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Constitución Española

El PP se mueve en terreno inconstitucional.

9-Enero-2013

El anteproyecto de modificación del Código Penal elaborado por el Ministro Gallardón es, según la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, de dudosa constitucionalidad.

El informe alerta especialmente sobre la “prisión de pena revisable”, ya que "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno", con la necesaria reinserción que se contempla en el artículo 25.2 de la Constitución. Además, señala que es "especialmente significativa" la ausencia de controles claros en su ejecución y seguimiento.

Por otra parte, se cuestiona también la medida denominada “custodia de seguridad” al indicar su inconstitucionalidad, como así lo han declarado tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional alemán, que es donde nació esta medida.

Pero el Ministro Gallardón no es la única figura del PP que está legislando en clara confrontación con la Constitución Española. El ministro de educación también está intentando aprobar una reforma educativa que tiene muchos aspectos de, cuando menos, dudosa constitucionalidad, como se ha señalado incluso desde el propio Consejo Escolar del Estado.

Y líderes regionales, como Ignacio González siguiendo los pasos de Esperanza Aguirre, han puesto en marcha el euro por receta, una medida que el propio Gobierno de Mariano Rajoy anunció que llevaría ante el Tribunal Constitucional cuando se puso en marcha en Cataluña, aunque ahora parece guardar silencio con la misma medida en la Comunidad de Madrid.

Otras medidas, como la contratación de personal extranjero para ejercer funciones docentes en los centros públicos de la Comunidad de Madrid sin pasar por el necesario proceso de oposición, o aspectos de la reforma laboral, por ejemplo, también son como mínimo de dudosa constitucionalidad. También se ha señalado en ese sentido a la eliminación de las retribuciones de los diputados en Castilla La Mancha, dado que impediría, o dificultaría en gran medida, realizar la labor de oposición según está establecido en la normativa vigente.

Parece que la suma de todo ello, si los Tribunales dieran la razón a los posibles recursos que se avecinan, señalaría a varios gobernantes del PP fuera de la Constitución Española. Es más, según las declaraciones de algunas organizaciones y personas de indudable prestigio, estarían situados en posiciones predemocráticas.

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