las actuaciones de los responsables del asunto van a su aire. Y muchas otras, el proceder existente está tan mediatizado y tan entreverado con mezquindades particulares, que el protocolo resultante es inextricable e insultante para los buenos profesionales por la mezcla de componentes que arrastra. Imitando el propio proceder del ser humano, que para ganar en seguridad y prontitud de respuesta a las necesidades de cada instante tan sólo utiliza un 9/10 de su capacidad, en la complejidad de las actuaciones  que conlleva la organización del trabajo se han ido protocolizando las secuencias y rutinas que cada actividad conlleva. Los reglamentos y especificaciones de cada perfil profesional –incluido qué haya de enseñarse a cada uno para desempeñarlo adecuadamente– han ido ganando en prescripciones y codificación cada vez más precisas. Y siempre, en la medida en que un sector, oficio o actividad ha ido teniendo más demanda, la taxonomía diversificadora –y los especialistas correspondientes– han tendido a ser más exigentes para apropiarse su posible rentabilidad y evitar resquicios de intrusismo. Cuantos trabajan en formación, profesionalidad y empleabilidad –asuntos plenamente interrelacionados–, saben de esto sobradamente. Quienes no parecen haberse enterado son muchos de quienes se dedican a la actividad política y quieren ser responsables, incluso de cuestiones de que tienen acreditada sobrada ignorancia. Lo sucedido en el ámbito sanitario en torno al ébola es un buen ejemplo de cómo la improvisación –en un territorio tan sensible como el de la salud– es siempre un mal procedimiento. Pero peor es cuando en estos últimos años se ha estado jugando a que fuera un buen negocio para amiguetes, en vez de fortalecer y mejorar lo que ya teníamos. La reacción ciudadana consiguiente pronto ha amenazado con llevarse por delante todo el tinglado. Colateralmente, ahí quedan, además, diversas manifestaciones de histeria, más propias de la Edad Media y de su “peste negra”, sistemas encubiertos de falso marketing de la nada y, por supuesto, gestiones nefastas de la prepotente relación de algunos políticos con los ciudadanos que les pagan pese a mostrarse irresponsables –como si estuviéramos en la época del absolutismo del Ancienne Régime y de nobles se tratara.

¿Y las tarjetas? Dan bastante más juego que el que estos días ha saltado y merece la pena que en otro momento volvamos sobre ellas. De momento, sea suficiente  recordar que siguieron un protocolo existente, por bochornoso que fuera. Y lo hubieran prolongado en el tiempo si no se hubiera llegado a conocer. Su problema es que se ha conocido públicamente en un momento nada propicio para que quienes las disfrutaban pudieran seguir haciéndolo impunemente. El asunto deja, en todo caso, varias lecciones de interés. En primer lugar, que muchos de nuestros próceres más encumbrados –por razones ahora mismo muy difíciles de entender– han mostrado explícitas muchas de sus obsesiones demostrativas, valores sociales y gustos más o menos cursis, cuando decían estar actuando para nuestro bien, pero siempre alejados de los gustos, valores y posibilidades de la gente común. Dicho de otro modo, que han mostrado a las claras que todavía existen clases y que, cuando alguien hablaba con ellos, no sabía del inmenso valor que representaba el tener acceso a tal prebenda. Segunda lección pertinente: las más de ochenta personas pilladas en el desgraciado protocolo usuario de estas tarjetas negras son una buena muestra de que la probable variedad ideológica existente entre ellas no es garantía suficiente de una ética y una estética adecuadas a una democracia compartida. Más bien nos llevan a coincidencias asombrosas en la ideología del morro esgrimido. ¿Para esto presumían muchos de ellos de la buena educación que habían tenido, los buenos colegios en que se habían preparado y los gloriosos títulos que podían acreditar e, incluso, de los valores por los que habían luchado en el pasado? No produce ningún consuelo saber que están hechos de la idéntica condición humana –falible e incluso torpe– que cualquier otro individuo: estas igualdades debieran hacernos más humildes, porque lo de “iguales” ante la ley… no nos consuela. En tercer lugar, y esto ya nos toca mucho más de cerca, el asunto se cifra en que esos quince millones y medio de euros eran nuestros –pues nuestra era la institución que servía la mamandurria–, como lo habían sido también tantos miles de millones dilapidados en una gestión nefasta previa y que, ahora, ya lastraba la deuda global del Estado, con los consiguientes efectos en las prestaciones sociales de éste. Reduplicativamente, por tanto, este personal, responsable tan sólo al parecer de cobrar pero no de gestionar como es debido nuestro patrimonio, seguía en el uso abusivo de un privilegiado status protocolizado por ellos mismos y sin que nadie les llamara la atención con mínima contundencia. En cuarto lugar, por ridículo que pudiera parecer, tan  dignos señores –siguiendo una pauta de excusas muy extendida e invocada por demasiados personajes y personajillos, más propia de una conciencia acostumbrada a lavarse en la falsa confesión individual, que en la responsabilidad que conlleva cualquier mínimo cargo público– han invocado ignorancia respecto al uso abusivo de este instrumento financiero. Sin ni siquiera distinguir tampoco: de siempre, hay una ignorancia “culpable”, de la que parece que deban hacerse cargo, pues sin que sepamos del uso de muchos de los dineros fraccionados que hayan podio sacar de los cajeros, el rastro contable que han dejado los demás registros es sobradamente indiciario y nada opaco.

Esto de la ignorancia es muy interesante: ningún escándalo habría habido si no se hubiera sabido. Pero ya que se ha conocido, que no metan todo en el mismo saco  y que se expliquen. Quienes en modo alguno pueden alegar ignorancia son quienes han repartido las tarjetas y ampliado –según niveles jerárquicos de presunta responsabilidad en la gestión– la capacidad de gasto personal de los demás implicados, lo que induce a pensar que, de este modo, estarían más callados ante diversas gestiones dudosas que deberían analizar con pausa antes de decidir en los órganos de control correspondientes, amén de poder ponerse ventajosamente ellos mismos en el trance de ser principales recipiendarios directos o indirectos de algunas de estas decisiones. Algunos, además, que estaban ahí en nombre de los valores de la izquierda, algo debieran explicar acerca de qué valores indican los usos de sus tarjetas: ¿el buen uso de las plusvalías del trabajo ajeno? ¿Qué la justicia social bien entendida empieza por uno mismo? Y tampoco parece que puedan alegar mucha ignorancia sino contrición perfecta quienes, en nombre de no se sabe qué representación peculiar, frecuentaron con su tarjeta establecimientos de artesanía religiosa: al menos ellos debieran saber por sus respectivos padres espirituales, algo de lo que implican el 7º y 10º preceptos del Decálogo. Particularmente, lo relativo a las raíces de la “restitución”, en sus diversas variedades y raíces originarias de esta obligación, a partir de la injusta detentio rei, y tanto que su poseedor lo sea “de buena fe” como si –sobre todo– “de mala fe” o de dubiae fidei. Conveniente es, asimismo, que sepan que la negligencia en la devolución de lo sustraído no cabe en este terreno; tampoco, pues, las meras excusas por mucho que la palabra “perdón” se esgrima. Es más, alguien debiera explicarles a estos malos alumnos de buenos colegios privados –en su mayoría–, qué significa de antemano la injusta cooperatio, por mandato o consejo consentidor para desarrollar figuras tan bien conocidas –en la moral católica y en el Código Penal–, como el “palpo”, la receptación y la participación, u otras formas de cooperación  negativa. Todas ellas son modalidades de daño a las propiedades ajenas de que eran custodios, y que en diverso grado de responsabilidad obligan a eso que llamamos RESTITUCIÓN. Ese es –hágase lo que se haga en los reiterados circunloquios de la regeneración que tanta verbosidad suscita– el primer punto que cualquier protocolo ético y político debe contemplar. Y rápido, porque ya está bien de marear la perdiz y de que quienes más deben actuar al respecto, los jueces y fiscales, tengan las manos atadas o limitadas para protocolizar actuaciones adecuadas en tiempo y forma.

Tal como está el poder judicial, con procedimientos que al decir de uno de sus representantes más relevantes, están hechos para los “robagallinas”, es muy probable que en este mismo momento se estén desarrollando nuevas triquiñuelas para que los ladrones poderosos, que tanto insultan a quienes tienen que trabajar duro para disponer de lo indispensable para vivir, sigan medrando a cuenta del bien común de la comunidad. Y tal como está el pasado de muchas instituciones, cuyo pasado ha sido ocultado, ignorado o tergiversado sistemáticamente –como si de cotos cerrados se tratara–, tampoco el conocimiento de latrocinios y desmanes con lo público será bien reconocido cuando se siga produciendo en el presente.  En este sentido, es una lástima decirlo como historiador –pero lo mismo cabría que lo dijeran los periodistas en su labor de informar responsablemente–, es preciso que muchos archivos de documentación imprescindible para que todos sepamos a qué atenernos y no llamen “investigación” a cuanto quieran colarnos interesadamente, no esté bien regulado. Cada vez que salta uno de estos casos –como ahora mismo la gestión torticera en tantos ayuntamientos y algunas comunidades–, uno sabe que eso de los secretos de Estado y de las “reservas” de información sensible es un mal recurso para ocultar lo que todos debemos saber: en qué se gasta nuestro dinero. Regúlese esta cuestión en esas medidas de transparencia que tanto fuego quieren apagar en estos días de revelaciones incompletas, y tendremos un poco más de salud democrática.

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