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LA OPINIÓN LA PUBLICIDAD

Si la Ley no nos satisface, la cambiamos a nuestro antojo

José Luis Pazos Jiménez
25-Agosto-2012

Ésta es una máxima de quienes piensan en el poder como algo que les pertenece y, por tanto, si algo se interpone en sus deseos, se elimina y punto. La idea es sencilla, en el fondo de lo que se trata es de utilizar los resortes de la Democracia para burlarla y gobernar como si continuáramos en un sistema dictatorial del que algunas personas aún no se han desprendido, o mejor dicho, al que no quieren renunciar.

Según la visión ilustrada, el Estado se configura con el objeto de proteger a las personas de otras personas. Cada una de ellas renuncia a tener una libertad absoluta a cambio de tener la seguridad de que, entre otras muchas cosas, su derecho a la vida, su libertad y su integridad, estarán protegidas. No obstante, la existencia del Estado no garantiza plenamente la defensa de sus derechos, pues aunque una persona se encuentre protegida de las demás sobre el papel, no lo está contra el propio Estado, que puede llegar a oprimirlo sin piedad, ni capacidad de defensa, si ejerce de forma represiva las facultades que le ha otorgado la sociedad.

En teoría, existen tres poderes claramente diferenciados: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es el responsable de la elaboración de las leyes, que, en una Democracia, deberían siempre ser elaboradas y modificadas de acuerdo con la opinión de los ciudadanos, sujetándose a la opinión mayoritaria que tengan los mismos y aplicando el sentido común –algo bastante escaso–, sabiendo que el derecho de una parte no se puede ejercer a costa de reprimir el del resto. Como cualquier decisión que se tome tendrá siempre afines y contrarios, el poder legislativo debe decantarse por el sentir de la mayoría, y tener visión de Estado y del bien común.

El poder ejecutivo es el que ejerce el gobierno del Estado, llevando a cabo las políticas necesarias para el progreso y adecuado funcionamiento del mismo en base a la legislación existente, cumpliendo las leyes, a las cuales debe someterse. En una Democracia, el poder ejecutivo está sujeto a la voluntad de los ciudadanos, pues ejerce el poder por su mandato y éste le puede ser retirado cuando dichos ciudadanos así lo determinen según los cauces establecidos. La soberanía reside en el pueblo y no en el Gobierno, que sólo es un ejecutor del sentir de la ciudadanía, o debería serlo.

El poder judicial es el que está encargado de administrar la justicia, que no es otra cosa que interpretar las leyes para hacerlas cumplir, aplicando las sanciones previstas a quienes las vulneren, y también tiene la función de invalidar las normas, en todo o en parte, cuando éstas no se ajusten al Estado de Derecho, que está sustentado en un texto principal denominado, en nuestro caso, Constitución y, cuando corresponda, en normas internacionales de obligado cumplimiento por haber sido asumidas o ratificadas.

La separación de los tres poderes es imprescindible en una Democracia, que se distingue de un Estado Dictatorial principalmente por dicha separación, pues un Dictador, o una Junta que ejerza como tal, acumula en primera persona todos los poderes existentes.

La cuestión ahora radica en saber si, en un Estado como el nuestro que se considera democrático, realmente la separación de los tres poderes existe o no. No hace falta pensar mucho para darse cuenta que –ejemplos no nos faltan, y el Ministro Wert nos acaba de dar otro– en nuestro Estado los tres poderes no están separados y, cuando lo intentan, existe habitualmente una fuerza invisible que lo impide.

En el ejemplo que nos servirá ahora para ilustrar lo afirmado –la posición adoptada por el Ministro de Educación con relación a las sentencias del Tribunal Supremo en el caso de las subvenciones a los centros privados concertados que segregan por sexo a su alumnado–, el poder judicial sentencia que deben ser retirados los conciertos por ser vulnerada la legislación vigente por los centros privados que los han suscrito con la Administración, pero como al poder ejecutivo no le gusta la sentencia, dice claramente que cambiará la Ley para que la discriminación pueda seguir siendo realizada y financiada con fondos públicos. Piensa que, eliminando la mención expresa en la Ley de la discriminación por sexo, puede solventar fácilmente el problema. Olvida, ya sea de forma consciente o inconsciente, que dicha discriminación está expresamente prohibida en nuestro texto constitucional. Aún así, mirando para un lado, planteará rápidamente el cambio, que el partido que sustenta al Gobierno aprobará sin ningún problema, dado que el poder ejecutivo y el legislativo son uno sólo aunque no lo parezca –no existen muchos casos en los que el poder legislativo rechace una propuesta del ejecutivo cuando éste tiene el respaldo de una mayoría absoluta, es más, no debe existir ningún caso, y si alguien lo conoce debería ponerlo como ejemplo para ser analizado–.

Se dice, con demasiada frecuencia, con razón o sin ella, que los Tribunales están ideologizados y que sus sentencias se pueden entender en función de la composición de cada Tribunal o Sala que emite la sentencia. Quizás en muchos casos no falte razón para darlo por cierto –los “desencuentros” políticos para nombrar a los jueces que ocupan unos y otros puestos en función de a quién le corresponde nombrarlos no benefician a quienes lo niegan–, pero cuando un Tribunal sentencia en contra de los deseos de un Gobierno, éste no tarda ni dos segundos en buscar la vía de saltarse la sentencia y seguir actuando como le viene en gana, lo que no deja en buen lugar a nuestro Estado de Derecho y cuestiona nuestra Democracia.

Una cosa es que se detecte por alguno de los poderes que una legislación es inconveniente para la ciudadanía y deba ser cambiada, incluso como reflexión de una sentencia judicial que puede alertar de una disfunción, pero cambiar las leyes para beneficiar intereses estrictamente ideológicos que sustenta una minoría, ruidosa eso sí, y en contra de la opinión de la mayoría y del sentido común, no es ejercer la Democracia, es perpetuar una forma dictatorial de gobernar. –De todas formas, no debemos olvidar que el Ministro no es el primero en hacerlo, ni será el último, y en la Comunidad de Madrid podemos poner muchos y muy diversos ejemplos nacidos de la actuación del Gobierno regional–. Además, si la legislación se cambia por la constante aprobación de Decretos del Gobierno, se burla al poder legislativo, que queda casi como mero espectador al hurtársele su función principal, que no es otra que debatir e intentar consensuar los cambios legislativos que sean necesarios.

Esta forma de actuar –eliminar todo lo que sea un obstáculo para el Gobierno de turno sin reparar en lo que deba ser cuestionado y utilizando todos los resortes que estén al alcance– es mucho más habitual de lo que parece, de ahí que muchas personas cuestionen la existencia de una verdadera Democracia. Por ejemplo, si se debe cuestionar o reinterpretar la propia Constitución, pues se hace y punto. Es lo que ocurre ahora con otro tema estrella de estos días: el cambio de las competencias de los Consejos Escolares de los centros educativos, al querer retirarle las que les corresponden para convertirlos en irrelevantes escenarios de “consulta”. Dichas competencias son la consecuencia del artículo 27 de la Constitución Española, pero ¿qué le puede importar eso a personas que forman parte del sector social y político que nunca respaldó la misma? No obstante, este asunto lo dejaremos para una próxima ocasión.

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