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Educación

Los centros educativos que separan por sexos no pueden recibir financiación pública

22-Agosto-2012

Dos sentencias del Tribunal Supremo confirman que la educación diferenciada no puede ser financiada con fondos públicos en el sistema educativo español. Son las sentencias STS 5492/2012 , dictada el 23 de julio, y la STS 5498/2012 , del día siguiente. Los recursos, que tienen su origen en las actuaciones de los Gobiernos de Cantabria y de Andalucía respectivamente, trataban de eliminar, sin éxito, las decisiones por las cuales se rescindieron conciertos a centros educativos privados de ambas Comunidades Autónomas.

La cuestión de fondo, si la educación diferenciada supone una discriminación por sexo y, por tanto, si vulnera lo establecido en la LOE con relación a los requisitos que deben cumplir los centros educativos cuando escolarizan a su alumnado, es tratada por el TS y resuelta en el sentido de que tal discriminación existe y, con ella, la vulneración de la LOE. Deja claro el Tribunal lo que se entiende por “coeducación”, que es “…la escolarización conjunta de alumnos de ambos sexos…” y, así mismo, afirma que los centros educativos de educación diferenciada “…no aceptan…” dicha coeducación.

Respecto del modelo, dicen las sentencias que: “…la educación separada por sexos era conforme en España…Y desde luego hay que admitir que dejó de serlo para los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos una vez que la Ley Orgánica 2/2.006 introdujo como criterio de no discriminación en el art. 84 en el proceso de admisión de alumnos el relativo al sexo imponiendo definitivamente en esos centros el criterio de la coeducación.

Recuerdan también que "...el titular de un centro concertado no tiene un derecho constitucionalmente reconocido…a la admisión de sus alumnos...” y que “…una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza…no comprende el derecho a la elección del alumnado, al menos cuando se trata de centros sostenidos con fondos públicos…

En base a ello, añade el Tribunal “…Y siendo la coeducación una exigencia actual en el vigente ordenamiento que todos los centros han de cumplir para acceder al régimen de concierto, no cabe entender que se cumple la exigencia de seguir cumpliendo los requisitos que determina su aprobación. Porque ésta sólo se produce cuando se cumple el marco normativo que, contrariamente a lo postulado por la recurrente, si ha variado. De ahí que no proceda la renovación por lo que, vencido el plazo del anterior, el concierto debe entenderse extinguido, salvo que se haya hecho uso, como ha sido el caso, de la opción de la Administración de acordar la prórroga por un solo año prevista en el artículo 44.”

No cabe duda sobre la obligación de cumplir con dichos requisitos, pues como recuerdan las sentencias “…una de estas limitaciones es la que resulta de la intervención estatal, respaldada constitucionalmente por el artículo 27.9 de la C.E., para el caso de Centros con respecto a los cuales los poderes públicos realizan una labor de ayuda, particularmente a través de la financiación total o parcial de la actividad,…supone la posibilidad de establecer condicionamientos y limitaciones legales del mismo respecto a dichos Centros…".

Afirma el TS que “…es la opción legítima que adopta el legislador y que no contraría el artículo 27.9 de la Constitución…”, por lo que “…los centros docentes que opten por el modelo de educación diferenciada que no pueden ser concertados, y por ello no pueden ser sostenidos con fondos públicos…

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