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Medio ambiente

El país arde y tenemos pocos efectivos para apagar los fuegos

29-Agosto-2012

Más de 2.000 personas desalojadas, incluidos 82 ancianos que viven en dos residencias ubicadas en la zona, 500 bomberos y técnicos forestales, y personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, SUMMA, Cruz Roja y Protección Civil, e innumerables vecinos de la zona que han ayudado en lo que han podido, se han dedicado en los últimos dos días a tratar de extinguir un fuego, casi con seguridad provocado, que ha sometido a una parte de la Comunidad de Madrid a uno de los incendios más graves que se recuerdan en las últimas décadas.

Poblaciones de la sierra oeste de Madrid como Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda y Valdemaqueda, se han encontrado amenazadas por las llamas de un incendio en el Monte de Santa Catalina que en las últimas horas parece estar estabilizado, aunque aún no ha podido ser extinguido del todo, por lo que podría reavivarse en cualquier momento, sobre todo si las altas temperaturas y el viento siguen actuando.

Al menos seis focos se han descubierto como puntos de inicio de un incendio que afecta a una zona de difícil acceso y que, por ello, necesita del trabajo intenso de hidroaviones y helicópteros, limitados en sus actuaciones, dado que no pueden operar por la noche. A ellos se suman 42 unidades terrestres, según las informaciones oficiales aportadas. Al personal estatal se suma el que aportan las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, ya que la zona afectada se sitúa en Madrid pero linda con la provincia de Ávila.

Diversas entidades y organizaciones se han pronunciado sobre el grave incidente. Destacan las declaraciones de Ecologistas en Acción, que han recordado el alto valor de la zona desde el punto de vista medio ambiental, al ser de conservación prioritaria y estar reconocida incluso como Zona de Especial Conservación por la Unión Europea. Dicha organización también ha recordado que el espacio afectado es vital para la supervivencia de especies en peligro de extinción en la región como el águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra.

El grave incendio que se ha producido en la Comunidad de Madrid ha devuelto el debate sobre los incendios y los medios para evitarlos o apagarlos cuando se producen. Los responsables políticos se centran en los posibles causantes directos del fuego. Así, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha reclamado castigos ejemplares para quienes lo hayan provocado, y la Consejera de Presidencia y Justicia ha calificado a estas personas de terroristas medioambientales.

Por parte de las organizaciones ecologistas, y de los distintos responsables de los organismos encargados de atender y sofocar los incendios, se recuerda sus continúas reivindicaciones para aumentar las dotaciones para prevención y extinción de incendios, sus negativas al recorte de efectivos que se han producido en los últimos tiempos, y la necesidad de realizar un Plan específico para la revisión profunda del estado de nuestros montes y de la limpieza de los mismos.

Decisiones como la de eliminar el 90% de determinados colectivos de lucha contra incendios tomada en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, o la de mantener en mínimos históricos las plantillas en las dotaciones de los cuerpos de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, son cuestionadas de nuevo y vuelven a ponerse en el centro de un debate que los responsables políticos parecen no querer abordar.

La consecuencia más evidente, que refuerza la idea de que deben ser revisadas tales decisiones, es la vivida en el incendio de esta zona. Según algunos responsables, para su extinción ha sido necesario dejar sin efectivos casi todos los parques de bomberos de la Comunidad de Madrid, lo que podría haber tenido graves consecuencias añadidas si se hubieran dado otros casos, coincidentes en el tiempo, que hubieran debido ser atendidos por estos efectivos. El debate debería estar servido.

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